Amnistía Internacional ha lanzado este 3 de octubre una campaña para denunciar la situación de derechos humanos en Rusia cuando se inicia la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos de invierno que se celebrarán en Sochi el próximo mes de febrero.
“La llama olímpica puede ahora arrojar luz sobre las violaciones de derechos humanos que las autoridades preferirían ocultar tras los decorados de celebración –ha señalado John Dalhuisen, director del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central–. Es importante que todos quienes tienen algo que ver con los Juegos sean conscientes de la restricciones impuestas por las autoridades rusas a la sociedad civil y a los ciudadanos de a pie y utilicen su influencia para oponerse a ellas.”
Con la llegada de la llama olímpica a Moscú y el comienzo de su viaje a Sochi el 7 de octubre, centenares de miles de miembros de Amnistía Internacional protagonizarán una serie de actos y protestas en todo el mundo.
Seguidores de la organización de numerosas ciudades, de Otawa a Puerto Rico y de Varsovia, a París, Bruselas y Moscú, organizarán vigilias, flash mobs y piquetes en lugares públicos y delante de las embajadas rusas para sensibilizar sobre las diversas violaciones del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica que se cometen en Rusia.
“La fanfarria y las espectaculares ceremonias olímpicas no ocultarán el hecho de que se están pisoteando derechos humanos fundamentales pese a estar garantizados de manera explícita por la Constitución rusa y por tratados internacionales de derechos humanos en los que Rusia es parte”, ha afirmado John Dalhuisen.
Amnistía Internacional también lanza una ciberacción en su centro de activismo en Internet, www.actuaconamnistia.org, con el objetivo de recoger 100.000 firmas en todo el mundo que se enviarán al presidente Vladimir Putin con un solo mensaje: respeto a la libertad de expresión, reunión y asociación en Rusia. Las firmas se recogen desde este momento hasta el 27 de enero próximos bajo el lema: “Preparados, listos… ¡prohibido!”
La campaña de Amnistía Internacional pondrá de relieve lo siguiente:
- Tres presos de conciencia, Vladimir Akimenkov, Artiom Saviolov y Mikhail Kosenko, que se encuentran recluidos desde hace más de un año únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión. Fueron detenidos en mayo de 2012 en la plaza de Bolotnaya de Moscú, en medio de la oleada de manifestaciones masivas que se celebraron tras las controvertidas elecciones parlamentarias y presidenciales de 2011 y 2012. En relación con las manifestaciones de la plaza de Bolotnaya están siendo juzgadas en Moscú 13 personas, y hay varias más en espera de juicio.
- La legislación que restringe las manifestaciones pacíficas, en aplicación de la cual se imponen fuertes multas a los organizadores de manifestaciones por incumplimiento de una restrictiva lista de normas y reglas aplicadas a menudo arbitrariamente. En 2013 se detuvo sólo en Moscú y sus alrededores a más de 600 personas en el curso de 81 actos.
- La legislación de 2012 sobre “agentes extranjeros”, que desencadenó una campaña de represión de las ONG en todo el país, incluida la inspección de la oficina de Amnistía Internacional en Moscú. Como consecuencia de actuaciones judiciales emprendidas por la Fiscalía contra ONG se han impuesto cuantiosas multas a varias organizaciones y a sus dirigentes. Muchas otras ONG de toda Rusia han recibido oficialmente la orden de registrarse como “agentes extranjeros” o les impondrán sanciones similares.
- La legislación homófoba promulgada en 2013, que se utiliza para restringir la libertad de expresión y reunión de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) y ha fomentado ya la violencia homófoba en toda Rusia. Los actos LGBTI son interrumpidos por contramanifestantes y prohibidos por las autoridades, que detienen a los participantes por hacer “propaganda de relaciones no tradicionales entre menores”. Toda persona que infrinja la ley, incluidos los extranjeros, puede ser sancionada con multas de hasta 3.000 dólares estadounidenses.
- La ley sobre la “blasfemia” promulgada tras la, aunque provocativa, breve y pacífica actuación de carácter político del grupo punk Pussy Riot en la principal iglesia ortodoxa rusa de Moscú en 2011. Dos de las participantes cumplen en la actualidad una condena de dos años de prisión, impuesta en un juicio de motivación política. Una de ellas, Nadezhda Tolokonnikova, está en huelga de hambre y se halla recluida en régimen de aislamiento tras haberse quejado de las condiciones de la prisión.
- La ausencia de investigaciones efectivas de los asesinatos de periodistas y activistas de los derechos humanos. Anna Politkovskaya murió de un disparo en 2006, pero jamás se ha identificado a quienes planearon su homicidio. No se ha llevado a nadie ante la justicia por los homicidios de Natalia Estemirova, Khadzhimurad Kamalov y Akhmednabi Akhmednabiev, entre otros.
”Las autoridades rusas no deben utilizar la retransmisión de los Juegos Olímpicos en pantallas de televisión de todo el mundo como una cortina de humo tras la que poder cometer abusos contra los derechos humanos en todo el país”, ha señalado John Dalhuisen.
“Todo intento de las autoridades rusas de utilizar la Carta Olímpica como pretexto para impedir que personas o activistas participen de manera más general en manifestaciones legítimas y pacíficas no sólo sobrepasará la prohibición prevista en la Carta, sino que también violará las normas sobre la libertad de expresión, asociación y reunión.”
“La Carta Olímpica prohíbe las manifestaciones en las instalaciones olímpicas, pero sólo debe tomarse tal medida en instalaciones y zonas deportivas y únicamente con fines legítimos. También en los Juegos Olímpicos son aplicables los derechos humanos. Los Juegos los acoge una ciudad, pero en la práctica también lo hace el país en general, y la violación de derechos humanos fundamentales en ese país, como vemos que ocurre en Rusia, es algo inaceptable y a lo que debe ponerse fin de inmediato.”
“Toda persona para la que los derechos humanos tenga un gran valor y toda persona que tenga algo que ver con los Juegos Olímpicos, incluidas las participantes en su organización y desarrollo, deben pronunciarse abiertamente sobre las violaciones del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.”
