Greenpeace y Podemos contra la reapertura de Garoña

Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que exige no reabrir Garoña, iniciativas que se une a la petición presentada hoy por Greenpeace en el Consejo de Seguridad Nuclear para frenar nuevas prórrogas a la actividad de la central nuclear que puedan dar lugar a indemnizaciones posteriores.

Voluntarios de Greenpeace piden el desmantelamiento de Garoña (c) Greenpeace / Mario Gómez
Voluntarios de Greenpeace piden el desmantelamiento de Garoña (c) Greenpeace / Mario Gómez

 

El diputado de Podemos por Álava, Juan López de Uralde, y el diputado de Burgos, Miguel Vila, han registrado este 21 de enero de 2016 dos proposiciones no de ley (PNL) en las que el grupo parlamentario de Podemos insta al Gobierno en funciones a no reabrir la central nuclear de Garoña (Burgos) y a eliminar todas las trabas administrativas y fiscales que tiene actualmente el autoconsumo eléctrico.

En la PNL Podemos defiende que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está dando pasos no solo para avanzar en la reapertura de Garoña, sino también para establecer compensaciones económicas a la empresa propietaria, Nuclenor, de cara a un futuro cierre. Podemos subraya que un Gobierno en funciones no puede plantear compensaciones económicas a una empresa privada que comprometan a un futuro Gobierno.

Además de instar al cierre definitivo con un calendario público de desmantelamiento, Podemos propone en su PNL desarrollar un “plan de reactivación económica de la zona, efectivo y dinamizador de la actividad de la comarca alrededor de alternativas productivas sostenibles, limpias y seguras”.

En una segunda propuesta energética, centrada en el autoconsumo eléctrico, Podemos pretende que el Gobierno derogue “todas las trabas administrativas, técnicas o económicas al autoconsumo eléctrico que no tengan justificación, tales como las previstas en el Real Decreto 900/2015”. La formación justifica la necesidad de fomentar el autoconsumo por motivos ecológicos, económicos y sociales.

Según la formación, el autoconsumo, que en general está asociado con la energía fotovoltaica, supone todos los beneficios que aportan las energías renovables, por ejemplo la reducción de emisiones de CO2 o el fortalecimiento de la soberanía energética.

Además, Podemos defiende que las prácticas de autoconsumo se deben encuadrar en un Plan de Transición Energético que a su vez dinamice una transformación del modelo productivo basado en la creación de empleos de alto valor añadido. Por último, la importancia del autoconsumo reside en la reordenación de fuerzas entre consumidores, productores y empresas en un sector como el eléctrico, donde dominan grandes monopolios. La posibilidad de instalar un equipo modular de generación fotovoltaica y abastecerse del mismo supondría un cambio muy significativo en el sector.

Para superar todos los escollos que actualmente encuentra el autoconsumo Podemos insta a “promover de manera urgente” una legislación de autoconsumo supere la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y que esté basada en los siguientes principios:

  1. La energía autoconsumida instantáneamente (aquella que no hace uso en ningún momento de la red eléctrica) estará libre de cualquier tipo de imposición.
  2. La energía vertida a la red por la instalación de autoconsumo será retribuida.
  3. No existirá límite alguno en la potencia de las instalaciones que puedan acogerse a esta normativa.
  4. Se simplificarán los trámites administrativos para dar de alta dichas instalaciones estableciéndose un procedimiento sencillo y ágil.
  5. Se permitirán instalaciones compartidas; por ejemplo, entre viviendas de una misma comunidad de vecinos.

Greenpeace pide en el CSN paralizar la renovación de Garoña

Greenpeace pide el cierre de la central nuclear de Garoña

Greenpeace ha mantenido este 21 de enero de 2016 una reunión en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en la que ha pedido a su presidente que paralice el proceso de evaluación de la licencia para la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

La organización ecologista denuncia que se está tramitando una licencia sin participación pública, rompiendo las buenas prácticas en materia de seguridad nuclear[1] y en contra del voluntad de la mayoría de los representantes del Congreso de los Diputados, que se han opuesto públicamente a esta reapertura.

“El pleno del CSN, sin unanimidad, está permitiendo que el Ministro de Industria del Partido Popular pueda conceder una licencia a Garoña. Así, Iberdrola y Endesa podrán exigir lucro cesante si el próximo Gobierno decidiera cerrarla. El Parlamento debe impedir el expolio de la hacienda pública que se está tramando por parte del Gobierno en funciones”, ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.

Además Greenpeace denuncia que el CSN está acelerando la publicación de un informe condicionado sobre la licencia hasta 2031 de la central nuclear para que el Ministerio de Industria pueda dar, en los últimos días de su gobierno en funciones, la autorización a Nuclenor (Iberdrola y Endesa) para volver a abrir la central. De esta manera las compañías propietarias podrían reclamar pérdidas por “lucro cesante” en caso de que el próximo gobierno decidiera desmantelar la vieja planta atómica.

Se trataría pues de una renovación inédita en la historia de la seguridad nuclear de España[2], porque autorizaría a llevar un reactor nuclear hasta los 60 años de vida (su vida útil de diseño estaba prevista hasta los 40 años) y porque permitiría una autorización administrativa de 17 años consecutivos (jamás en España se había dado una renovación de autorización de explotación por más de 10 años).

Los propios técnicos del CSN han denunciado públicamente la opacidad y dificultades para poder realizar su trabajo: “La situación interna de los técnicos del CSN enfrentados algunos de ellos a las decisiones políticas que está tomando el organismo es crítica y hay una manifestación de trabajadores y trabajadoras del CSN en estos momentos por este motivo a las puertas de la reunión, ha comentado Raquel Montón a su llegada a la reunión.

En la reunión Greenpeace también ha planteado la modificación del procedimiento interno para la clasificación en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES), el retraso de la actualización del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), motivada por el retraso del proyecto del ATC al ser este un elemento estratégico del PGRR, la situación del Código Ético y Plan de Comunicación que el CSN debía realizar y las recomendaciones de la organización sobre la actualización de la información relativa a Palomares por parte del CSN.

Notas:

  1. Según lo reflejado en el Acta del CSN, anexo I, Hasta la fecha las Revisiones Periódicas de Seguridad (RPS) deben realizarse cada 10 años y coinciden con el tiempo de duración las licencias. Esta coincidencia es una buena práctica reconocida internacionalmente y asumida por el CSN desde hace 20 años. Es la primera vez en la historia de la seguridad nuclear española que un titular ha solicitado una renovación de una autorización de explotación de una planta nuclear por un período de tiempo superior a los 10 años. Desde el punto de vista de la seguridad nuclear y radiológica, el Pleno no ha aclarado aún si puede o no aceptarse esta anómala solicitud de Nuclenor.
  2. Resumen del proceso de Garoña. La central nuclear de Garoña alcanzó el límite de su vida de diseño de 40 años en 2011 y tenía permiso de operación hasta el 6 de julio de 2013. En julio de 2012, el Ministerio de Industria revocó parcialmente la Orden Ministerial que establecía el cese de explotación hasta esa fecha. Nuclenor solicitó un aplazamiento para pedir esta nueva ampliación de vida, que no le fue concedido en 2012, pero sí en 2013. A pesar de que finalmente consiguió este aplazamiento no solicitó una nueva licencia y el Ministerio de Industria procedió a declarar el cese de explotación definitivo. Tras el cese, se modificó el Proyecto de Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, que amparaba la posibilidad de una nueva solicitud de ampliación de vida para Garoña. El 22 de febrero de 2014 el Consejo de Ministros aprobó esta nueva norma y Nuclenor solicitó el 27 de mayo de 2014 una licencia para operar hasta el año 2031. No obstante, en diciembre de 2012 Garoña se desacopló de la red eléctrica alegando motivos económicos, motivo por el cual el 17 de julio de 2014 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le impuso la máxima multa posible.

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