Que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont eligiera Bruselas para huir de la justicia española, al igual que algunos de sus correligionarios del fallido intento de convocar la república catalana, puede dar la sensación de que Bélgica es un paraíso de acogimiento y tolerancia. Para Amnistía Internacional no lo es.
En su reciente informe 2017-2018, AI recoge que las condiciones de reclusión allí siguen siendo precarias, y que cientos de personas con discapacidad mental o problemas de salud mental que habían cometido delitos continuaban recluidas en instalaciones penitenciarias inadecuadas.
Parque del Cincuentenario, Bruselas, BélgicaLos belgas han aprobado varias leyes relativas al secreto profesional que imponen a los trabajadores sociales requisitos que los obligan a compartir información privada de personas potencialmente sospechosas de delitos de terrorismo. Además, el Parlamento introdujo diversas restricciones sobre las leyes de inmigración y asilo.
Por otro lado, el Parlamento aprobó el pasado año una ley que establecía un estatuto especial para las víctimas de delitos relacionados con el terrorismo y un sistema de indemnización específico para ellas; sin embargo, no garantizaba indemnizaciones íntegras y rápidas. Las víctimas debían pasar por un proceso dilatado y engorroso para tener acceso a una indemnización del Estado.
También aprobó una ley que permitía compartir información confidencial, anteriormente protegida por el deber del secreto profesional, para impedir la comisión de delitos relacionados con el terrorismo. En octubre de 2017, el Parlamento reformó la Constitución para elevar, de 24 a 48 horas, la duración máxima de la detención sin cargos. La disposición afectaba a personas sospechosas de cualquier delito, aunque inicialmente se había propuesto que sólo se aplicara a los presuntos autores de delitos de terrorismo. Las autoridades no hicieron un seguimiento efectivo de cómo afectaban a los derechos humanos las medidas adoptadas contra el terrorismo y la radicalización.
Hacinamiento en las cárceles belgas
En ese país, en el cual también se refugiaron conocidísimos etarras en el pasado (el propio abogado de Puigdemont tiene experiencia en defenderles y conseguir que no les extraditen), persiste el hacinamiento en las cárceles, el estado ruinoso de las instalaciones y la falta de acceso a servicios básicos. Varios cientos de personas con discapacidad mental o problemas de salud mental que habían cometido delitos continuaban recluidos en cárceles ordinarias sin recibir tratamiento ni cuidados médicos suficientes.
En mayo del pasado año, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que las condiciones de reclusión de dos hombres, internos en dos cárceles diferentes, constituían trato inhumano o degradante. En julio, el Comité para la Prevención de la Tortura expresó su preocupación respecto a las consecuencias de las reiteradas huelgas convocadas por los funcionarios de prisiones en los últimos años, que habían hecho empeorar las precarias condiciones de detención.
En septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Bélgica había violado el derecho a la vida de Michael Tekin, un hombre con problemas de salud mental que había muerto bajo custodia en una sección común de la prisión de Jamioulx el 8 de agosto de 2009. El Tribunal concluyó que tres funcionarios de la prisión habían hecho un uso innecesario y desproporcionado de una técnica de inmovilización.
Refugiados y exiliados en Bélgica
Las autoridades han reanudado las transferencias de solicitantes de asilo a Grecia, en aplicación del Reglamento Dublín III, una normativa de la UE que determina qué Estado miembro es responsable de examinar una solicitud de asilo. En noviembre se aprobaron dos leyes que ampliaban el ámbito de aplicación de la detención de solicitantes de asilo y restringían el derecho a recurrir la decisión de rechazar la solicitud.
En septiembre, el gobierno invitó a una delegación de autoridades sudanesas a identificar a decenas de nacionales indocumentados de ese país con la intención de devolverlos a Sudán. Se iniciaron varios procedimientos judiciales para impugnar devoluciones acogiéndose al principio de no devolución (non-refoulement), que prohíbe el retorno forzoso de personas a países donde corren peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos.
Según informes, diez nacionales sudaneses fueron devueltos en el contexto de esta operación. En diciembre salieron a la luz testimonios de personas retornadas que afirmaban que, a su regreso, habían sido detenidas, interrogadas y sometidas a tortura u otros malos por agentes del gobierno sudanés. El gobierno anunció una investigación sobre las denuncias.
Los belgas discriminan
El 14 de marzo de 2017, el Tribunal de Justicia de la UE no hizo valer el derecho de las mujeres musulmanas a no sufrir discriminación cuando resolvió que un empleador privado belga no había infringido la legislación de la UE contra la discriminación al despedir a una mujer por llevar hiyab.
A su favor hay que decir que han aprobado una ley que permite a las personas transgénero obtener el reconocimiento legal de su género sin imponerles el requisito de someterse a una evaluación psiquiátrica o a la esterilización.
En cuanto al controvertido tema de la venta de armas, AI asegura que el gobierno regional valón continuó autorizando transferencias de armas a varias de las partes que integraban la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen. En junio del año pasado, mediante la reforma de la definición jurídica de tránsito y otras medidas, el Parlamento regional flamenco mejoró la conformidad de su legislación con el Tratado sobre el Comercio de Armas. Sin embargo, no abordó el control del uso final de piezas y componentes que podrían utilizarse para fabricarlas.
Bélgica, el país que acoge el Parlamento Europeo y que se empeña en que el mundo le tenga por el paradigma de la justicia, no lo es tanto. También tiene sus claroscuros.
