Estos días hemos conocido la decisión del secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, de renuncia a su acta de senador por Madrid, como consecuencia del pacto alcanzado por PP y PSOE para proceder a la renovación de vocales en el Consejo General del Poder Judicial, lo que significará la entrada en el órgano de gobierno de los jueces del magistrado Martínez Tristán, recusado por el Partido Socialista de Madrid por su actuación en el caso de las privatizaciones de los hospitales públicos madrileños.
Carlos Barra Galán
En primer lugar tengo que manifestar que tal decisión no me ha producido extrañeza ya que, tanto las declaraciones previas del Sr. Gómez como la recusación planteada por los socialistas madrileños sobre el ya citado magistrado hacían factible su renuncia. Dicho esto considero interesante efectuar algún apunte sobre las reacciones que esta renuncia ha suscitado en el seno de las filas socialistas así como sobre las declaraciones efectuadas por el presidente regional Sr. González.
De las declaraciones efectuadas por relevantes dirigentes del PSOE puede deducirse que la decisión de Gómez no ha sido de su agrado, aduciendo que había que anteponer la necesidad de concretar el acuerdo a la exclusión como futuro miembro del Consejo del magistrado Martínez Tristán, cuya actuación, en un tema tan trascendental como los recursos que han paralizado la privatización de los hospitales, ha sido en mi opinión inoportuna e inusual; conviene recordar que de consumarse la privatización de los seis hospitales se asestaría el definitivo golpe mortal a la sanidad pública madrileña y se producirían daños a la ciudadanía de muy difícil reversibilidad. Parece por tanto razonable que un líder político contrario al proceso privatizador como lo es Tomás Gómez albergue dudas sobre la imparcialidad del citado magistrado , lo recuse y además no lo quiera ver como miembro del máximo órgano de gobierno de los jueces.
Llegados a este punto, si tan trascendental era llegar a un pacto sería bueno preguntarse por qué el Partido Popular ha sido impermeable a la exclusión de Martínez Tristán, qué razones ha aducido para ello y cuán poderosas podría entenderse deben ser éstas como para poner en peligro la consecución de un pacto tan necesario e importante. En mi opinión el PP ha vuelto a repetir su ya conocida estrategia: cuando está en la oposición bloquea sistemáticamente la renovación de cargos en Instituciones esenciales de nuestra estructura política llevándolas a su colapso y cuando gobierna impone sus condiciones en el proceso de renovación de cargos; en mi opinión la inclusión del Magistrado en cuestión es un ejercicio más de la prepotencia que caracteriza la acción política del Partido Popular. En democracia la materialización de acuerdos y pactos entre las fuerzas políticas puede en muchos casos servir para fortalecerla, pero en otras ocasiones sacralizar a priori la bondad de los mismos, no deja de ser una justificación no solicitada.
Respecto a las declaraciones efectuadas por el Presidente Regional hay que decir que no aportan nada al debate suscitado por la renuncia de Tomás Gómez; el Presidente ha repetido la misma cantinela de siempre en relación a su permanente intención de deslegitimar al líder de la oposición madrileña, guardando silencio sobre las múltiples irregularidades y presuntas prácticas ilegales que han salpicado todo el proceso privatizador sanitario madrileño llevado a cabo por los gobiernos del PP donde él tenía muy importantes responsabilidades y que a día de hoy tiene imputados por la presunta comisión de delitos muy graves a dos exconsejeros de sanidad de esos gobiernos, los Sres Lamela y Güemes.
Mantengo que la renuncia de Tomás Gómez debe analizarse tomando en consideración el contexto en que se produce: una Comunidad, la madrileña, donde los gobiernos del PP han desmantelado en gran medida los servicios públicos esenciales y muy especialmente la sanidad pública. Una Comunidad donde la ciudadanía y los profesionales sanitarios han manifestado y lo siguen haciendo un rechazo total al proceso privatizador llevado a cabo por el PP al mismo tiempo que exigen de la oposición política posturas claras y contundentes en defensa de la sanidad pública; haciendo un siempre saludable ejercicio de memoria, podemos convenir que los socialistas reaccionaron con lentitud en la respuesta al objetivo privatizador explicitado ya por el PP en 2003. Las repetidas movilizaciones ciudadanas mantenidas hasta hoy, la toma de conciencia de los profesionales sanitarios y la evidencia del grave deterioro que se estaba produciendo en los centros sanitarios han sido elementos que han ayudado a los socialistas a recuperar la iniciativa política. Desde los principios de defensa del Estado de Bienestar y sus servicios públicos esenciales , asumiendo como suyas las reivindicaciones de ciudadanos y profesionales, la sanidad parece ser hoy una prioridad en la actuación política de los socialistas.
En este contexto de compromiso y asunción de responsabilidades es donde en mi opinión debe encuadrarse la renuncia de Tomás Gómez y contemplarla como un ejercicio de coherencia política con la posición que el PSM ha adoptado frente a la destrucción de la sanidad pública que practica el gobierno del PP.
Para ir concluyendo quiero manifestar que como madrileño y profesional sanitario , desde el más absoluto respeto a la honorabilidad del magistrado Martínez Tristán, comparto plenamente tanto su recusación como la decisión del Sr. Gómez de renunciar a su acta de senador al no poder conseguir la exclusión del citado magistrado como futuro miembro del Consejo. En un país donde si se me permite un tono coloquial “no dimite ni Dios”, es muy saludable para los hábitos democráticos que un responsable político renuncie a su cargo, más aún, si lo hace sin estar inmerso en ningún proceso judicial sino como disconformidad por una decisión política a la que previamente había manifestado su oposición. Es razonable pensar haya personas que piensen en otras intencionalidades en la decisión de Tomás Gómez al margen del ejercicio de coherencia que su renuncia comporta, están en su derecho, más en el momento actual donde la desafección de la sociedad en relación a la clase política ha alcanzado cotas altísimas parece difícil rebatir que el gesto del Secretario General de los madrileños tiene un efecto positivo en el camino de recuperar la credibilidad de los responsables políticos.
Personalmente creo que una mayoría de ciudadanos y profesionales sanitarios madrileños, que siguen movilizándose en defensa de su sanidad pública, consideran acertada la decisión de Tomás Gómez al que van a exigir que se mantenga firme en la defensa de la Sanidad Pública madrileña.
