La Organización Mundial de la Salud, (OMS), considera que los gobiernos son los que desempeñan la función más significativa para mejorar la vida de las personas con discapacidad, en temas relativos a la accesibilidad, la inclusión y los servicios y por ello, hace un llamamiento urgente para atender correctamente a este colectivo. Por ello, les recomienda que asignen los recursos suficientes y necesarios a los servicios existentes de financiación pública para que esto sea una realidad. Las recomendaciones forman parte del Informe Mundial sobre la Discapacidad que corresponde al año 18, en el que se destaca que en los países de altos ingresos, entre un 20 y un 40 % de las personas con discapacidad no tienen cubiertas sus necesidades de asistencia para las actividades cotidianas.
En dicho infome lamentan que la formulación de políticas no siempre incluye las necesidades de este colectivo y sigue poniendo el acento en la falta de accesibilidad en los transportes y servicios además de en los prejuicios que aún tiene la sociedad respecto de las personas con discapacidad.
Obstáculos a la hora de formarse; a la hora de ser escogidos en un empleo o el mero hecho de tener un problema de salud o de participar en el ámbito social, supone siempre una carga y una falta de consideración y de atención que hace que siempre tengan barreras. En los datos se constatan los peores resultados académicos, por falta de apoyo; las tasas más altas de pobreza y los peores datos sanitarios.
En este sentido, la Organización Mundial de la Salud recomienda a los gobiernos “asignar recursos suficientes a los servicios existentes de financiación pública, y financiar de forma apropiada la aplicación de la estrategia” y los planes de acción nacionales sobre discapacidad, así como “emprender campañas de comunicación para aumentar el conocimiento y la comprensión públicos de la discapacidad” y “establecer mecanismos para que las personas con discapacidad y terceras partes presenten denuncias sobre cuestiones de derechos humanos y sobre leyes que no se aplican o cumplen”.
En última instancia, piden al sector privado que faciliten el empleo a las personas con discapacidad, que se les asegure que tanto los proyectos de construcción, los espacios públicos, las oficinas, viviendas y otros lugares estén adaptados y tengan los recursos necesarios para que sean accesibles a todos los efectos, tanto para las discapacidades físicas, como para las sensoriales o intelectuales.
La discriminación de este colectivo sigue siendo una realidad en el siglo XXI; una realidad contra la que luchan millones de personas afectadas y sus respectivas familias aún.
