España ha suspendido cuando ha sido sometida a examen a lo largo de dos jornadas por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y culturales, (Comité DESC) de la ONU.
Cerca de treinta organizaciones nacionales e internacionales han suspendido a España a la hora de cumplir su obligación de garantizar el derecho a la salud o el trabajo, la prevención de la violencia machista y otras cuestiones sociales. Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, la sociedad española de medicina y familia comunitaria, la Federación de asociaciones en defensa de la sanidad pública, el Center of Economics and Social Rights, los sindicatos de comisiones obreras y UGT, la sociedad Española de salud Pública, SOS Racismo y Women’s Link Worldwide estuvieron presentes, así como periodistas de todos los medios comprometidos con los derechos humanos y profesionales expertos, quienes evaluarán el grado de cumplimiento de los estados del pacto internacional en esta materia.
La ONU ha mostrado su preocupación por las políticas regresivas que se han aplicado en el marco de la crisis económica, sobre todo en materia de sanidad, protección social, empleo, vivienda y las garantías en materia de derechos sociales que hoy están siendo cuestionadas.
Durante las jornadas se dió cuenta de la ineficacia para combatir la violencia sexual y de género, la falta de activación de un servicio de 24 horas para atender a las víctimas, y las razones por las cuales las autoridades españolas continúan fallando a la hora de dar cumplimiento al pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. También se analizaron las razones por las que ha adoptado medidas regresivas injustificadas, que han tenido como consecuencia que cientos de miles de ciudadanos hayan sido desalojados de sus hogares sin las debidas garantías en materia de salud.
Asimismo, se preguntó acerca de la sanidad, que ahora es menos accesible y de peor calidad, y también la falta de regulación jurídicamente vinculante orientada a que las empresas cumplan sus obligaciones de respeto a los derechos humanos. Por otro lado, se habló de la ineficacia para atajar el drama de los feminicidios así como el retroceso del gasto social y el trabajo precario.
En el informe también se constataron los retrocesos en derechos sexuales y reproductivos, así como la falta de regulación de la objeción de conciencia en la interrupción voluntaria del embarazo; las restricciones para su acceso a los menores de edad y a las mujeres en situación irregular. Igualmente criticaron el retroceso social y las deficiencias en la financiación del sistema sanitario español. El apartado más importante fue la enorme precariedad del empleo que hace que en España se encuentren en riesgo de exclusión social un 13 % de las personas que están laboralmente activas.
