El hecho de comunicar en público hace menos de una semana la paralización de venta de bombas a Arabia Saudita para atacar Yemen, ha servido para alterar la venta de corbetas que el gobierno tenía previsto por valor de 1.800 millones de euros. Una revuelta de los trabajadores de los astilleros Navantia, en Cádiz, pone contra las cuerdas al gobierno de Sánchez. ¿Bombas o corbetas?
La rectificación del ejecutivo no ha hecho sino causar una molestia a las autoridades saudíes y por ello, están valorando dar marcha atrás lo que sería una desautorización en toda regla a la ministra Margarita Robles y conseguir la venta de bombas de precisión a Arabia Saudita que pudiera atentar de nuevo contra la población civil de Yemen.
Conseguir una solución no es fácil dado que ya se ha advertido en un comunicado, lo que implica que el contrato con Navantia dejaría en paro a 6.000 personas en Cádiz asunto que Isabel Celáa, portavoz del gobierno canceló con un «pueden estar seguros de que el gobierno está con los trabajadores». Lo cierto es que el gobierno tienen encima de la mesa el asunto prioritario del contrato con Navantia y apuesta por una posible rectificación de los planes inicialmente comunicados por Defensa.
Una decisión compleja que debe tomar Pedro Sánchez como presidente del gobierno que deja sin movimiento a Margarita Robles y compromete su vínculo con Unidos Podemos en materia de conflictos bélicos, y por otro lado también, un contrato que comprometería ganar las próximas elecciones andaluzas del 19.
Celáa insiste que no existe una crisis diplomática por este asunto, tan solo alguna discrepancia que espera que sea resuelta por el gobierno en breve. Solamente en 2017, la industria española exportó material de defensa por un importe de 361 millones de euros a países que forman parte de la coalición internacional que lidera Arabia Saudí y que actualmente, participan en la guerra de Yemen
