En Francia, quieren prohibir que se fotografíe o que se filme a los policías en acción. Es como un plagio de las leyes mordazas españolas. Y la policía antidisturbios, que se extralimita allí con demasiada frecuencia, parece estar aplicando por anticipado la propuesta de una llamada ‘ley de la seguridad global’ antes de que sea aprobada definitivamente.
El debate parlamentario empezó el martes 17 de noviembre de 2020. Según el artículo veinticuatro del proyecto de ley, la difusión de «la imagen del rostro o de cualquier elemento identificativo» de un policía o gendarme durante una operación policial, o una intervención callejera, podrá ser castigada hasta con un año de cárcel y 45.000 euros de multa si puede llegar a «dañar la integridad física o psíquica» del agente policial fotografiado o filmado.
Dominique Pradalié, Secretaria General del Sindicato Nacional de Periodistas (SNJ, según sus siglas en francés), cree que ese artículo 24 es peligroso por las consecuencias graves y el impacto que puede tener en el trabajo de los periodistas. Pero piensa que no lo es menos el artículo 22 porque banaliza el uso de drones durante determinadas acciones policiales o durante concentraciones o manifestaciones callejeras. Al hacer una entrevista en la calle, cualquier reportero podría tener dificultades con algunas personas que -por cualquier razón- no deseen ser filmadas, ni ser reconocidas como origen de una información determinada.
«Equivale a poner en peligro a las fuentes», dice Dominique Pradalié. Y la protección de las fuentes es uno de los elementos clave del periodismo en las sociedades democráticas.
En los dos últimos años, en Francia, unos doscientos periodistas han sufrido algún tipo de bloqueo, impedimento o violencia para impedirles hacer su trabajo. La única manera de denunciarlo ha sido casi siempre a través de imágenes grabadas, vídeos o fotografías. Un documental titulado Un pays qui se tient sage (Un país que se porta bien), de David Dufresne, revela cómo sucede, tanto con simples manifestantes como con los periodistas, y cuál ha sido el papel concreto de la policía en esas situaciones, con demasiada frecuencia mediante reacciones virulentas.
Ese tipo de acciones policiales, a veces brutales, se han repetido el mismo martes 17 de noviembre en el que los diputados y senadores iniciaban la revisión del texto de la proposición de ley. Un redactor-jefe de la cadena pública France 3 pasó toda la noche encerrado después de ser detenido cuando filmaba el final de la manifestación.
Según una nota del SNJ-CGT, otro sindicato de periodistas, «Tangi Kermarrec, periodista de la redacción regional de París de France 3, y Hannah Nelson, periodista independiente de la agencia Taranis News, fueron detenidos, con violencia ésta última, por participar en un tumulto multitudinario [sic], tras recibir un aviso y por disimular su rostro». Lo de ‘disimular su rostro’ se refiere a que ambos llevaban mascarillas anticoronavirus. Tangi Kermarrec fue liberado después de doce horas. Hannah Nelson, en la tarde del día siguiente.
Según Dominique Pradalié, «anteriormente, durante los numerosos incidentes que hubo durante la revuelta de los chalecos amarillos, no hubo una respuesta adecuada de la fiscalía o del poder judicial ante las denuncias y las quejas formales. Tampoco por parte de la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN)».
En una entrevista reciente, le preguntaron a Dominique Pradalié qué pensaba de los casos en los que se mostraban repetidamente vídeos o fotografías de agresiones a policías durante las manifestaciones. Casi como una incitación a atacarlos. Su respuesta fue explícita: «Desde luego, ese problema existe. No hay que negarlo. Pero por cada uno o dos funcionarios de policía que lo sufren hay detenciones de periodistas a diario. Mientras, se les impide trabajar, entrevistar, grabar imágenes, fotografiar. El castigo de la difusión de información sesgada cuando ésta intenta provocar odio o transmitir una incitación a la violencia, ya está previsto por las leyes. Tenemos un código penal que lo castiga».
Hay que recordar el contexto reciente de los atentados que ha sufrido Francia, entre ellos el cruel degollamiento del profesor Samuel Paty. Una de las razones alegadas por los promotores de la ley es el aumento de las campañas de odio por vía digital y a través de las redes sociales. Dominique Pradalié se sorprende de que eso pueda servir de justificación para poner en peligro el periodismo y a los periodistas: «Los periodistas también son acosados y amenazados de muerte en las redes sociales. Con regularidad. Y aunque sabemos que la gran mayoría de los policías trabaja correctamente, a veces en horarios o con condiciones laborales duras, no por eso hay que crear un espacio de impunidad para los que no respeten la ley. Éstos perjudican a la credibilidad de la policía en su conjunto, como institución».
Los sindicatos de los periodistas franceses denuncian que el gobierno del presidente Emmanuel Macron, y su ministerio del Interior, han recibido únicamente a los representantes sindicales de los policías. De esas consultas, han surgido también algunas de las disposiciones legales previstas en la ley de la seguridad global. «Pero a nosotros no nos han preguntado del mismo modo sobre este asunto. Reciben a los sindicatos de la policía, pero no a los demás», declara Pradalié.
Lo previsto en los artículos 22 y 24 citados pone en peligro uno de los controles de la democracia: el control que ejercen los medios de comunicación cuando hacen bien su trabajo. Según la Secretaria del SNJ, la inspección de la IGPN «no es independiente». Nos recuerda los casos en los que únicamente la grabación de imágenes permitió desmentir partes policiales que distorsionaban la verdad y que habrían pasado como certeza absoluta ante cualquier juez. De los resultados dramáticos de ciertos hábitos policiales cita una cifra: 29 personas han perdido un ojo tras cargas policiales del último período, durante el mandato del presidente Emmanuel Macron.
El martes 17 de noviembre, tres responsables del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas enviaron una carta a las autoridades francesas expresando su inquietud por la deriva autoritaria del polémico proyecto de ley. El texto es de esa carta la ONU es muy claro: «La información al público y la publicación de imágenes y grabaciones de vídeo relativas a intervenciones policiales son esenciales para respetar el derecho a la información; además, dichas imágenes son legítimas para el control democrático de las instituciones públicas».
Los autores de esa carta a los gobernantes de Francia advierten de que, si faltaran esos controles, «podría ser muy difícil que pudieran documentarse posibles excesos, usos y abusos de la fuerza por parte de los agentes del orden en cualquier tipo de manifestación pública».
