El tribunal de apelaciones de París estudia las demandas de extradición enviadas por la justicia italiana relativas a nueve miembros de la extrema izquierda italiana, condenados por terrorismo en la década de 1970 –lo que se conoce como «los años de plomo»- y refugiados desde la década de 1980 en Francia.
Se trata de un grupo de hombres y mujeres que hoy tienen más de sesenta y setenta años, a quienes la justicia francesa ha escuchado, el pasado 29 de abril de 2021, manifestar que se niegan a ser extraditados y ha dejado en libertad bajo control judicial, lo que significa prohibición de salir del territorio francés, entrega del pasaporte y presentaciones periódicas a la policía durante el procedimiento, que puede ser varios meses, mientras da curso a las nueve demandas de extradición.
Los sexagenarios y septuagenarios reclamados por Roma son la exmiembro de las Brigadas Rojas Marina Petrella, de 66 años, el exmiembro de Proletarios Armados por el Comunismo Luigi Bergamin, de 72 años, Raffaele Ventura, antiguo miembro de Formaciones Comunistas Combatientes; además de Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli y Sergio Tornaghi de las Brigadas Rojas, Giorgio Pietrostefani de Lotta Continua y Narciso Manenti de los Núcleos Armados contra el Poder territorial. Maurizio Di Marzio, el último de los reclamados, se encuentra huido en paradero desconocido.
El organismo de la televisión pública francesa France Télévisions, ha publicado en su digital una extensa explicación de la génesis de las Brigadas Rojas y por qué algunos de sus miembros encontraron refugio en Francia, amparados por la «doctrina Mitterand». He aquí un resumen:
«El grupo de las Brigadas rojas, uno de los varios movimientos activos de la extrema izquierda italiana a finales de la década de 1960, se creó en 1970 y optó por la lucha armada como método de protesta y ‘para criticar la moderación del Partido Comunista Italiano (PCI), muy potente entonces. Existían otros grupos de extrema izquierda, pero este era el principal’. El período de actividad de las Brigadas Rojas se confunde con los ‘años de plomo italianos’, de enorme tensión política entre la extrema derecha y la extrema izquierda, con gran violencia en la calle y múltiples actos de terrorismo que causaron miles de víctimas.
Desde su creación, el grupo llevó a cabo acciones espectaculares, como el secuestro de empresarios, y a partir de 1974 fue pasando progresivamente a actuaciones armadas, cometiendo varios atentados, así como ataques a magistrados, policías, profesores y periodistas, alcanzando el punto álgido en 1978 con el secuestro y asesinato de Aldo Moro, presidente del partido Democracia Cristiana (DC), el más fuerte de la época, y expresidente del Consejo (el jefe del Estado), que calificaron como ‘conclusión de una batalla’, y que condenó la totalidad de la clase política italiana.
En los años 1980, cientos de militantes italianos de extrema izquierda, y entre ellos exbrigadistas, huyeron a Francia, respondiendo a los discursos del recién elegido presidente, el socialista François Mitterrand, quien siempre recordaba el compromiso de Francia con los derechos humanos y su voluntad de acoger a ‘los perseguidos por razones políticas’, aunque no a los implicados en delitos de sangre.
La ‘doctrine Mitterrand’ embarró durante largos años las relaciones entre los gobiernos de París y Roma, prácticamente hasta agosto de 2002 cuando, siendo presidente Jacques Chirac, fue extraditado Paolo Persichetti, exmiembro de las Brigadas Rojas. En 2004 hubo una dura polémica en torno al caso de Cesare Battisti, condenado en Italia a cadena perpetua por cuatro asesinatos, quien llevaba quince años refugiado en Francia, donde escribía novelas policíacas. Cuando estaba a punto de ser extraditado huyó a Brasil. En 2019 fue detenido en Bolivia y finalmente entregado a Italia, donde reconoció su responsabilidad en los asesinatos que se le imputaban y se encuentra cumpliendo cadena perpetua.
El proceso abierto para las diez extradiciones que estudia ahora el tribunal parisino es una respuesta al ‘requerimiento urgente’ efectuado el pasado 8 de abril por la ministra italiana de Justicia, Marta Cartabia, a su homólogo francés, Eric Dupont-Moretti, para evitar que prescriban los delitos. Respuesta que aplaude el Primer Ministro italiano, Mario Draghi , recordando que se trata de personas ‘que dejaron una herida que permanece abierta’ en la sociedad italiana».
