Ileana Alamilla[1]
La población q’eqchi’ ha sido recurrentemente despojada de sus tierras
El representante de Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, Alberto Brunori, presentó la semana anterior un estudio completo y detallado, pero sobre todo apegado a la realidad y con una actitud crítica, pero también propositiva, sobre la situación de las 732 familias que fueron desalojadas violentamente en marzo del 2011, en el Valle del Polochic, en su mayoría indígenas q’eqchi’s y que abarca los municipios de Tamahú, La Tinta, Tucurú, Panzós y Senahú, del departamento de Alta Verapaz y El Estor, en Izabal.
El representante de FAO en Guatemala, Ernesto Sinópoli, quien inauguró el evento, hizo énfasis en la urgencia de encontrar soluciones a la situación que se caracteriza por tener fallas estructurales que provocan la conflictividad en el país, básicamente relacionadas con la pobreza, la exclusión y la desigualdad.
En el estudio se analiza la situación previa a los desalojos, identificando un fenómeno de reconcentración de tierras por parte de empresas dedicadas a los monocultivos en el área; la restricción de las comunidades de acceder a la tierra y proveerse por ellos mismos su sustento. También examina el proceso penal que se sigue en el caso del desalojo, advirtiendo los riesgos que se generan al utilizar la justicia penal como la primera vía para la atención de los conflictos y cómo dicho proceso mantiene serias incompatibilidades en relación con los estándares internacionales de derechos humanos. Menciona la falta de notificación previa a las comunidades, la participación de agentes no estatales como guardias de seguridad del Ingenio, la destrucción y/o quema de viviendas y de las cosechas, la falta de alternativas y soluciones de reubicación para las comunidades y la ausencia de controles de la PNC en el uso de la fuerza.
Describe la respuesta del Estado hacia las familias desalojadas y las condiciones de vida de las 14 comunidades. El informe recuerda cómo la población q’eqchi’ ha sido recurrentemente despojada de sus tierras a través de distintos procesos históricos promovidos y autorizados por el Estado y revestidos de forma legal.
Señala que la demanda por la tierra y las ocupaciones como medio para obtenerla, así como los desalojos, constituyen un conflicto histórico en la región y en otras partes del país, siendo síntomas que reflejan un problema estructural en el área rural. Alerta sobre las condiciones de vida precarias de esas familias desalojadas y reconoce que el compromiso asumido por el Gobierno en el marco del diálogo con la marcha indígena campesina ha permitido disminuir la tensión en la región y abrir un camino de esperanza para las familias desalojadas.
Entre las acciones que deben implementarse apunta la necesidad de ejecutar debidamente las medidas cautelares tomando como base las peticiones de los beneficiarios en relación a la asistencia humanitaria, su seguridad personal y las condiciones de salud, alimentación y vivienda, así como superar los obstáculos que paralizan los procesos de adquisición de la tierra.
Esas comunidades solicitaron audiencia al presidente para el próximo 22 de abril, con el fin de retomar el “compromiso no honrado” hasta el momento. En el documento le dicen que miles continúan sin tierra ni comida. Quieren entregarle esta petición, firmada por más de 80 mil ciudadanos de 50 países.
Sería justo y prudente que el presidente, quien recibe a tantos en su despacho, escuche a esta delegación para retomar el proceso de cumplimiento de compromisos.
- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, fallecida en enero de 2018.
