Tras las sospechas iniciales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México acaba de pronunciarse sobre los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, en donde un grupo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acabó con la vida de 22 personas, presuntos delincuentes escondidos en un almacén, según las informaciones oficiales. Ni a este organismo ni a nadie le cabe la menor duda: fueron ejecutados.
Para la CNDH, que envió a un equipo de investigadores, ha quedado acreditado que, según sus palabras, “algunos elementos militares privaron arbitrariamente de la vida a las personas que se encontraban ya rendidas, después de un enfrentamiento que duró de 5 a 10 minutos”. Indica que en la investigación del caso participaron 19 visitadores adjuntos y siete peritos de diferentes especialidades.
A la hora de investigar se toparon con la versión oficial, que aseguraba haber encontrado muertos a todas las personas del almacén tras un enfrentamiento. Por otro lado, encontraron una evidente alteración del escenario y, lo más sorprendente: no habían tomado declaración a las mujeres supervivientes, sino que se limitaron a imputarlas. También omitieron proporcionar fotografías con detalle individual de los cadáveres.
Este organismo dice que logró acreditar una serie de acciones y omisiones realizadas por parte de personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en agravio de dos de las tres mujeres testigos sobrevivientes, al quedar evidenciada la intencionalidad y la finalidad: incriminarlas. A una tercera la coaccionaron y amenazaron.
También han logrado demostrar que se alteró la escena de los hechos y no fue preservada de manera adecuada, pues algunos cuerpos fueron movidos de sitio, y otros de posición; se colocaron armas en algunos cuerpos, y se sustrajeron de la escena teléfonos y equipo de radiocomunicación, cuya existencia fue referida en los testimonios.
La Comisión Nacional observó que la investigación de la Procuraduría General de la República se inició el 23 de septiembre, a pesar de que contaban con documentación desde el 3 de julio. Además, indicó, según lo informado por los familiares de las víctimas, nadie los ha contactado ni se les ha otorgado el carácter de víctima u ofendidos del delito y, por tanto, no han podido acceder a la atención que requieren, salvo en el caso de la tercera víctima, quien lo solicitó directamente.
Recomendaciones
Por todo ello, la CNDH ha solictado a Sedena la reparación del daño ocasionado a las víctimas indirectas y familiares, con indemnización, atención médica y psicológica; que se dé atención médica y psicológica a las sobrevivientes; que su personal cumpla con el Manual del Uso de la Fuerza y se abstengan de alterar las escenas de los hechos; y que se refuerce la capacitación en materia de derechos humanos.
A la Procuraduría General de la República le requiere a la averiguación previa, que garantice a las víctimas indirectas el acceso a la justicia, y que continúe indagando en la responsabilidad de quienes participaron en semejante carnicería.
También para el Gobierno del Estado de México,tiene recomendaciones. Le pide que proceda a la reparación del daño de los sobrevivientes, con indemnización, atención médica y psicológica; a que se investigue respetando los derechos humanos de las víctimas; que se proporcione a los peritos de la Procuraduría y al personal ministerial cursos de capacitación en materia de derechos humanos y criminalística para realizar diligencias precisas.
A día de hoy se encuentran detenidos ocho militares, un oficial y siete soldados. La presencia de militares en las calles para realizar tareas de seguridad pública comenzó en el gobierno anterior, encabezado por el panista Felipe Calderón (2006-2012). El encabezado por el priista Enrique Peña Nieto ha mantenido a las Fuerzas Armadas en labores de combate a la delincuencia… y los desmanes han sido continuos. Por otro lado, la tónica general es que, hagan lo que hagan, se libran del castigo. Veremos si trasciende dónde y por cuanto tiempo serán arrestados los responsables de esta masacre.
[…] Parece que el presidente de México ya es consciente del problema que acucia a los mexicanos desde años: los desaparecidos. Pero no cualesquiera, no, sino a los desaparecidos por los cuerpos de seguridad y las ejecuciones extrajudiciales. […]