Tras un final sin sorpresas en cuanto a la nueva dirección política del Partido Comunista de Cuba (PCC), las miradas ciudadanas se concentran ahora en las transformaciones pendientes, uno de los mayores retos para la gestión gubernamental y política de los próximos años, informa Patricia Grogg¹ (IPS) desde La Habana.
El Octavo Congreso del gobernante PCC transcurrió del 16 al 19 de abril 2021 en medio del protocolo sanitario impuesto por la covid, con solo trescientos delegados en representación de más de setecientos mil militantes. Como estaba previsto, Raúl Castro entregó su cargo de primer secretario de la organización al presidente del país, Miguel Díaz-Canel.
La cita no reveló rupturas, ni sobresaltos. Por el contrario, con sus casi noventa años (los cumple en junio), Castro leyó de pie y sin pausas su informe al encuentro partidista de más de veinte páginas y se despidió tal como había prometido sin asomo de tristeza.
Pero el expresidente (2008-2018) deja inconcluso el proceso de reformas que inició en 2011 y que queda ahora en manos de Díaz-Canel, de 61 años, y que entroniza en el partido gobernante y único legal en este país insular caribeño a la generación que nació tras el comienzo de la Revolución Cubana, en 1959.
Al respecto, el politólogo Daniel Rafuls aclaró a IPS que la propuesta del presidente cubano de somos continuidad, más allá de cualquier criterio, no es una simple consigna.
En la ejecución de su trabajo durante los próximos cinco años, la nueva dirección del PCC podrá contar «con el respaldo, incondicional, del liderazgo histórico», señaló.
Desde el Sexto Congreso, no ha habido ninguna ruptura visible entre los jóvenes que comenzaban a despuntar humilde y responsablemente en cuestiones políticas y los que desde hacía años marcaban el paso, agregó Rafuls.
Entre los asuntos prioritarios a enfrentar en esta nueva etapa del gobierno encabezado por Díaz-Canel figura completar el proceso de actualización del modelo socialista de desarrollo, como se le llama al conjunto de transformaciones acordadas en 2011 (Sexto Congreso del PCC) y reajustadas en 2016 (Séptimo Congreso).
La primera versión de los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución contenía 313 propuestas de cambio, la segunda, 274. El Octavo Congreso ajustó en 201 las transformaciones y prescindió del jefe de su Comisión de su Implementación, Marino Murillo, llamado por medios internacionales de prensa el Zar de las reformas.
Según el informe leído por Castro, la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo no logró organizar, de manera adecuada, la participación de los diferentes actores involucrados en la implementación de los Lineamientos y asumió funciones que excedían el mandato otorgado por el Congreso.
En la actualización de los cambios aprobados en la cita política, muchos se modificaron o se suprimieron y otros se adicionaron. Si bien no se brindaron detalles, entre los que se mantienen figura la decisión de avanzar hacia la unificación monetaria, un reforma pendiente desde 2011.
El inicio en enero de este proceso, denominado «tarea ordenamiento», se sitúa entre los asuntos de atención prioritaria y de mayor complejidad para el gobierno y el PCC, tanto por su envergadura e impacto social, como por el momento en que se realiza, bajo un embargo recrudecido por Washington, rebrote epidémico y dificultades económicas graves.
Era una tarea que no se podía continuar postergando, dijo Díaz-Canel en la clausura el lunes 19.
Dar al país seguridad alimentaria en un momento de carencias múltiples y falta de efectivo y créditos para satisfacer con importaciones sus necesidades básicas es otro de los grandes desafíos, tanto económicos como políticos, que ponen a prueba la gestión de esta generación posterior a 1959.
Los retos y problemas no son nuevos, solo que a partir de ahora será quizás mayor la necesidad de probar capacidades y mantener la unidad y generar consenso en una sociedad cada vez más diversa. Ello explica, quizás en parte, la insistencia en la formación de cuadros profesionales y ante todo revolucionarios.
En el proyecto sociopolítico cubano que, por razones naturales, se va alejando de la relevancia del liderazgo histórico, la necesidad de tomar decisiones, de manera colegiada y con la impronta creciente de la ciencia, se va imponiendo cada vez más no solo en el imaginario popular, sino como el reconocimiento de una necesidad histórica donde todos somos mortales, acotó Rafuls.
En su informe ante el Congreso, Raúl Castro evaluó que se impone imprimir mayor dinamismo al proceso de actualización del modelo económico y social, de modo que se propicie una adecuada combinación del carácter centralizado de la planificación con la autonomía y descentralización necesarias en las instancias intermedias y de base del sistema empresarial y de los gobiernos locales.
Pero sus alertas críticas sobre la propiedad privada y el trabajo autónomo de profesionales generaron preocupación entre sectores sociales que se sintieron que eso anticipa que se mantendrían las restricciones al desarrollo del sector no estatal en el país.
Hay límites que no podemos rebasar porque las consecuencias serían irreversibles y conducirían a errores estratégicos y a la destrucción misma del socialismo y por ende de la soberanía e independencia nacionales, dijo Castro.
Para Rafuls, técnicamente hablando, no es prerrogativa del Partido determinar la existencia de la propiedad en Cuba, sino del Estado que debe normar legislativamente su alcance y del gobierno que desarrolla sus formas concretas de ejecución.
Añadió al respecto que en el diseño del sistema político cubano, sea o no la tradición mundial, el PCC cumple la función de trazar los derroteros estratégicos del proyecto revolucionario y de velar porque las disposiciones legislativas, ejecutivas y judiciales, así como las formas, los contenidos y los portadores en que se expresan, cumplan las más elementales normas de justicia social y convivencia ciudadana.
La nueva estructura partidista incluye tres mujeres en el Buró Político de catorce miembros (21,4 por ciento). Presidido por el primer secretario del Comité Central del PCC, este órgano de dirección es la máxima autoridad a nivel ideológico y tiene iniciativa legislativa y facultad para promover los cargos gubernamentales, entre otras facultades.
Son ellas Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la dirección nacional de la Federación de Mujeres Cubanas y Gladys Martínez Verdecia, primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Artemisa, provincia aledaña a La Habana donde está situada la Zona Especial de Desarrollo Mariel.
Completa el trío Martha Ayala Ávila, directora general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, institución clave y de alto nivel en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos biológicos. Se trata de un sector estratégico en el enfrentamiento a la covid.
En la esfera de las comunicaciones, Rogelio Polanco, periodista y diplomático, nuevo miembro del Secretariado de la organización, dirigirá la esfera ideológica, un sector que hasta ahora permanecía a cargo de funcionarios del PCC.
En su discurso de clausura del encuentro partidista, Díaz-Canel anunció una de las primeras tareas en esta área.
«Es hora de emplear todos los recursos de la comunicación social, particularmente el trabajo en redes para tratar los temas que estremecen a la sociedad, para intercambiar y dar respuesta oportuna desde cualquier institución a la que acudan los ciudadanos, para favorecer la participación, la transparencia y la rendición de cuentas, para mostrar los ánimos que mueven al país», señaló.
- Con aportes de Luis Brizuela desde La Habana.
