Greenpeace Brasil ha publicado el informe Madera manchada de sangre: violencia y robo de madera amazónica, que denuncia que Alemania, Francia, Holanda, Dinamarca, Italia, Bélgica, Estados Unidos y Japón importaron madera tropical de un área de la selva amazónica en el municipio de Colniza, estado de Mato Grosso, donde el pasado 19 de abril de 2017 tuvo lugar una masacre en la que fueron asesinadas nueve personas.
Según el informe, los asesinatos fueron motivados por la codicia de los madereros interesados en los recursos de la zona, que incluyen especies de alto valor comercial como ipê, jatobá o massaranduba, maderas ampliamente utilizadas en la fabricación de mobiliario, suelos y muebles de jardín. El acusado de ordenar estos asesinatos, Valdelir João de Souza, es exportador de maderas y dispone de dos aserraderos: Madeireira Cedroarana (Estado de Rondônia) y G.A. Madeiras (Mato Grosso), uno de ellos responsable del plan de manejo forestal localizado próximo al lugar de la masacre.
Durante 2017, entre el 15 de mayo y finales de septiembre, al menos once envíos de madera han llegado a los Estados Unidos y dos a Europa (Francia y Bélgica) con madera del aserradero Cedroarana. En 2016 y 2017, la empresa exportó más de 4000 metros cúbicos de madera amazónica a Alemania, Francia, Holanda, Dinamarca, Italia, Bélgica, EE. UU. y Japón, según la investigación de Greenpeace.
De Souza, el propietario de los aserraderos, se encuentra actualmente huído de la justicia, pero su empresa Cedroarana está procesando madera a diario para venderla sin ningún problema en los mercados nacionales e internacionales. El día de la masacre, la empresa envió cargamentos de madera a los Estados Unidos y Europa. Y estas compras se producen aunque ya se habían dado a los importadores signos claros de la ilegalidad de la madera procesada por Cedroarana. Desde 2007, la compañía acumula multas impagadas por valor de 565 900 reales (aproximadamente 150 000 €) por almacenar y comercializar madera ilegal.
“La impunidad que reina en este tipo de crímenes y la falta de seriedad del Gobierno de Brasil en la lucha contra la tala ilegal crean un ambiente propicio para el desorden y el caos en la región”, ha declarado Rómulo Batista, portavoz de Greenpeace en el Amazonas. “En este contexto y con estos escenarios de violencia, es imposible confiar en el origen de la madera brasileña, porque la cadena está totalmente contaminada”.
El informe de Greenpeace muestra cómo el fraude masivo en el sistema de autorización forestal brasileño (que autoriza la extracción de madera de áreas reguladas mediante planes de manejo forestal) y el monitoreo (que asegura la identificación de empresas que compran y venden madera desde el bosque hasta el consumidor) alimenta la violencia en las áreas rurales de la Amazonía. La mayoría de la madera ilegal proviene de áreas donde no está permitida la tala de madera, como áreas protegidas, territorios indígenas y tierras públicas, y esto es precisamente lo que genera la violencia relacionada con la explotación forestal en las zonas rurales.
Brasil es actualmente el lugar más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente, según la ONG internacional Global Witness. Hasta finales de septiembre de 2017, un total de 61 personas habían sido asesinadas en Brasil en el medio rural, el mismo número que en todo 2016. El 79 % de estos asesinatos ocurrió en la Amazonia legal, según una encuesta de la Comisión Pastoral de la Tierra (Comissão Pastoral da Terra – CPT), ONG brasileña de derechos humanos.
El informe de Greenpeace enumera una serie de demandas al Gobierno brasileño y los estados amazónicos productores de madera (Pará, Rondônia y Mato Grosso) para que Brasil mejore la gobernanza y sistema de aplicación que garantice que la madera amazónica sea extraída solo de acuerdo con las leyes vigentes y con pleno respeto de los derechos legales de los pueblos tradicionales en relación con el uso y la posesión de los bosques. Además, exige que las autoridades competentes de los países importadores investiguen las empresas denunciadas y tomen las medidas adecuadas.
El informe Madera manchada de sangre: violencia y robo de madera amazónica forma parte de una serie de informes de Greenpeace, Amazonia, una crisis silenciosa, que desde 2014 ha investigado y denunciado el fraude en los sistemas brasileños de autorización forestal y control de madera en Brasil.
“Desafortunadamente, la situación sigue igual. No tenemos sistemas integrados de autorización y control de la cadena productiva de madera ni planes de manejo con indicaciones de irregularidades aún activas”, añade Batista.
“Mientras la depredación de los recursos naturales sigue produciendo muertes y madera barata para el mercado internacional, en España la inacción del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) sigue demorando la aplicación del Real Decreto 1088/2015, que debería asegurar la legalidad de la comercialización de madera y productos derivados. A los años de retraso en la aplicación del Reglamento EUTR (European Timber Regulation), se suma la maraña burocrática creada y la absoluta falta de transparencia por parte del MAPAMA sobre los controles realizados, los expedientes abiertos, las multas impuestas o la madera encautada por el incumplimiento de esta legislación” ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace.
“Mientras sea legal la venta de madera manchada de sangre, las personas que están en primera línea del frente de la protección de los bosques continuará sufriendo las consecuencias directas de la violencia”. concluye.
