Condenas desde la de ONU y OEA a la represión en Colombia

Al menos dieciocho expertos y relatores en derechos humanos de la ONU y la OEA condenaron la represión de protestas pacíficas en Colombia y el empleo de militares para enfrentar manifestaciones, en una declaración difundida este viernes 14 de mayo 2021, informa la IPS..

Manifestación antigubernamental en una calle de Bogotá. Las protestas se producen desde hace 17 días y relatores de la ONU y la OEA piden al gobierno colombiano una investigación exhaustiva e independiente sobre la muerte de decenas de manifestantes y otras violaciones de los derechos humanos. Foto: Jeimmy Celemín / ONU
Manifestación antigubernamental en una calle de Bogotá. Las protestas se producen desde hace 17 días y relatores de la ONU y la OEA piden al gobierno colombiano una investigación exhaustiva e independiente sobre la muerte de decenas de manifestantes y otras violaciones de los derechos humanos. Foto: Jeimmy Celemín / ONU

Los expertos de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos  (OEA) se declararon consternados por el uso excesivo e ilegal de la fuerza contra los manifestantes, y pidieron que se investiguen las muertes y otras violaciones a los derechos humanos.

Dijeron que ya recibieron informes de al menos veintiséis muertes, en su mayoría jóvenes, 1876 casos de violencia policial, 216 casos de lesiones, incluyendo a policías, 168 desapariciones, 963 detenciones presuntamente arbitrarias, al menos doce casos de violencia sexual, y alegaciones de tortura.

Además, se han producido al menos 69 agresiones contra defensores de derechos humanos, y también periodistas ejerciendo su oficio han sido agredidos, de acuerdo con el texto de los relatores y expertos.

La Defensoría del Pueblo de Colombia ha recibido reportes de 42 muertes en el contexto de las manifestaciones, 41 civiles y un policía, así como de varios centenares de heridos, detenidos y desaparecidos.

Los relatores y expertos criticaron en particular la actuación del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional contra manifestantes, defensores de derechos humanos y periodistas.

Agregaron que una de las cuestiones que más preocupa es la participación de los militares en la respuesta del gobierno, pues el personal militar se forma y entrena principalmente para defender el país contra las amenazas de carácter militar, y no debería ser utilizado para vigilar las manifestaciones.

Según su declaración, el 28 de abril una alianza de sindicatos y grupos sociales empezó a manifestarse pacíficamente en toda Colombia contra medidas adoptadas por el gobierno, entre ellas un proyecto de ley de reforma fiscal que supuestamente profundizaría la desigualdad.

Recordaron que el presidente Iván Duque anunció el 2 de mayo que el proyecto de reforma fiscal se retiraría, pero las protestas continuaron y, aunque la gran mayoría fueron pacíficas, se reportaron también actos de violencia.

Por ello pidieron al Estado colombiano una investigación exhaustiva e independiente sobre las muertes reportadas, la violencia sexual, las alegaciones de tortura, los casos registrados de presuntas detenciones arbitrarias y los de desaparición forzada.

También expresaron su alarma por los violentos ataques reportados contra la minga (movimiento) indígena en la sudoccidental ciudad de Cali, que durante dos semanas fue escenario de constantes protestas, focos de vandalismo y fuerte represión.

«Rechazamos cualquier intento de acusar a los pueblos indígenas de participar con armas en las protestas pacíficas. Además, pedimos a las autoridades tomar medidas para evitar que se extienda la estigmatización contra los manifestantes», dijeron.

Con respecto a reportes sobre represión a los medios de comunicación, incluyendo censura, restricciones de Internet, así como ataques y acoso a periodistas, las autoridades deben respetar la libertad de expresión y de prensa, y garantizar que los periodistas puedan cubrir las noticias en condiciones de seguridad.

La investigación demandada por los expertos debería concluir con procesar y castigar a los responsables de dichas violaciones, y garantizar una reparación adecuada, incluyendo la indemnización a las víctimas y a sus familias, y también instaron al gobierno a revelar el paradero de todas las personas detenidas.

Entre los firmantes que hacen parte del sistema de Naciones Unidas figuran Clément Voule, relator sobre el derecho a la reunión pacífica y asociación; Mary Lawlor, sobre situación de las personas defensoras de derechos humanos, y Nils Melzer, relator sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

También Irene Khan, relatora sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y Francisco Cali Tzay, relator sobre los derechos de los pueblos indígenas.

De la OEA firmaron dos responsables de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: la argentina Soledad García, relatora sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y el colombiano Pedro Vaca, relator para la libertad de expresión.

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