La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha denunciado el impacto de la ‘Ley Mordaza’ en la libertad de expresión en España, y el afán recaudatorio de esta norma, a la luz de los datos del balance de su aplicación hechos públicos por el Ministerio del Interior.
Según el informe del Ministerio del Interior Actuaciones en materia de protección de la seguridad ciudadana 2016, desde la entrada en vigor de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza, se han impuesto un total de 285 919 multas, con un coste económico total para los ciudadanos sancionados de 131 470 206 euros.
De esta cantidad, 10 196 817 de euros han correspondido a multas por “desobediencia o la resistencia a la autoridad”, “negativa a identificarse” o la alegación de “datos falsos o inexactos en los procesos de identificación” (artículo 36.6 de la Ley) a lo largo de todo este periodo.
Además, tal y como destaca una información de publico.es, estas sanciones aumentaron significativamente en 2016 respecto al año anterior, alcanzando las 12 094, es decir, un tercio más que en 2015 cuando se impusieron por este motivo 4.311 multas en los seis meses de vigencia de la ley.
Esto supone que en 2016 la Policía multó de media a 33 personas al día por este motivo, una cifra que la PDLI considera desproporcionada con la situación real de la seguridad ciudadana en España.
Por número de sanciones, un incremento aún mayor se produjo en las supuestas infracciones del artículo 37.4 de la ley sobre “faltas de respeto y consideración” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que llegaron a triplicarse en 2016: en ese año se impusieron en España 19 497 multas por este motivo con un coste de 3 006 761 euros, mientras que en 2015 (desde el mes de junio cuando empezó a aplicarse la ley) se habían sancionado “sólo” 3130 conductas por este mismo concepto.
Censura camuflada
Este aumento injustificado se explica, a juicio de la PDLI, por dos razones: por el funcionamiento perverso de la Ley, al actuar la Policía como juez y parte, y porque las sanciones contra la libertad de información se tienden a “camuflar” bajo infracciones genéricas como “faltas de respeto y consideración” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o “resistencia a la autoridad”, tal como la Plataforma viene denunciando.
Es lo que le ocurrió, por ejemplo, a Mercè Alcocer, periodista de tribunales en Catalunya Ràdio, sancionada con 601 euros por presunta desobediencia a la autoridad cuando cubría en la Audiencia Nacional las declaraciones del expresidente de Cataluña Jordi Pujol y de su esposa.
O a Esther Yáñez, reportera de Diario VICE, multada también con 601 euros cuando cubría una concentración de la PAH frente a la sede del PP.
El mismo “patrón de censura” fue el que sufrió Natalia Díez, periodista de porCausa.org: cuando trató de documentar con su móvil lo que entendía que era una redada racista, los agentes le advirtieron que “no podía” fotografiar a policías (algo que, por otra parte, no es cierto). Sin embargo, fue finalmente multada, no por captar esas imágenes, sino por falta de respeto y obstrucción (una infracción que finalmente ha quedado archivada).
En todos estos casos, además, se produce un agravante denunciado por la Defensora del Pueblo en su informe anual a instancias de la PDLI: la Policía está obviando la circunstancia de que la persona a quien se va a sancionar puede estar ejerciendo un derecho fundamental, como informar, o participar en una protesta, lo que convierte a gran parte de estas multas en inconstitucionales.
Indefensión ante las sanciones
Ante este balance desproporcionado e injustificado de la aplicación de la ley, la PDLI vuelve a denunciar la indefensión que se produce cuando se inicia un expediente sancionador por supuestas infracciones de esta norma: por un lado, la Administración es juez y parte, al ser a un tiempo quien denuncia y quien sanciona.
Pero, además, en este tipo de procedimientos administrativos, se aplica la presunción de veracidad de las declaraciones del agente. De este modo, el ciudadano se ve obligado a demostrar la falsedad de un relato policial, lo que resulta, en la práctica, imposible.
La autocensura, el impacto invisible de la Ley
Respecto a las multas por reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados o el Senado (limitado por el artículo 36.2 de la Ley) solamente han sido impuestas dos sanciones por este motivo por un importe total de 1202, es decir, 601 euros por sanción.
Se pone así en evidencia, a juicio de la PDLI, la absoluta falta de necesidad de este artículo que sólo buscaba un efecto intimidador y disuasorio contra el ejercicio de derechos básicos.
En el caso de la distribución de las imágenes de agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Estado ha impuesto en estos dieciocho meses un total de 44 multas por un importe de 26 688 euros. Una cifra que, a juicio de la PDLI, esconde una realidad más grave: la que se ha traducido en una posible autocensura, por un lado, y la que ha impedido el ejercicio de ese derecho a través de otras infracciones de forma indirecta, por otro.
Ante estas cifras, la PDLI insta a Interior a adaptar la aplicación de la Ley a la garantía de los Derechos Humanos, siguiendo las directrices de la Defensora del Pueblo. La PDLI recuerda al ministro Zoido que la Ley está en proceso de modificación y le exige que las sanciones, en tanto esta reforma se tramita, deje de impedir el ejercicio de Derechos Fundamentales como la libertad de información, la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
Por otro lado, los sindicatos europeos de periodistas, a instancias del socio de la PDLI, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), han aprobado una resolución denunciando el deterioro de la libertad de prensa en España.
La Reunión Anual de la Federación Europea de Periodistas (FEP), celebrada los días 18 y 19 de mayo en Bucarest, recoge un informe de la FeSP y recuerda al Gobierno que está incumpliendo tratados internacionales y pide al Parlamento que termine con las “leyes Mordaza”.
Sindicatos de periodistas piden acabar con leyes mordaza en España
