El Salvador: el Gobierno no garantiza los derechos laborales en las maquilas

Tres décadas después de haberse instalado en El Salvador, las empresas de confección textil para exportación, conocidas como maquilas, siguen violando los derechos laborales más elementales, bajo la mirada cómplice del Estado y de las marcas internacionales para las que producen ropa y otros artículos, informa Edgardo Ayala (IPS) desde San Salvador.

Desde mediados de los años noventa, cuando el gobierno de entonces decidió apostar a esa fórmula como fuente de empleo, empresas del sector de la maquila textil siguen negando el acceso oportuno a la salud, el impago de horas extras, maltrato y acoso laboral, despidos injustificados y la perenne negativa a permitir sindicatos.

Y treinta años después, el historial de violaciones a los derechos laborales, e incluso humanos, no cesa, dijeron a IPS trabajadoras de ese sector, sindicalistas y activistas de organizaciones de mujeres.

«Desde que se instalaron las maquilas las cosas no han cambiado: el empleo que generan no tiene características de ser digno, hay ambiente de malas condiciones laborales de todo tipo, aseguró a IPS en San Salvador Carmen Urquilla, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).

Esas empresas de confección se localizan dentro de zonas francas creadas para ofrecerles varias ventajas a fin de que se instalen en el país, como la exención de impuestos, entre otros, como ha sucedido en otras naciones de América Central y del mundo.

«Ha habido poca acción del Estado para controlar las actividades de las maquilas y no ha tenido tampoco la capacidad de hacerlas cumplir los derechos laborales», acotó Urquilla, coordinadora del programa Justicia Laboral y Económica de su institución, que monitorea las condiciones laborales de las mujeres salvadoreñas y en particular en los sectores más precarias, como las maquilas.

Las maquiladoras inicialmente importaban los insumos exentos de impuestos y su producción, generalmente a gran escala, se comercia mayormente en el país del que proceden esos insumos. A la nación donde se localizan deja desarrollo industrial, incremento de las exportaciones y empleo, aunque precario y plagado de ilegalidades.

Con el tiempo las compañías fueron incorporando más valor agregado a la producción, y ahora se habla de «paquete completo», que incluye fases de fabricación local de tela, diseños y otros.

El sector de la confección textil, y de otros rubros, da empleo actualmente en El Salvador a 73.000 personas, de las cuales 56 por ciento son mujeres.

Generó 1202 millones de dólares en exportaciones en el primer semestre de este año, 15,4 por ciento menos que el mismo periodo del año anterior, según cifras de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador.

Las exportaciones del sector representan 35 por ciento de las ventas externas totales del país, y el principal mercado es Estados Unidos, con 72,2 por ciento.

Salud laboral restringida

«El derecho a la salud es uno de los más violentados en las maquilas», afirmó a IPS Norma Landaverde, una trabajadora de 47 años, veintisiete de los cuales los ha pasado laborando en esa industria.

Desde 2017, Landaverde trabaja como operaria de máquinas de coser en Decotex International Ltda., una empresa que es parte de la zona franca American Industrial Park, la más grande del país, en el municipio de Ciudad Arce, en el departamento de La Libertad, en el oeste de El Salvador.

La fábrica confecciona ropa deportiva para las marcas Under Armour, Nike y Champion, entre otras. Trabajan en la factoría más de 1200 personas.

«Tenemos casos de trabajadores enfermos y por el simple hecho de que van constantemente a sus citas médicas, la empresa los despidió», contó Landaverde en Santa Ana, una localidad vecina de Ciudad Arce.

Añadió que hay personas que padecen dolencias graves y fueron despedidas también.
En junio la planta despidió a trescientas personas, según el reporte de la empresa, pero los trabajadores sostienen que fueron más.

Sin embargo, Landaverde dijo que no es extraño que la fábrica despida personal un día, pero días después contrate nuevos trabajadores, lo cual evidenciaría que en realidad se trata de una estrategia para deshacerse de ciertos empleados, incluyendo sindicalistas.

Sobre los despidos de personas enfermas, Landaverde señaló que la empresa alegó que esas personas no tenían un registro o documento que las calificara como pacientes de tales padecimientos.

Pero lo que sucede, sostuvo, es que cuando entraron como empleados no padecían esas enfermedades, y así quedó en su registro de ingreso, y a veces las personas no tienen tiempo o se les complica ir a solicitar ese documento al Ministerio de Trabajo.

A eso se suma el que los empresarios en ocasiones no trasladan al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la instancia estatal que brinda la cobertura médica, el descuento de la aportación económica que le corresponde al trabajador para tener acceso a la salud.

Y cuando los empleados se enferman y el médico prescribe reposo y los envía a descansar en casa, como parte de la cobertura médica, se les niega ese derecho, porque el empleador se quedó con los aportes, algo que es un delito.

«Cuando me dio conjuntivitis, me otorgaron incapacidad (permanecer en casa) pero como la empresa no había reportado mis aportaciones, no me la dieron», afirmó Landaverde.

Los despidos sin pago

Aunque ya no es tan frecuente, aún se dan casos de despidos masivos y los propietarios de las fábricas no tienen la obligación de pagar indemnizaciones en los casos en que se declaran en quiebra, según la ley laboral.

Landaverde narró que la empresa donde trabajó por catorce años, Exmódica, se declaró en quiebra y cerró operaciones en 2017, dejando sin empleo a unos mil trabajadores.

Por presiones del sindicato que había en la compañía, la propietaria se comprometió a pagarles al vender la maquinaria, pero solo cumplió parcialmente con los pagos.

«Me dieron 1600 dólares por catorce años laborados», narró Landaverde, quien tras ver todos esos abusos, en esas y en otras empresas, decidió unirse a un sindicato.

Actualmente, pese a su amplia experiencia en el manejo de varios tipos de máquinas de coser, gana apenas el salario mínimo mensual, de 359 dólares en ese segmento de la economía.

Silsa González es otra trabajadora que ha vivido los despidos masivos, cuando cerró la empresa para la que había laborado por cinco años, F&D, y desde hace dos años trabaja en Varsity Pro, también en la zona franca American Industrial Park.

Pero los despidos masivos también están a la orden del día en Varsity Pro, que confecciona ropa deportiva para marcas internacionales.

González aseguró que desde el 24 de octubre la empresa ha despedido a 780 personas, y los propietarios también alegaron que había poco trabajo porque las marcas estarían demandando menos prendas.

«En esos recortes de personal se van madres y padres solteros, personas que son el único sostén económico de la familia», aseguró a IPS González, de 39 años, oriunda de Lourdes, una localidad del municipio de Colón, también en el departamento de La Libertad y distante unos veintiún kilómetros de Ciudad Arce.

Sin embargo, al menos esa compañía sí pago las indemnizaciones respectivas al personal despedido, dijo la trabajadora.

González lleva veinte años laborando en diferentes maquilas de textiles. Entró al sector cuando tenía diecinueve años, luego de tener su primer bebé.

«En ese primer empleo en maquilas renuncié al año de haber entrado, no aguanté», aseguró a IPS.

Se calcula que alrededor de 18.000 trabajadores han sido despedidos desde finales de 2022 a la fecha en el sector de la confección textil.

En mayo de 2022 González también decidió involucrarse en el sindicato formado en Varsity Pro, del que ahora es parte de su directiva.
No al sindicato

Pero el derecho a sindicalizarse, plasmado en la legislación salvadoreña y en la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), también es coartado con más fuerza en el sector de la confección textil, aunque sucede en otros rubros de la economía.

González afirmó que hay un claro hostigamiento, fomentado en la empresa, hacia el personal que forma parte del sindicato.

«A nosotros como sindicalistas llegaron al extremo de contarnos los minutos que íbamos al baño, nos acosaban de una manera que no tiene idea, pero se logró mermar un poco», acotó González.

Aseguró que en 2018, cuando laboraba en F&D, comenzó a entender que los abusos e ilegalidades cometidas en esa y en otras empresas eran ilegales, algo que ella pensaba que era parte normal en una planta industrial.

«Yo había normalizado que esas violaciones eran normales, pero ahí entendí que no», manifestó.

Añadió que de alrededor de mil empleados, aproximadamente solo diez por ciento está afiliado al sindicato de la empresa, debido al miedo a ser despedidos.

Debido a la baja paga en las maquilas, González dedica parte de sus tiempo libre a coser en casa y así ganar un dinero extra.

Cuando el 13 de diciembre IPS la visitó en su hogar en Lourdes, ella trabajaba sin descanso en su máquina de coser para terminar un pedido de treinta pequeñas bolsas de tela con diseños navideños.
«El derecho a la libre sindicalización sigue siendo muy vulnerable», declaró a IPS Marta Zaldaña, secretaria general de la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador.

Y agregó: «Aun cuando es un derecho constitucional todavía se tiene que hacer como a escondidas, las personas aún tienen temor a ser despedidas».

La sindicalista señaló en una entrevista en San Salvador que, muestra de ese rechazo, hay apenas unos veinte sindicatos en alrededor de doscientas empresas maquiladoras de la confección textil.

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