El martes 29 de julio de 2014 Wikileaks ha hecho público un documento con la decisión de la sala de lo criminal del Tribunal Supremo del estado de Victoria, –fechada el 19 de junio- que dictamina que los medios de comunicación del país deben silenciar un caso de corrupción internacional en el que estarían implicados varios responsables políticos de la región, en Malasia, Indonesia y Vietnam, según la información recogida del diario The Sidney Morning Herald por Camille Polloni en el digital francés Rue 89.
La decisión judicial, conocida con el nombre de «gagging order» o «superinjonction», debe aplicarse en toda Australia, a todas las publicaciones, sea cual el soporte. La prohibición, que se extiende a la propia sentencia que tampoco puede ser mencionada, es muy clara: los medios australianos no deben «airear» -textualmente no pueden “revelar, dar a entender, sugerir o afirmar”-, so pena de denuncia, una información según la cual 17 clientes del Banco Central Australiano (RBA) se encuentran imputados por corrupción y soborno.
Según el digital francés Arrêt sur images, al repasar la lista de los 17 imputados se entiende la voluntad de censura del gobierno australiano “para no dañar las relaciones diplomáticas” del país : entre esos presuntos corruptos figuran algunos líderes políticos asiáticos de primer orden, como el presidente de Vietnam, Truong Tan San, y el de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, así como el ex presidente indonesio (2001-2004) Megawati Sukarnoputri y otros varios cargos oficiales de los tres países mencionados. “Como siempre –dice la publicación- para justificar la censura “se refugian en la seguridad nacional”.
La justicia australiana utiliza muy raramente este tipo de sentencia; la anterior “gagging order”, según diversas fuentes, data de 1995 y tenía que ver con un asunto de espionaje.
En un comunicado que acompaña a la información, Julian Assange, fundador y presidente de Wikileaks, estima que es «inconcebible bloquear el derecho público de saber y censurar los medios de comunicación, especialmente en los casos confirmados de corrupción internacional, que implican a políticos y filiales de un organismo público”.
A pesar de las anunciadas consecuencias jurídicas, Wikileaks ha decidido publicar el documento para defender la libertad de información: “El gobierno australiano no solo amordaza a la prensa, también venda los ojos del público australiano”, ha escrito Assange desde la Embajada de Ecuador en Londres, donde reside desde junio de 2012 para escapar a una demanda de extradición de Suecia, donde está acusado de violación por dos mujeres que habían consentido tener relaciones sexuales con él.
