El 17 de octubre una masiva movilización de cerca de un millón de personas (según fuentes sindicales, la mitad según la policía) reclamando la dimisión de Macron se desarrolló en toda Francia y en territorios de ultramar, pero lo único que el gobierno o la prensa y radio televisión al servicio de Macron han visto son los desbordamientos, vandalismo o incendios de varios edificios públicos.

La violencia policial contra las personas interesa menos a la prensa dominante que se hace eco de la propaganda oficial: «la ultraizquierda responsable del caos».
Las versiones derechistas y neofascistas oscilan entre hacer responsables a «los inmigrantes, a los hermanos musulmanes, a los islamo izquierdistas o a la oposición parlamentaria LFI».
Ninguno se preocupa por responder o explicar las reivindicaciones de los estudiantes o de los demás sectores en lucha.
Esto me recuerda aquello que le cantábamos a Franco: «Ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tra la la…». La deontología de la profesión está hoy en tela de juicio.
Las cosas son más sencillas de lo que parece: el único o principal responsable de este caos es el jefe del Estado, Emmanuel Macron, y su política antisocial que ha generado ya varias explosiones sociales en el país en sus dos mandatos presidenciales. Elegido para «salvar a Francia de la extrema derecha», farsa macabra, Macron está en cambio entregando el poder a los neofascistas del RN, «convertidos hace poco a la democracia».
La actual movilización que pilla tanto de sorpresa a cierta prensa, la venimos anunciando algunos desde hace muchos años, con la deriva autoritaria de Emmanuel Macron, aliado o rehén claramente hoy de la extrema derecha del RN. Una marioneta política que aplica las ordenes que le dicta el movimiento neofascista «normalizado», en espera de las presidenciales del 2027. Solo el apoyo del RN en el Parlamento permite la permanencia del minoritario Macron en el poder. Un gobierno democrático no puede apoyar su legitimidad en la represión policial y la restricción de las libertades públicas. Su dimisión debería ser inmediata.
LFI (Francia Insumisa) denuncia un escándalo de Estado, tras las revelaciones de Mediapart
Según revelaciones de Mediapart, un comisario de los servicios de información territorial ha afirmado por escrito haber recibido órdenes para acusar al movimiento político LFI de ser el instigador de los disturbios.
La información revelada por Mediapart viene a confirmar la falsedad de las versiones oficiales complotistas sobre el origen de este estallido social impresionante, aunque tiene en estos últimos diez años numerosos precedentes.
«Nos pidieron -afirma el comisario- que dijéramos que LFI está detrás de ese movimiento… lo que es objetivamente falso, según la opinión general de los Servicios de Información territorial».
La oposición parlamentaria de izquierdas (LFI Francia insumisa) ha anunciado ya su decisión de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia contra el ministro del interior y reclaman su dimisión inmediata. El objetivo político de esta campaña de difamación es tratar de impedir que la izquierda de ruptura (LFI) con Jean Luc Melenchon, logre ganar las próximas elecciones presidenciales. Macron ha recusado la dimisión del titular de interior Laurent Nuñez.
Cuando la colera de la población estalla, el poder y su prensa acusan a la oposición, pero son ellos los que han provocado con su ceguera o premeditación este aparente caos.
Contra la convergencia de luchas el toque de queda y amenaza de estado de excepción.
Estudiantes, profesores, padres de alumnos, agricultores de la confederación campesina, ecologistas en lucha contra el uso de pesticidas y contra el cambio climático, camioneros, un colectivo que se reclama «gilets jaunes», bomberos, trabajadores de las refinerías de petróleo, organizaciones sindicales y políticas de izquierdas, organizaciones de defensa de los derechos humanos… se habían dado cita este 17 de octubre en busca de una convergencia de luchas contra los efectos desastrosos de la política antisocial y represiva de Emmanuel Macron en estos diez últimos años. El resultado ha superado todas las previsiones, como ya lo analizan los sociólogos.
Entre ochocientos mil y un millón de manifestantes en toda Francia, más de doscientos mil en París, (según la policía 550.000 en Francia y 110.000 en Paris) según las cifras que circulan, y como única respuesta del gobierno una gestión policial brutal del «orden público», que es hoy cuestionada por todos los medios informativos en Francia y en el extranjero, así como por la Unión Europea.
La juventud lucha por su futuro, por una vida digna
La chispa que ha encendido la colera popular ha sido la violenta represión policial desde hace ya un mes contra el movimiento estudiantil en los liceos, chavales menores de edad. Pero esa colera va siendo acumulada por movimientos sociales sucesivos a lo largo de estos últimos años: las propias reivindicaciones estudiantiles y de los profesores de la escuela pública, del personal hospitalario, el abandono por el poder de los servicios públicos, la política racista y antisocial en las periferias urbanas, la «ley trabajo», la carestía de la vida, la congelación de salarios, de los gilets jaunes a las organizaciones sindicales, la lucha por una jubilación digna, contra la política antiecológica y antisocial de Macron.
El hecho nuevo en esta movilización es la participación masiva de una juventud venida de medios sociales muy diversos denunciando la desigualdad social creciente que afecta muy particularmente a los municipios más desfavorecidos del país. La palabra solidaridad que empezaba a estar en desuso, vuelve con fuerza en esta movilización excepcional de la juventud francesa.
La convergencia de luchas es evidente, aunque la diversidad de las manifestaciones espontáneas anunciadas ha facilitado una brutal intervención policial que niega por vez primera de forma explicita el derecho constitucional de manifestación, con el pretexto de una violencia urbana que tiene lugar generalmente al margen de las manifestaciones y cuyo origen es siempre incierto.
Un gobierno que recurre hoy al toque de queda con diferentes modos operativos en París, Lyon, Lille, Niza y Guadalupe, y amenaza con el estado de excepción como prueba flagrante de su incapacidad a dar una respuesta política a la protesta popular.
Pese al anunciado toque de queda, la policía permitió la pasada noche un desfile en Lyon de varios cientos de neonazis en la que antaño fue capital histórica de la resistencia contra el fascismo. La misma policía reprime en cambio a decenas de miles de jóvenes. que gritan pacíficamente: Somos todos antifascistas.
El rey está desnudo, su única propuesta es prohibir las manifestaciones y reprimir en todas direcciones.
Según el gobierno, la violencia urbana provocada por varios miles de «casseurs[1]» es suficiente para justificar la represión ciega contra un movimiento social que ha reunido cerca de un millón de personas en las calles del país.
Los desbordamientos que ha habido con invasión de edificios públicos, saqueo de tiendas de lujo y destrucción de mobiliario urbano, son la consecuencia de la incompetencia y la ceguera gubernamental. Incapacidad de prever o inacción para evitar tales desbordamientos, pese a un despliegue de sesenta mil policías antidisturbios.
Mientras el país vivía este estallido social, una imagen muestra la actitud provocadora o desconectada de la realidad de Emmanuel Macron, festejando con su esposa en un concierto de Céline Dion. No es un azar pues si los manifestantes le comparan con Luis XVI y con María Antonieta. Macron acaba su segundo mandato como empezó el primero, aislado, en minoría flagrante, ejerciendo un poder ilegitimo de forma brutal y autoritaria.
En su discurso a la nación este domingo, el jefe del Estado no ha aportado ningún elemento nuevo a su estrategia de desgaste, sin responder a las justas reivindicaciones planteadas, y amenazó con prohibir el derecho de manifestación si estima que los edificios públicos están en peligro. Decididamente le preocupan más los bienes mobiliarios que los seres humanos, y es precisamente su ceguera la que provoca hoy ciertos desbordamientos. Pan bendito esas imágenes espectaculares para un poder acorralado, tentado ya por declarar el estado de sitio, como le piden los neofascistas del RN.
Conviene insistir y repetirlo para contrarrestar la propaganda de la prensa y radio televisión ultraderechista y de los medios informativos dominantes: Ese millón de manifestantes luchan por una vida digna y no tienen intenciones violentas, pero en cambio son agredidos por esa policía que debería protegerlos.
Trágico balance y violación del derecho constitucional de manifestación.
Varios periodistas de Blast agredidos por la policía, heridos por disparos de granadas y LBD, 2400 personas detenidas, entre ellos numerosos menores, una adolescente pierde un ojo en Mulhouse, un pacifico concierto de la Orquesta del Nuevo Mundo disuelto con gases lacrimógenos en París, un estudiante en Saint Étienne amputado de una mano al estallar una granada, abogados y diputados agredidos.
La plaza de la República en París cercada por la policía con lanzamiento de gases lacrimógenos para provocar el pánico entre los manifestantes, fragmentar e impedir el normal desarrollo de la manifestación que había sido en teoría «autorizada», controles policiales y detenciones en las estaciones de tren y accesos a París en una fallida tentativa de impedir el desplazamiento de los manifestantes de la periferia hacia el centro de la capital. Así podemos resumir la estrategia de «mantenimiento del orden» que ha consistido este 17 de octubre 2026 simplemente en negar el derecho constitucional de manifestación y la libertad de expresión.
Ayuntamiento en Limoges y oficina de turismo en Lyon incendiados, Ayuntamientos de Marsella y Lille, y prefecturas de Angers y Burdeos invadidas y vandalizadas.
Por un lado, una violencia contra edificios públicos, o pillaje de ciertos comercios de lujo, imágenes espectaculares que alimentan la desinformación sobre el origen y las causas de esta poderosa movilización. Pues queda por determinar quién ha provocado esos desbordamientos.
Por el otro, una violencia policial contra las personas, de forma ciega e indiscriminada, contra menores o adultos, mutilación y heridos graves. Un muerto en París de crisis cardiaca en una situación aun no dilucidada. Al parecer se trata de un socorrista de Street Medic. Trescientas personas entre los miles de detenidos han comparecido ya ante los tribunales, sobre la única base de la acusación policial. Dos colectivos de abogados se movilizan aquí para defender a los inculpados, muchos de ellos menores de edad.
Cierto, vemos también en ciertas ciudades enfrentamientos entre una minoría de manifestantes a menudo encapuchados contra un ejército protegido y armado hasta los dientes, como salido de una película de ciencia ficción. En Marsella fueron los enfrentamientos más espectaculares. Pero amalgamar esa violencia urbana con las justas reivindicaciones de casi un millón de personas en las calles, es querer simplemente echar más leña al fuego por un poder acorralado que no tiene ninguna respuesta política que ofrecer.
Nuevas manifestaciones han sido convocadas para el 24 de octubre y durante el mes de noviembre. La respuesta militar de Macron no hace sino provocar una movilización aun mayor de consecuencias imprevisibles.
- El término francés «casseurs» (que literalmente se traduce como «rompedores» o «destrozones») se utiliza por el Gobierno francés para definir a los alborotadores, vándalos o delincuentes que se infiltran en las manifestaciones pacíficas con el único fin de provocar disturbios, saquear comercios, destruir mobiliario urbano y enfrentarse de forma violenta a la policía.



