Mariano Vázquez [1]
El expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín han sido condenados por una corte del Estado de Florida en el que se encontraban huidos de la justicia de su país, que los ha considerado culpables de asesinatos extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad y homicidio culposo durante la denominada «Guerra del Gas» de 2003.
El 12 de octubre de 2003, el gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada –el presidente que hablaba mejor inglés que español– había dado la orden de liberar, a sangre y fuego, el paso a los camiones de gasolina para abastecer La Paz, sede del poder ejecutivo que se encontraba sitiada por los manifestantes, en una acción que emulaba otra de 1781 cuando los líderes aymaras Túpac Katari y Bartolina Sisa cortaron todas las vías de comunicación de los colonizadores.
La metrópoli más alta del mundo, ubicada a 4000 metros sobre el nivel del mar, amanecía con tanques, jeeps, helicópteros artillados y miles de soldados con las caras pintadas que custodiaban celosamente los convoyes de hidrocarburos. Los alteños se abalanzaban con palos y piedras sobre esa caravana: 37 hombres y mujeres fueron asesinados por las balas de los militares. Una treintena caería los días siguientes.
Los incidentes se iniciaron debido al hartazgo por las medidas de ajuste y privatización que se transformó en ira cuando el pueblo descubrió que se pretendía exportar gas natural a precio de gallina muerta a Estados Unidos vía Chile. Este no es un dato menor: en 1879 Chile invadió, instigado por el capital británico para apoderarse del salitre y el huano, los territorios bolivianos de Antofagasta, Calama, Tocopilla y Mejillones, en un conflicto que se extendió por cuatro años y que derivó en la pérdida total para el país andino-amazónico de su salida al mar y su definitivo enclaustramiento.
Esta masacre se producía además un año y diez meses después de otra cacería policial ordenada por Fernando De la Rúa que dejaba 39 muertos, y que condujo a su fuga en helicóptero de la Casa Rosada.
El 5 de marzo de 2018, el juez James l. Cohn de la Corte del Distrito Sur de Florida aceptó una demanda civil contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín por sus responsabilidades en la represión militar de las protestas ocurridas en octubre de 2003, que dejó un saldo de 67 muertos y más de 400 heridos. Por primera vez en quince años se sentaron en el banquillo de los acusados. Ambos huyeron del país tras la matanza y desde entonces son prófugos de la justicia boliviana.
El 3 de abril de 2018, el jurado de la Corte de Fort Lauderdale del Estado de Florida los declaró “culpables” y deberán pagar una indemnización que ronda los 10 millones de dólares. Se comprobó que idearon un plan para asesinar civiles y así terminar con las manifestaciones opositoras contra el ajuste. Tras una década de pasillos de tribunales los familiares de las víctimas fueron escuchados. La Ley de Protección para las Víctimas de Tortura permite a la justicia de los Estados Unidos arbitrar por delitos cometidos fuera de sus fronteras. Nunca un expresidente recibió tal condena. La Asociación de Familiares Caídos de Octubre agradeció el veredicto del jurado ciudadano y lo calificó como “un triunfo contra la impunidad”.
- Noticia ampliada sobre esta sentencia y sus antecedentes en tiempoar.com.ar
- Información distribuida por la Agencia Latinoamericana de Información
