Vivimos una violencia desenfrenada, nuestra realidad es lacerante, se incrementan enormes desigualdades, asimetrías y exclusiones, hechos sobre los que cotidianamente la Prensa debe reportar, Guatemala se ha ido sumergiendo cada vez más en una nebulosa de criminalidad que amenaza con tendernos un cerco del que probablemente muchos de nosotros no sobrevivamos.
Y ahora el gremio periodístico se vio enlutado con el asesinato de Danilo López, corresponsal de este medio, y de Federico Salazar, de Radio Nuevo Mundo. Ellos perdieron la vida de manera alevosa y premeditada a manos de criminales que, en abierto desafío a las autoridades, dispararon a mansalva contra los comunicadores, quedando también herido el colega Marvin Túnchez.
El crimen organizado y la narcoactividad han implantado la censura y la autocensura en los departamentos, donde es impensable informar, sin arriesgarse, sobre esos grupos criminales, cuyo poder logístico y capacidad económica rebasa las del Estado. Pero también las autoridades locales y otros actores se han convertido en una amenaza para los periodistas.
La debilidad de las instituciones y la ausencia del Estado en muchos lugares del país completan ese cuadro, provocando que hechos ilícitos queden ocultos. La corrupción, la trata de personas, de combustible, de mercaderías, los negocios ilícitos y otros delitos contemplados en la ley de crimen organizado, así como las actividades de la narcoactividad: siembra y cultivo, procesamiento, almacenamiento, tráfico, consumo de drogas y lavado de dinero, implican riesgos para la vida y la seguridad de las personas en general y para los periodistas en particular.
Todas las vidas tienen el mismo valor, todos los delitos, especialmente los que afectan la vida y la seguridad, deben ser investigados y los culpables sometidos a la justicia. Los periodistas no estamos demandando privilegios, pero silenciar a la Prensa es privar de información a la sociedad, con lo que se violan derechos individuales y colectivos.
La censura cercena la libertad de opinión y de información y la autocensura es un gran agravio para la conciencia de un periodista que sabe que los hechos de los cuales tiene conocimiento son relevantes, de interés público, pero que no los puede difundir.
Esta tragedia tiene que producir algún resultado, a la inversa de lo que los asesinos calcularon. Los profusos mensajes de unidad del gremio, la solidaridad nacional e internacional, las demandas de justicia dirigidas a las autoridades son contundentes e invaluables aunque a los criminales no les importan ni les afectan estas acciones. Ellos buscan sembrar el terror y disuadir a los comunicadores para que no reporten sus fechorías. Nosotros demandamos que los encarcelen.
Las autoridades y los entes encargados de la seguridad, de la aplicación de la justicia tienen la obligación de responder a nuestras demandas. Los estamos emplazando a que prive el estado de Derecho, que sea efectiva la subordinación de gobernantes y gobernados al imperio de la ley.
Además de la investigación, juicio y castigo a los culpables, exigimos al Gobierno fortalecer la Unidad Fiscal de delitos contra periodistas, dar apoyo logístico a la unidad de investigación de delitos contra defensores de derechos humanos y hacer eficiente y ágil el Protocolo de Medidas de Seguridad Inmediatas a favor de defensores de derechos humanos, compromiso asumido por el ministro de Gobernación.
Mi solidaridad con las familias de los periodistas asesinados y con el colega Túnchez.
