Liberado de responsabilidades operativas en la nave dedico mi tiempo a leer, documentarme, escribir, ver algunas series a las que reconozco me siento enganchado, también películas, hacer algo de ejercicio y a pasear. Paseo a buen ritmo hasta que llego a alguna de las ampliaciones o nuevos módulos que se están construyendo, entonces me pongo las manos a la espalda y empiezo a comentar con otros retirados cómo están haciendo la obra y a dar por sentado que en nuestros tiempos se hacía mejor. Cosas de la edad.
Llego al camarote, me siento, enciendo el ordenador y me encuentro un correo de mi amigo Ricardo Rodríguez, el escritor y técnico tributario que escribió «Los impuestos en la ciudad democrática» y al que hicimos referencia en otro cuaderno del 19 de mayo de 2024. En el correo me relata su indignación y desazón con lo que se está convirtiendo nuestro sistema sanitario, en este caso, en concreto, con el Institut Catalá D’Avaluacions Mèdiques (ICAM), es la entidad catalana encargada de las evaluaciones para valorar las incapacidades médicas que luego el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de España aceptará o denegará.
Ricardo considera lo que está ocurriendo inhumano y cruel, no le falta razón.
Me pone un enlace a un artículo de La Vanguardia del día 18 de este mes en el se cuenta el caso de Pepe Espino, barcelonés de 54 años que fue diagnosticado de cáncer de próstata en estadio cuatro en 2020, que además se había extendido por huesos, pulmones y partes blandas. Incluso en estas condiciones estuvo trabajando durante dos años y medio, pero pasado ese tiempo dada la gravedad de su estado y los efectos secundarios del tratamiento le resultó imposible continuar con su trabajo.
Durante los dos años y medio siguientes no ha podido trabajar debido a sus patologías y el tratamiento consiguiente que le deja absolutamente agotado tanto física como mentalmente ya que los efectos secundarios del tratamiento oncológico suponen una castración química, el objetivo es que baje las testosterona hasta cero lo que provoca descalcificación ósea, pero también rigidez articular, con necesidad de infiltraciones para paliar esa rigidez y evitar los dedos de gatillo. La medicación también le origina cansancio continuo, dolor muscular y efectos cognitivos con pérdida de memoria. Junto a la ansiedad que le provoca la incertidumbre de la evolución de su enfermedad.
En estas, al llevar dos años y medio de baja, el instituto mencionado le convocó en noviembre de 2025, como es normal, para una evaluación que determinase su grado de incapacidad. Él estaba convencido, teniendo en cuenta la enfermedad que padece, los informes médicos de sus oncólogos y su estado general que le impide cualquier actividad laboral según esos mismos médicos, que el resultado no podía ser otro más que favorable, sencillamente no puede con su alma, y no es probable que el tratamiento le mejore, está siendo paliativo y en el algún momento próximo dejará de funcionar, desgraciadamente.
Sin embargo, el resultado fue desfavorable por lo que la Seguridad Social le denegó la pensión de incapacidad permanente. Es decir, tiene que reincorporarse a su trabajo en unas condiciones en las que resulta materialmente imposible, y ahora está tirando de las vacaciones pendientes. Pero tendrá que incorporarse. Podrá recurrir a la vía administrativa que, previsiblemente, no modificará la resolución, y de ahí a los juzgados para presentar una demanda de invalidez contra el INSS que, probablemente, pasados dos años ganará. Pero el daño será irreparable.
Estamos llegando a unos niveles, como dice mi amigo, de crueldad en estos casos que no podemos tolerar. Hace falta más sensibilidad y empatía con este tipo de enfermedades que nos imposibilitan desarrollar nuestros trabajos, hay que revisar los informes médicos, hay que evaluar las situaciones clínicas, pero no podemos utilizar un sistema de vigilancia y control con fines de ahorro económico cuando las situaciones son críticas porque lo único que están consiguiendo es añadir más sufrimiento al que ya se padece por la enfermedad.
El libro de Ricardo habla del sistema tributario español, del que hace un verdadero análisis para que podamos entenderlo y mejorarlo, para que de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución Española todos contribuyamos al sostenimiento del gasto público de acuerdo con nuestra capacidad económica ya que, al fin y al cabo, los tributos sirven para financiar el gasto público, entre el que está nuestra Seguridad Social que debe velar por nuestra salud, desde la cobertura sanitaria hasta la cobertura económica cuando ya no podemos trabajar por motivos de salud. Nos estamos equivocando cuando primamos los criterios económicos en nuestro sistema sanitario, pero parece que eso ya no importa… hasta que nos toque.
