Burla, maltrato, manipulación, violencia, extorsión, son solo algunas de las situaciones a las que se ve sometidos los reclusos con discapacidad según informa el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en un estudio reciente encargado al Instituto de Derechos Humanos «Bartolomé de las Casas».
La actual ley orgánica penitenciaria y el reglamento que la desarrolla, no tienen en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad que ya son aproximadamente 4.800 personas; asunto que choca con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España hace una década.
En España, algunas situaciones tanto de discapacidad como de discapacidad intelectual y psicosocial están pasando desapercibidas.
El entorno penitenciario no solo no es accesible, sino que en las prisiones españolas no se favorece la participación de los presos con discapacidad.
Las necesidades específicas hace que los reclusos con discapacidad se encuentren en una posición de mayor vulnerabilidad que el resto.
El informe establece un total de 46 propuestas de reforma que implican tanto la promoción como la protección de los derechos de las personas con discapacidad incluyendo también a los derechos de la protección de la salud mental de los reclusos.
Es del todo imprescindible que todos los accesos, y que las condiciones de accesibilidad sean garantizadas así como la asistencia al aseo y al cuidado persona de los internos que tienen una discapacidad; situación obviada por la actual legislación penitenciaria.
En el informe se solicita que sea eliminado el concepto estado físico y mental de los reclusos y que se revisen los criterios de concesión del tercer grado, el acceso al régimen abierto o la libertad condicional que sea recibida en igualdad de condiciones al resto de los internos. Asimismo, reclaman el acceso en igualdad de condiciones al desempeño de un trabajo remunerado en el medio penitenciario y la garantía de las comunicaciones y vistas que tienen el resto de los presos que sean mantenidas de igual forma.
Garantizar tanto la protección de las personas vulnerables como la explotación, el abuso y el ninguneo, es importante para mantener en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad en las cárceles españolas.
