El Fiscal General de Arabia saudí ha anunciado este 23 de diciembre de 2019 la condena a muerte de cinco ciudadanos saudíes implicados en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, cronista del diario estadounidense Washington Post, que tuvo lugar el 2 de octubre de 2018 en el consulado saudí en Estambul, cuando entró para retirar unos documentos que necesitaba para contraer matrimonio y quince agentes secretos saudíes le inyectaron una dosis de un producto letal y después desmembraron su cuerpo, para hacerlo desparecer.
De las once personas juzgadas por este crimen, cinco han sido condenadas a muerte, tres a penas de cárcel que suman veinticuatro años, y el resto han quedado en libertad; entre ellos, por “falta de pruebas”, Saud al-Qahtani, un consejero real y confidente del príncipe heredero Mohámed bin Salmán (conocido como MSB), a quien muchos analistas internacionales, la CIA y un informe de la ONU, consideran el instigador del crimen, así como el antiguo número dos de la inteligencia saudí, el general Assiri, de quien se sospecha que supervisó el asesinato del periodista.
Según el comunicado de la fiscalía, el tribunal de Ryad encargado del caso ha celebrado nueve audiencias con asistencia de representantes de la comunidad internacional –lo que no dice es que se prohibió expresamente la existencia de intérpretes de árabe- y de familiares de Jamal Khashoggi, concluyendo que “la muerte no fue premeditada”.
Una vez conocida la sentencia, Reporteros sin Fronteras ha manifestado que en el juicio se ha pisoteado la justicia, no se han respetado los principios de justicia internacional y la condena “podría ser una forma de silenciar para siempre a los testigos del asesinato”. En parecidos términos se ha expresado la organización Human Rights Watch.
La ponente especial de Naciones Unidas, Agnès Callamard, había pedido que fuera objeto de una investigación separada el papel desempeñado en el crimen por MBS. Un deseo que no se ha tenido en cuenta.
Por su parte, el Foreign Office británico ha pedido al gobierno saudí que «se asegure de que todos los responsables rindan cuentas», mientras que el ministerio turco de Asuntos Exteriores ha manifestado que las condenas «están muy lejos de responder a las expectativas de su país y de la comunidad internacional para que se aclaren todos los aspectos del asesinato».
«La sentencia sirve para blanquear y no aporta ni verdad ni justicia para Jamal Khashoggi y su familia», ha escrito en un comunicado Lynn Maalouf, directora de Investigaciones para Oriente Medio de Amnistía Internacional, hablando de «un proceso injusto».
Muy conocido en los medios de comunicación de su país y exiliado en Estados Unidos, Jamal Khashoggi, de sesenta años, denunciaba frecuentemente en sus crónicas en el Washington Post la deriva autoritaria del príncipe Mohámed bin Salmán, el hombre fuerte del reino saudí.
Según fuentes oficiales de Arabia Saudí, el asesinato del periodista fue concebido y ejecutado “por elementos fuera de control de los servicios de inteligencia”, sin que lo supiera MBS; una versión que no convence en absoluto a la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), que estima que la operación no se pudo llevar a cabo sin el aval del príncipe heredero, que es quien controla los servicios de seguridad.
El gobierno turco, que acusa del asesinato a los “niveles más altos del gobierno saudí”, ha pedido la extradición de los dieciocho saudíes detenidos en su país como “sospechosos de implicación en el asesinato”. Pero Arabia Saudí ha respondido negativamente, asegurando que serán juzgados en su país.
