El Gobierno brasileño planea abrir la tierra de pueblos indígenas no contactados a una explotación mortal, eliminando las Ordenanzas de Protección Territorial de Emergencia (Restricciones de Uso)¹ que actualmente protegen sus territorios. Los expertos afirman que el plan podría llevar a la extinción a varios pueblos indígenas no contactados y destruir alrededor de un millón de hectáreas de selva.
Estos pueblos indígenas son especialmente vulnerables, ya que sus territorios no están oficialmente demarcados ni protegidos. En la actualidad, lo único que se interpone entre ellos y los madereros, agroganaderos y acaparadores de tierras, bien financiados y fuertemente armados, son dichas ordenanzas, conocidas en Brasil como los mandamientos judiciales de «Restrições de uso».
Siete territorios están actualmente protegidos por estas restricciones, la mayoría de las cuales deben renovarse cada pocos años. Tres de ellas expiran entre septiembre y diciembre de 2021, y son especialmente vulnerables.
Una de las ordenanzas protege el hogar en la selva de los últimos piripkuras. Tras una serie de masacres, solo se conoce la existencia de tres miembros de este pueblo indígena, aunque algunos estudios indican que puede que otros aún sobrevivan en las profundidades de la selva. Un estudio reciente de la ONG brasileña ISA demostró que el año pasado se arrasaron 962 hectáreas de selva en el territorio de los piripkuras, algo así como más de mil campos de fútbol.
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y sus aliados, tienen en el punto de mira los territorios de estos pueblos indígenas, que siguen siendo vulnerables hasta que sean completamente demarcados como tierras indígenas.
Un senador cercano a Bolsonaro, por ejemplo, está exigiendo que se reduzca drásticamente el tamaño del territorio Ituna Itatá, y otros políticos estatales y federales aliados con los poderosos intereses de la explotación maderera, agroganadera y de la agroindustria, tienen como objetivo otros territorios.
El presidente Bolsonaro es muy favorable a estos intentos letales de acaparamiento de tierras, y ha afirmado explícitamente que quiere abrir todos los territorios indígenas a la explotación.
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (Coiab), el Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (OPI), y Survival Internacional, están difundiendo un nuevo vídeo para exponer el plan de Bolsonaro. Estas organizaciones piden al Gobierno brasileño que renueve las ordenanzas de protección territorial, que expulse a todos los invasores, que proteja plenamente los territorios y que detenga el genocidio de Brasil.
Angela Kaxuyana, una de las coordinadoras de la Coiab, ha declarado que no permitirán más invasiones y que «la movilización de los pueblos y organizaciones indígenas de la Amazonia y de toda la sociedad civil es muy importante para evitar que los territorios donde viven los pueblos indígenas aislados sean entregados a madereros, ruralistas, mineros de oro y otros depredadores de la selva. Si el Gobierno de Bolsonaro pone fin a las Restricciones de Uso, será un desastre más y un atentado contra la vida de estos pueblos, lo cual forma parte del gran plan de desmantelamiento de la política indígena en nuestro país».
Dando voz al OPI, Fabrício Amorim, asegura que «la Restricción de Uso es un instrumento de política pública de vanguardia en Brasil que garantiza con agilidad la vida y los derechos territoriales de los pueblos indígenas aislados. Es la máxima expresión del principio de precaución, previsto en las normativas nacionales e internacionales. El fin de las Restricciones de Uso significará el exterminio de los pueblos indígenas, o de algunos de sus segmentos, sin que haya tiempo de reconocerlos para garantizar sus derechos. Silenciará vidas poco conocidas y empobrecerá a la humanidad. Por lo tanto, es importante reforzar estos instrumentos, comenzar la demarcación de estas zonas y expulsar a todos los invasores».
Elias Bígio, exjefe de la unidad de Pueblos Indígenas no contactados de la Agencia Brasileña de Asuntos Indígenas (Funai), asegura que «ahora la tierra de los piripkuras ha vuelto a ser ocupada por un grupo muy agresivo y violento que está dañando el medio ambiente y amenazando a todo el mundo». Los piripkuras aislados han demostrado fehacientemente que no quieren el contacto.
Por su parte, Sarah Shenker, coordinadora de la campaña por los pueblos indígenas de Survival, dice que ya han sufrido el robo de sus tierras y una violencia atroz y asesinatos a manos de foráneos, y que las ordenanzas son actualmente lo único que se interpone entre ellos y una muerte segura.
Para Shenker, «el complot de los agroganaderos y los políticos para acabar con las ordenanzas, robar estas tierras y aniquilar a los pueblos indígenas no contactados que viven allí, es parte del ataque genocida del Gobierno de Bolsonaro contra los pueblos indígenas de Brasil, y hay que bloquearlo».
En los próximos meses, los aliados de los pueblos indígenas no contactados en Brasil y en todo el mundo presionarán sin descanso para que se renueven las restricciones de uso, se expulse a todos los invasores y se proteja la selva por completo. Solo entonces los pueblos indígenas no contactados podrán sobrevivir y prosperar.
Agresiones recientes
La asociación Yanomami Hutukara informó de que, el 16 de mayo 2021, quince barcos llenos de mineros abrieron fuego contra esta comunidad y les lanzaron botes de gas lacrimógeno. Los yanomamis afirman haber sufrido quemaduras en los ojos y ahogos con el gas.
El ataque se produjo después de un asalto previo a la misma comunidad el día 10 del mismo mes, cuando un yanomami y varios mineros resultaron heridos. Uno de los indígenas grabó imágenes en las que se ve cómo los mineros abren fuego desde su embarcación contra un grupo de yanomamis en la orilla del río. Varias embarcaciones repletas de mineros siguieron disparando a los yanomamis durante los treinta minutos siguientes.
Durante el caos del ataque, muchos niños huyeron a la selva para esconderse. Dos días después fueron hallados los cuerpos sin vida de dos de ellos, de uno y cinco años, flotando en el río donde se habían ahogado.
Ocho representantes yanomamis viajaron a Boa Vista, la capital del Estado, para denunciar el ataque y exigir a las autoridades que lo investiguen. En una conferencia de prensa celebrada el 15 de mayo, expresaron su rabia por el abandono del Estado.
Uno de ellos, Timóteo Palimithëri, declaró que están agotados y que apenas pueden resistir: «por favor, es urgente, ¿no lo ven? La policía y la Funai tienen que mantenerse fuertes y atender nuestro sufrimiento… Si no hay [apoyo de] un ejército, una policía, muchos indígenas morirán».
En una carta dirigida a la policía, los líderes de la comunidad denunciaron los terribles impactos de las actividades mineras: «Los mineros del oro están aquí desde 2012 y, hasta la fecha, 578 yanomamis han muerto por envenenamiento. Sin embargo, no se ha tomado ni una sola medida para detener esto. Están destruyendo nuestros ríos, contaminando el agua, los peces y todos los animales. Tenemos graves problemas de salud. Ahora ya no podemos bañarnos en el río y tanto adultos como niños perdemos el cabello a causa de los productos químicos tóxicos que vierten en sus aguas».
- Las ordenanzas blindan las tierras de siete pueblos indígenas no contactados… y un millón de hectáreas de selva amazónica. Tres de ellas expiran este año 2021 y necesitarán ser renovadas.
[…] Ahora, los pocos que sobreviven se enfrentan al mismo destino, ya que agroganaderos y políticos, alentados por las iniciativas y propuestas genocidas del presidente Bolsonaro, intentan despojar de toda protección la selva de los […]
Intolerable genocidio!!