José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, envió recientemente una carta a Enrique Peña Nieto, presidente de México, en la que le daba un buen “tirón de orejas” por la falta de resultados frente a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el país en los últimos años.
Enrique Peña NietoEntre otras cosas, le recordaba que en el discurso que pronunció al asumir la presidencia se comprometió a “hacer realidad los derechos humanos que reconoce [la] Constitución [de México]”. También apuntaba a que el “Pacto por México” expresó el compromiso de convertir el respeto de los derechos humanos en una “política de Estado”, y, el primer día de su mandato, emitió una directiva dirigida a las fuerzas armadas que prohibía “el uso de la tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes en toda diligencia o actuación”.
No ha debido sentar muy bien esta misiva (más bien ha escocido), pues Gobernación se ha apresurado a hacer público su “desacuerdo” con lo que apunta Vivanco, ofreciendo una versión de la situación de los derechos humanos en el país totalmente alejada de la realidad.
Por boca del secretario, Miguel Ángel Osorio Chong, nos hemos enterado de que “el Gobierno de la República avanza en el cumplimiento del compromiso de hacer de México una sociedad de protección y defensa de los derechos humanos”. El marco de tan magna declaración fue la inauguración de un “Seminario Derechos Humanos y Administración Pública” que imparten la propia Secretaría de Gobernación (Segob), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con el fin de capacitar (formar) a servidores públicos en esta materia. En principio, afectará a 350 servidores públicos de 26 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que cuenta con la nada despreciable cifra de siete millones de funcionarios.
También aseguró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha reconocido que a partir del inicio de este gobierno hay una disminución del 50 % de quejas de presuntas violaciones de derechos humanos por parte del Ejército: “Damos atención a las denuncias relacionadas con la violación de los derechos humanos; el país cuenta con una Ley de Víctimas; el gobierno conformó una Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas; asimismo, destaca la decisión de dar cumplimiento a recomendaciones o sentencias nacionales e internacionales”, apuntó.
En su alocución estuvo apoyado por la subsecretaria de Derechos Humanos de la Segob, Lía Limón, quien indicó que este seminario será el primero de varios eventos de capacitación para los funcionarios. Y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, dijo que “este esfuerzo demuestra la importancia que el Gobierno de la República otorga a los derechos humanos”.
El director de HRW le decía a Peña Nieto que “a casi un año de gobierno, el cambio en su estrategia de derechos humanos continúa siendo, en gran medida, exclusivamente retórico. Su gobierno no ha mostrado avances significativos en la investigación de abusos del pasado, y se continúan produciendo nuevas violaciones graves de derechos humanos con impunidad”. Por ello, se piensa que esos cursos de formación no son algo significativo en cuanto a mejorar los derechos de los mexicanos. Por otra parte, a este paso (de 300 en 300), tendrán que pasar unos cuantos años antes de que se “capacite” a toda la plantilla.
Curiosamente, el mismo día en que se hacían estas declaraciones, en el DF se producían dos hechos significativos de cómo se ha “mejorado”: organizaciones de mujeres protestaban por el retroceso en la legislación que las debe proteger, y cientos de personas (más bien casi mil) se manifestaban delante de la Procuraduría General, PGR, (Ministerio de Justicia) para pedir que “aparezca” uno de sus conciudadanos.
En el primer caso, la Coordinadora de Comunicación Social Católicas por el Derecho a Decidir denunciaba que la reforma del Reglamento de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las mujeres “es contraria a las últimas recomendaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, pues impide aplicar eficazmente el sistema de alerta de género, único mecanismo que podría proteger a las mujeres contra los feminicidios. Su portavoz, María de Luz Estrada asegura que ya, ni les facilitan las cifras de asesinatos y desapariciones. El año pasado recabaron datos de más Estados que éste, pues solamente se los han facilitado ocho de los 32 que componen la República.
Los manifestantes de la PGR exigían que regrese sano y salvo Manuel Serrano Vallejo, padre de Maricela Serrano Hernández, alcaldesa de Ixtapaluca (Estado de México), quien fue secuestrado a primeros de octubre cuando se disponía a abrir su modesto negocio de venta de periódicos y revistas. Maricela sufrió agresiones, insultos y amenazas en plena campaña, que arreciaron cuando obtuvo el triunfo. Es por eso que los manifestantes están convencidos de que es otra represalia contra ella, para que abandone el cargo.
Quejas de Amnistía
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) México también se lamenta de que se ha perdido un año en materia de derechos humanos, pues si era mala la situación cuando Calderón dejó la presidencia, las promesas de Peña Nieto no la han mejorado. Porque, de momento, sus intenciones se han quedado sólo en eso, en promesas, pues la Ley General de Víctimas, la creación de una Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Procuraduría General de la República y el anuncio de un Programa Nacional de Derechos Humanos no han tenido impacto real en la situación en el país.
Para AI, las desapariciones forzadas, los feminicidios, los abusos contra personas migrantes y los ataques contra personas defensores de derechos humanos y periodistas, han continuado, amparados por la impunidad. Al mismo tiempo los casos de brutalidad policial contra manifestantes y las detenciones arbitrarias han ido en aumento.
A pesar de los anuncios de compromiso con los derechos humanos, considera que la actual administración ha fallado en demostrar que son su prioridad. En octubre pasado, integrantes de Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas transmitieron al gobierno una serie de recomendaciones que, de cumplirse cabalmente, contribuirían a mitigar esta grave crisis de derechos humanos. Sin embargo, el ejecutivo ha anunciado que será en marzo próximo cuando se dé a conocer cuáles de estas recomendaciones se tendrán en cuenta.
Anuncios como el anterior, aseguran, “ponen de manifiesto el bajo grado de prioridad que para la actual administración tiene el cumplir su compromiso de poner fin a los abusos contra los derechos humanos”.
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