El presidente Donald Trump vuelve a prometer 5000 dólares a cada ciudadano adulto si el Partido Republicano conserva la Cámara de Representantes y el Senado el 3 de noviembre. Seis semanas después de su anuncio, el denominado «dividendo Trump» carece de financiación aprobada, texto legislativo, calendario y organismo responsable del desembolso.
La oferta, cuyo coste superaría el billón de dólares, reaparece cuando la aprobación presidencial ha caído al 31 por ciento y los demócratas amplían su ventaja en la pregunta nacional sobre el voto al Congreso. Algunos asistentes a los actos del presidente expresan dudas sobre la posibilidad de recibir el dinero, mientras los candidatos republicanos apenas incorporan la promesa a su publicidad.
La información original del Observatorio Trump publicada en Aquí Madrid examina también las encuestas nacionales y las principales carreras de Ohio difundidas este martes.
Una victoria republicana no activaría automáticamente los pagos
La Casa Blanca anunció el «Trump Dividend» el 10 de septiembre como un pago en efectivo de 5000 dólares para todos los ciudadanos adultos. La condición política figura en el propio anuncio: los republicanos deben conservar las dos cámaras del Congreso.
Sin embargo, ese resultado electoral no bastaría para ordenar las transferencias. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha reconocido que el plan necesita una votación parlamentaria. La cláusula de asignaciones de la Constitución exige una autorización legal para retirar dinero del Tesoro.
La Administración tampoco ha explicado qué departamento distribuiría los cheques, cuándo comenzarían los pagos, cómo se acreditaría la ciudadanía ni si existirían límites de renta. Sin esas decisiones, el anuncio continúa siendo una promesa de campaña y no un programa al que los ciudadanos puedan acogerse.
La Casa Blanca enumera recursos, pero no presenta una cuenta presupuestaria
Trump atribuye la capacidad de financiar el plan al crecimiento de la economía, los acuerdos comerciales, los compromisos de inversión extranjera, las participaciones públicas en empresas privadas y los contratos sobre petróleo y minerales. Esa relación mezcla posibles ingresos públicos con inversiones empresariales que no constituyen necesariamente dinero disponible para el Tesoro.
La Casa Blanca no ha publicado una memoria económica que determine cuánto aportaría cada fuente ni qué parte del coste se cubriría con nuevos ingresos, reducción de otros gastos o deuda. Christopher Phelan, presidente del Consejo de Asesores Económicos, evitó confirmar a Associated Press si el Gobierno había calculado las consecuencias macroeconómicas.
Una transferencia superior al billón de dólares elevaría de inmediato la renta disponible de los hogares, pero también podría aumentar la demanda y la presión sobre los precios. La cuestión resulta especialmente sensible porque los republicanos atribuyeron parte de la inflación posterior a la pandemia a los estímulos federales. El déficit anual estadounidense ronda actualmente 1,8 billones de dólares.
Los antecedentes alimentan las dudas
Trump había planteado anteriormente un dividendo de 2.000 dólares financiado con aranceles y devoluciones procedentes de los supuestos ahorros del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Ninguna de las dos propuestas se materializó. En la campaña actual también ha anunciado 90 dólares para veinte millones de afiliados a Medicare y reembolsos de 500 dólares para determinados asegurados de la Ley de Atención Médica Asequible.
El presidente presenta como precedente el pago de 1776 dólares entregado a militares, pero aquel dinero procedía de un suplemento para vivienda previamente aprobado por el Congreso. Por tanto, no demuestra que el Ejecutivo pueda ordenar por sí solo el nuevo desembolso.
Una encuesta de AP-NORC de septiembre indicó que aproximadamente la mitad de los votantes registrados considera que Trump no cumple sus promesas. Tres de cada diez creen que intenta cumplirlas pero no puede, y dos de cada diez opinan que sí las mantiene. Entre los republicanos, cuatro de cada diez aseguran que cumple y alrededor de la mitad atribuye sus incumplimientos a impedimentos externos.
AdImpact no ha detectado anuncios republicanos en televisión o internet que utilicen los 5000 dólares como argumento central. Las piezas localizadas proceden de grupos favorables a los demócratas, que presentan la oferta como una promesa inverosímil. Esa ausencia sugiere que los candidatos conservadores no consideran el plan un mensaje seguro para sus propias campañas.
La economía se vuelve contra el presidente
La encuesta Reuters/Ipsos cerrada el 19 de octubre sitúa la aprobación de Trump en el 31 por ciento y la desaprobación en el 66 por ciento entre 1679 adultos. El 68 por ciento rechaza su gestión económica, incluido el 37 por ciento de las personas que se identifican como republicanas.
Entre 1279 votantes registrados, los demócratas obtienen el 47 por ciento y los republicanos el 35 en la pregunta genérica sobre el Congreso. La diferencia ha pasado de siete a doce puntos en dos semanas. El margen de error es de dos puntos para el conjunto de adultos y de tres para los votantes registrados.
El promedio de Track the Vote, compuesto por doce sondeos recientes, reduce esa distancia a 9,2 puntos: 49,9 por ciento para los demócratas y 40,7 para los republicanos. Ni el sondeo aislado ni el promedio nacional permiten calcular directamente los escaños, porque la Cámara se decide distrito por distrito y el Senado mediante contiendas estatales.
La nueva encuesta de Marist en Ohio confirma esa diferencia territorial. Entre votantes probables, el demócrata Sherrod Brown aventaja al republicano Jon Husted por 48 a 44 por ciento en la elección especial para el Senado. En la carrera por la gobernación, la demócrata Amy Acton alcanza el 50 por ciento frente al 43 del republicano Vivek Ramaswamy.
Marist entrevistó a 1176 votantes registrados del 15 al 18 de octubre. El margen de error es de 3,9 puntos para registrados y de 4,5 para probables. La ventaja de Brown queda dentro de ese margen y la de Acton lo supera por poco, de modo que ninguna debe interpretarse como un resultado asegurado.
La promesa de los 5000 dólares busca trasladar la inquietud por los precios a una elección sencilla entre recibir o perder un pago. Pero el control republicano del Congreso solo abriría la posibilidad de negociar una ley. Mientras no existan autorización, financiación y reglas de ejecución, el «dividendo Trump» continuará siendo un compromiso electoral sin derecho de cobro.
