Representantes de Greenpeace han mantenido una reunión este martes 2 de febrero de 2016 en el Congreso de los Diputados con representantes de PSOE, Podemos, EH Bildu, ERC, Compromís y Unidad Popular en el que se ha analizado cómo poder paralizar el proceso de reapertura de la central nuclear de Garoña, y que ha tenido como resultado una iniciativa conjunta de los grupos parlamentarios para instar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión de cualquier decisión sobre la reapertura de la planta nuclear hasta que no se conforme el nuevo Gobierno.
Además, pedirán la comparecencia urgente del presidente del CSN, Fernando Martí, en cuanto se forme la Comisión de Industria, que tendrá lugar previsiblemente la próxima semana, y se van a explorar vías de actuación desde los parlamentos autonómicos.
“El CSN se debe al Parlamento, no al Gobierno, por lo que pedimos a todos los grupos parlamentarios que en el ejercicio de sus funciones se sumen a la solicitud para que no se tome ninguna decisión sobre la reapertura de Garoña hasta que no se conforme un nuevo Gobierno”, ha declarado Mario Rodríguez, director de Greenpeace. “No solo está en juego el cierre de Garoña, sino el futuro del parque de centrales nuclear español”.
Tras la reunión, la organización ecologista ha valorado el desarrollo del encuentro ya que se ha materializado en un compromiso firme y positivo: “Este acuerdo es un primer paso que evidencia que la mayoría parlamentaria actual es contraria a la reapertura de Garoña”, ha manifestado Raquel Montón, responsable de la campaña Antinuclear de Greenpeace.
El proceso
Nuclenor, empresa propietaria de la planta de Garoña (participada a partes iguales por Iberdrola y Endesa) solicitó en 2014 una licencia para que la instalación pueda operar hasta 2031, a pesar de que ya ha superado los 40 años en funcionamiento y de llevar más de tres años parada. Actualmente, el Consejo de Seguridad Nuclear está acelerando los trabajos de evaluación de Garoña, lo cual podría facilitar su reapertura si así lo aprueba el actual Gobierno en funciones.
La mayoría de los actuales parlamentarios y parlamentarias que forman el Congreso de los Diputados se oponen a la reapertura de la central nuclear, por lo que Greenpeace les ha instado a que lleven a cabo una acción parlamentaria conjunta para paralizar el proceso mientras haya un Gobierno en funciones. Greenpeace ha expuesto en la reunión factores clave como la ausencia de participación pública en todo el proceso, apelando al derecho a la información y al medio ambiente. También ha denunciado la necesidad de un estudio de Impacto Ambiental, y ha solicitado que pidan al CSN que continúe con la orden de cese definitivo de explotación el 5 de julio de 2013, que aún está vigente.
La central nuclear de Garoña alcanzó el límite de su vida de diseño de 40 años en 2011 y tenía permiso de operación hasta el 6 de julio de 2013. En julio de 2012, el Ministerio de Industria revocó parcialmente la Orden Ministerial que establecía el cese de explotación hasta esa fecha. Nuclenor solicitó un aplazamiento para pedir esta nueva ampliación de vida, que no le fue concedido en 2012, pero sí en 2013.
A pesar de que finalmente consiguió este aplazamiento no solicitó una nueva licencia y el Ministerio de Industria procedió a declarar el cese de explotación definitivo. Tras el cese, se modificó el Proyecto de Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, que amparaba la posibilidad de una nueva solicitud de ampliación de vida para Garoña.
El 22 de febrero de 2014 el Consejo de Ministros aprobó esta nueva norma y Nuclenor solicitó el 27 de mayo de 2014 una licencia para operar hasta el año 2031. No obstante, en diciembre de 2012 Garoña se desacopló de la red eléctrica alegando razones económicos, motivo por el cual el 17 de julio de 2014 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le impuso la máxima multa posible.
Enlaces:
