El abogado británico de origen paquistaní Karim Khan, de 51 años, quien hasta ahora se encargaba de una investigación de la ONU sobre los crímenes de guerra cometidos por el Estado Islámico en Irak es desde hoy, miércoles 16 de junio de 2021, el nuevo Fiscal General del Tribunal Penal Internacional (TPI).
Karim Khan es la tercera persona –después del argentino Luis Moreno Ocampo y la gambiana Fatou Bensouda– que ocupará en un mandato de nueve años, no renovables, este cargo en la institución penal internacional, creada en 2002 por el Estatuto de Roma para juzgar las atrocidades cometidas en todo el mundo, con sede en La Haya.
Especialista, licenciado en el King’s College londinense en justicia internacional y justicia de los derechos humanos, tiene experiencia en el campo que ahora se le ha encomendado ya que anteriormente trabajó en las oficinas de los fiscales especiales de los tribunales para la antigua Yugoeslavia y Ruanda.
Considerado, según el diario británico independiente The Guardian, como un abogado «coriáceo» y «ferozmente inteligente», el Comité de expertos encargado de evaluar las candidaturas para el cargo de Fiscal General definió a Karim Khan, nacido en Edimburgo, como «un comunicador carismático y elocuente, muy consciente de sus éxitos (…) y que ha dado prueba de un compromiso claro a favor de un ambiente de trabajo donde el acoso esté excluido».
Porque, en efecto, según la información del diario francés Libération, «una de las pesadas tareas que deberá emprender en cuanto se instale es la de reformar las muchas disfunciones que presentó la Oficina del Fiscal durante el controvertido mandato de Luis Moreno Ocampo (…) considerado responsable del fracaso del enjuiciamiento en 2014 del presidente de Kenia, Uhuru Keniata, y del vicepresidente William Ruto en 2016, acusados de crímenes contra la humanidad por las violencias étnicas tras las elecciones de 2007-2008» (entonces Karim Khan se encargó de la defensa de Ruto)
Igualmente tendrá que hacer olvidar los fracasos de su antecesora, Fatou Bensouda, quien fue incapaz de detener al expresidente sudanés Omar el-Bechir y asistió, en el pasado mes de marzo, al «blanqueamiento definitivo» del ex presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, acusado de crímenes contra la humanidad, quien regresó triunfalmente al país tras diez años de procedimiento.
Según una auditoria publicada a finales de 2020, hay que reformar «toda la organización de la oficina del Fiscal», que está formada por trescientas personas. Encargado a partir de ahora de la acusación ante el TPI, Karim Khan tendrá también que reforzar la legitimidad de la jurisdicción internacional «criticada frecuentemente por su debilidad» y vilipendiada por algunos estados, que no la reconocen, entre los que se encuentran Estados Unidos e Israel.
La fiscal Fatou Bensouda fue muy criticada por haberse «focalizado en asuntos africanos», y objeto de sanciones por la ultraconservadora y xenófoba administración estadounidense de Donald Trump, incómoda tras la apertura de una investigación sobre las presuntas exacciones cometidas por algunos soldados de Estados Unidos en Afganistán, y una segunda contra los crímenes de guerra cometidos en los Territorios Palestinos ocupados.
Dos asuntos que ahora deberá investigar Karim Khan quien, en una entrevista el pasado mes de mayo, declaró haberse postulado para el cargo de Fiscal general «porque pienso que puedo cumplir y estoy dispuesto a llevar al Tribunal a las cotas más altas».
