El presidente de México y su partido, el PRI, están siendo arrinconados por todos. Los ciudadanos primero, luego la oposición, y ahora los empresarios agrupados en la Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana) han dado la espalda al Gobierno Federal al negarse a suscribir un supuesto Acuerdo para el Fortalecimiento de lo Económico.
Además, le han pedido a Enrique Peña Nieto que dé marcha atrás en el incremento abusivo del precio de las gasolinas, porque va a repercutir en un alza generalizada que ocasionará una crisis considerable.
Tras las protestas en prácticamente todos los Estados (se habla de 29 de los 32) desde el primero de enero, y las críticas cada vez más aceradas de la oposición, que ni siquiera fue consultada, el Gobierno intentó buscar un aliado en la clase empresarial. Así, el pasado viernes 6 de enero, les propuso suscribir un documento para presentarlo el lunes 9 de enero de 2017 como el “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar”. Lo estudiaron el fin de semana, pero el texto definitivo lo recibieron a las 11 de la mañana del lunes 9, dos horas antes de su firma pública. Han dicho NO.
Tienen sus razones, bastante más consecuentes que la precipitada actuación gubernamental. Por un lado, opinan que la situación económica y social actual exige un amplio acuerdo, un amplio consenso de todos los sectores sociales, que México necesita estar más unido que nunca, pero que ese consenso no se puede construir en tres días.
Que urge, lo reconocen, pero creen que es más importante que sea fruto de un verdadero y amplio consenso social, y no solo que sirva “como estrategia de comunicación o imagen pública”. Y le dicen al Gobierno que cualquier acuerdo que se quiera suscribir “deberá incluir metas claras, objetivos puntuales, métricas que sirvan para evaluar los avances”. El momento, concluyen, “exige que todos los actores, todos, asuman compromisos concretos en beneficio del país”.
Aseguran no estar en contra del Gobierno ni de quienes han redactado el texto, pero desean un acuerdo real, de compromisos concretos en beneficio de todos los mexicanos. Y que “es justo en este momento cuando el país nos demanda un diálogo real, cara a cara, donde pongamos por delante el bien común, antes que cualquier otro interés particular”.
La oposición aporta soluciones
El Partido Acción Democrática (PAN) opina que el aumento del combustibles es el resultado de la tóxica reforma fiscal priista y critica la falta de sensibilidad del gobierno, porque afecta a la economía y al empleo de millones de mexicanos. Por ello, han presentado nuevamente una iniciativa para reducir en 50 % el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), causante del malestar general de los ciudadanos por el incremento al valor del diésel y gasolinas.
Según declaraciones del diputado federal Enrique Cambranis (Veracruz), reiteran la propuesta porque consideran que el gobierno “carga injustamente a los consumidores el costo de su mala política económica; esperamos contar con la voluntad política del PRI-Gobierno y sus aliados el Verde y Nueva Alianza, para propiciar una disminución inmediata al precio de las gasolinas y el diésel”.
Enrique Cambranis del PAN.Por su parte, la secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Beatriz Mojica Morga, cree que el acuerdo para el “fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar” es una propuesta de juguete que no atiende de fondo las causas que el alza del precio de las gasolinas generará en los bolsillos de las familias mexicanas.
El acuerdo lo calificó como “de saliva», porque, asegura, Enrique Peña Nieto no quiere reconocer que el gasolinazo sí es consecuencia de la reforma energética “parece que le cuesta trabajo hacerlo, dice mentiras al no aceptar que sí es producto de esa reforma”.
Reprochó que la propuesta tampoco habla de medidas anticorrupción, ni de inversión en las refinerías, ni de una revisión urgente de la reforma energética, ni del aumento al salario mínimo ante la pérdida del poder adquisitivo como consecuencia del gasolinazo.
En relación a las balbuceantes excusas del Presidente del Gobierno para justificar la subida, opina que no ha dejado claro cómo se va a enfrentar la crisis de subida de precios generalizada que ya comenzó. Peña Nieto aseguró que habían hecho recortes, pero Mojica dice que el reducir los sueldos y salarios de altos funcionarios en un 10 %, como aseguró, no es una medida seria de austeridad, “es un chiste” porque no se aborda una disminución en el gasto corriente, lo que tiene que ver con festejos, aviones, helicópteros y cuentas de publicidad en las que se gastan miles de millones. Insistió, como ya viene haciendo este partido hace tiempo, en que sí hay alternativas para frenar el gasolinazo: una medida profunda de austeridad al gobierno federal, en el Poder Legislativo, en el Judicial, y en los órganos autónomos.
Protestas ciudadanas
Han sido desde el primer día, y siguen siendo, diarias, implacables y continuadas. Se ha interrumpido el tráfico, liberado casetas de cobro en autopistas, cerrado carreteras, entorpecido el tráfico…, y las manifestaciones en la Ciudad de México, permanentes.
Los reclamos afectan a casi todos los Estados. Varios centros de Pemex han sido el centro de reunión de los inconformes que han visto como se entorpecía el suministro del liquado del petróleo, en lo que parecía ser una forma de impedir que la gente llenara los depósitos de los vehículos hasta que la subida fuera efectiva. Los mexicanos estaban y están muy enfurecidos.
Sin embargo, muchas de las supuestas tropelías que se les achacan no son más que intentos de criminalizar las protestas. Puede que, al calor de las revueltas, haya quien ha aprovechado para dedicarse al pillaje, pero la creencia general es que la mayoría de los “alborotadores” y los “saqueadores” de comercios y supermercados estaban comprados para dar la sensación de vandalismo generalizado. Y para reprimir las protestas. Ha llegado a circular en las redes un video en donde supuestos policías introducen objetos robados en los maleteros de sus vehículos.
Un gran número de “bots” (cuentas falsas de twitter) han estado convocando a los inconformes a asaltar establecimientos, como los supermercados Walmart, propiedad de una multinacional estadounidense con implantación en todo el territorio mexicano. Parece ser que las noticias sobre muchos de los robos no son más que mentiras para que el ciudadano de a pie condene los actos. Y para justificar la represión.
Otros se han dedicado a recopilar firmas a través de la plataforma Change.org para solicitar que se dé marcha atrás en la subida. Más de 300 000 personas se han sumado.
También hay medios de comunicación que han aprovechado para aclarar que uno de los motivos del desabasto es el “ordeño” de ductos (tomas clandestinas) con la complicidad del ejército, de la policía, y de la corrupción dentro de la propia Pemex, algo que pasa todos los días, pero que ahora se ha incrementado. Otros no han tenido más remedio que denunciar que sus periodistas han sido agredidos por las fuerzas del orden mientras cubrían las protestas. A pesar de identificarse como prensa, los agentes les han golpeado y detenido. Alguno de ellos aún no ha sido liberado.
Así las cosas, Enrique Peña Nieto corre el riesgo de no acabar la legislatura o terminarla muy mal (hay elecciones en agosto de 2018), porque, también Coparmex cree que “los mexicanos necesitan urgentemente un liderazgo que ponga la mirada en los temas relevantes, que con serenidad los afronte sin miedo, con cambios de fondo, que genere consensos sociales en todos los sectores. Que verdaderamente coloque a México como prioridad, y se deje de proteger intereses particulares. En especial, los suyos.
