El uso del espacio radial para informar a la población de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, sobre las movilizaciones campesinas del pasado mes de septiembre, le valió a la comunicadora social Angelina Teul Xol ser víctima de amenazas por parte de un sacerdote y ser expulsada de la emisora donde laboraba, debido a presiones del alcalde local, informa Cerigua.
Teul señaló que las intimidaciones en su contra se iniciaron después de que en su segmento semanal en la Radio Quekchí, promocionara la marcha que se convocaba a nivel local en contra de la Ley de Telecomunicaciones y la iniciativa de Ley de Empleos e Inversión.
A raíz de esto el alcalde de Fray Bartolomé de las Casas, Rolando Santa María Chamam, llamó la noche del 17 de septiembre al programa para atacar a la comunicadora, afirmando que mentía a la población sobre los verdaderos motivos de la protesta campesina; posteriormente la emisora, manejada por un grupo religioso, retiró el espacio a Teul y a su compañero.
La decisión del medio pudo tener relación con advertencias que hiciera la esposa del funcionario, indicó la comunicadora, debido que durante las protestas ella responsabilizó a Radio Quekchí por cualquier cosa que le sucediera al jefe edil.
Las repercusiones en contra de Teul continuaron dos días después, después de que durante un viaje a la ciudad de Guatemala el sacerdote Oscar Peach, quien tiene a su cargo dos parroquias en Alta Verapaz, le cuestionara su presencia en la capital y le advirtiera que se abstuviera de involucrarse en algún tipo de protesta o de lo contrario, la secuestraría.
Semanas antes de esta amenaza, el religioso afirmó a Teul que tiene amigos poderosos, entre estos miembros del Ministerio Público (MP), la Policía Nacional Civil (PNC) y del ejército, ex miembros del grupo inteligencia G2, grupo que durante el Conflicto Armado Interno, secuestro y asesinó a cientos de estudiantes, sindicalistas, obreros y políticos.
Peach dijo que está investigando a líderes, lideresas y activistas que participan en distintas protestas sociales, advirtiendo que si ella participa en alguna de estas actividades, sus amigos le informarían.
Datos del Observatorio de los Periodistas de Cerigua detallan que los funcionarios públicos continúan siendo los principales agresores de la prensa en Guatemala.
Hasta la fecha, se han documentado 50 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en el país, en las cuales 17 tuvieron participación autoridades del Estado.