La prisión preventiva oficiosa «es contraria las garantías internacionales de protección de derechos humanos, como lo ha indicado la jurisprudencia del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas en múltiples ocasiones» indicó la presidenta-relatora del grupo, la jurista ecuatoriana Miriam Estrada-Castillo, informa la IPS.
El Grupo de Trabajo ha exhortado en consecuencia a México a que anule urgentemente la prisión preventiva obligatoria, conocida también como «prisión preventiva oficiosa» o «automática», que está incluida en la Constitución de ese país.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana discute la desaplicación del artículo 19 de la Constitución, según el cual los jueces deben privar de libertad hasta por dos años a los imputados, para asegurar la integridad de víctimas o testigos, así como el desarrollo de la investigación o la conclusión del proceso penal.
Procede en casos de delitos como violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, y desaparición forzada.
También en delitos como uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga y robo de hidrocarburos.
En la Suprema Corte hasta ahora hay mayoría en favor de mantener en vigor el artículo, y varios de sus magistrados sostienen el argumento de que ese máximo tribunal no tiene facultad para reformar el contenido de Constitución.
Pero el Grupo de Trabajo, que actúa bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU basado en la ciudad suiza de Ginebra, sostiene que la prisión preventiva oficiosa «ha llevado a múltiples violaciones de los derechos humanos, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley».
La prisión preventiva oficiosa «es, igualmente, contraria a la independencia judicial y al deber de fundamentar jurídicamente los motivos de la detención», dijo Estrada-Castillo, y además «pone en grave riesgo el derecho a la integridad personal y la garantía de no ser víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes».
«A pesar de que la prisión preventiva oficiosa sea establecida en la ley, ello no garantiza que no sea arbitraria», agregó la experta de la ONU.
En México, cuatro de cada diez presos están en prisión preventiva, es decir, sin una condena. Suman más de 92.000 y en su mayoría son jóvenes y de escasos recursos, de acuerdo con investigaciones de prensa en ese país.
Como los jueces otorgan nueve de cada diez peticiones de prisión preventiva, la probabilidad de ser encarcelado es prácticamente un hecho. Existen otras catorce medidas cautelares, pero encarcelar con prisión preventiva es la más usada.
El encarcelamiento de mujeres (12.420 al cierre de 2021) ha crecido al doble del ritmo de lo que ocurre con los hombres. Hoy ya es mayor la cifra de mujeres presas sin sentencia.
Aunque existe un techo formal de dos años como máximo para esa medida «una de las más serias consecuencias de la prisión preventiva obligatoria ha sido el que muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia», expuso Estrada-Castillo.
De ese modo «quedan en condiciones de riesgo grave para sus vidas e integridad personal, y esa situación contribuye al hacinamiento carcelario», agregó.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es partidario de sostener la prisión preventiva oficiosa, al considerar que hay peligros si se la elimina.
Beneficiaría «a las noventa mil personas sujetas a prisión preventiva, como narcotraficantes, secuestradores y feminicidas, que podrían solicitar mediante amparo ser excarcelados, con lo cual habría gran impunidad», dijo López Obrador al tratar el tema recientemente.
El Grupo de la ONU se declaró «consciente de los desafíos que enfrenta el gobierno en materia de seguridad pública», pero reiteró que «la prisión preventiva oficiosa pone a México en franca violación de sus obligaciones internacionales de derechos humanos, asumidas con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».
«Anular la prisión preventiva oficiosa no solo es un paso esencial para aliviar el problema de las detenciones arbitrarias en México, sino que también permitiría apaciguar la sobrepoblación del sistema penitenciario», insistió el Grupo.
Además de Estrada-Castillo, integran el Grupo de Trabajo de la ONU los expertos Mumba Malila (vicepresidente, exfiscal general de Zambia), Elina Steinerte (Letonia), Priya Gopalan (Malasia) y Matthew Gilllett (Nueva Zelanda).
