Entidades de derechos humanos de las Naciones Unidas y del sistema interamericano reclamaron respeto por los derechos humanos en Perú, donde las protestas por la destitución de Pedro Castillo como presidente han dejado al menos siete muertos, decenas de heridos y un clima de emergencia en varias regiones, informa la IPS desde Ginebra.
Marta Hurtado, portavoz de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), declaró que «con el aumento de la violencia a medida que continúan las protestas en Perú, estamos profundamente preocupados de que la situación pueda escalar aún más».
«Dada la cantidad de protestas, incluidas huelgas, previstas para esta semana, hacemos una llamada a todos los involucrados para que ejerzan moderación», agregó Hurtado en la sede de la entidad en esta ciudad suiza.
En Perú la situación es particularmente tensa en regiones del sur, donde los manifestantes han bloqueado vías, intentado tomar aeropuertos y protagonizado choques con las fuerzas policiales, incluso usando explosivos caseros, y las fuerzas de seguridad son señaladas por utilizar munición real en sus disparos.
Decenas de policías y civiles han resultado heridos, y entre los manifestantes muertos hay varios adolescentes.
Desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), al condenar los hechos de violencia, pidió dialogar a las instituciones del Estado y a todos los sectores sociales «para la gobernabilidad, la preservación de la institucionalidad democrática y la garantía de los derechos humanos».
En cuanto a la situación de Castillo, la Cidh «llama al Estado a asegurar, de forma oportuna, las garantías del debido proceso y toda la asistencia especializada requerida», para el exmandatario depuesto y detenido el 7 de diciembre, después de que trató de establecer un gobierno de emergencia y disolver el parlamento.
En Lima se vivían horas de expectación porque la Corte Suprema evaluaba la apelación de Castillo a la orden de detención provisional, y de cuyo resultado depende que pueda ser liberarlo este miércoles 14 o mantenerlo entre rejas a la espera de juicio.
Entretanto, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México publicaron una declaración conjunta en defensa de los derechos de Castillo, «víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos».
Ese artículo de la convención aprobada en 1969 garantiza los derechos de elegir y ser elegidos que tienen los ciudadanos americanos mediante el sufragio, así como la libre expresión de la voluntad de los electores, y señala las limitaciones a ese derechos que pueden ser legalmente aceptables.
Los cuatro gobiernos llaman «a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos».
«Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio», añade el texto de los cuatro gobiernos, reconociendo a Castillo y sin mencionar a quien el Congreso legislativo de Perú designó para sucederle, la hasta entonces vicepresidenta Dina Boluarte.
La cancillería peruana replicó declarando que «las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre generaron la decisión del Congreso de declarar su vacancia en el marco del más estricto respeto a la Constitución Política del Perú».
El texto de Lima recuerda que Castillo «intentó disolver el Congreso de la República e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, entre otras medidas que constituyen un golpe de Estado».
«Ante este escenario, y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 115 de la Constitución Política del Perú, la vicepresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra asumió la Presidencia de la República», expone la réplica.
Agrega que «en atención al consenso existente en el Perú, la presidenta Boluarte ha presentado un proyecto de Ley al Congreso de la República para adelantar las elecciones generales, solicitando que se celebren en abril de 2024».
El período quinquenal que inició Castillo el 28 de julio de 2021 debía caducar el mismo día del año 2026.
La convocatoria inmediata a elecciones anticipadas, tanto para la presidencia como para el parlamento, la renuncia de Boluarte, y la libertad de Castillo, son las principales demandas expresadas en las manifestaciones que se han extendido en Perú, sobre todo en el sur, que votó masivamente por el detenido ex mandatario.
