España ha sido multada con una sanción de 12 millones por el tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento de la directiva comunitaria en materia de depuración de aguas residuales urbanas. Cerca de 17 municipios de más de 150.000 habitantes debían desde 2001 depurar correctamente sus aguas, y esto no ha tenido lugar diecisiete años después.
Localidades situadas en Andalucía, Canarias o Asturias que tendrán que pagar además cada seis meses mientras no cumplan con la normativa comunitaria, 11 millones de euros. El tribunal resalta en su texto el carácter especialmente prolongado de la infracción ya que hablamos de 18 años después de haber sido multada, calculando que no se depure hasta 2019.
España fue demandada por la Comisión Europea en abril del año pasado después de enviar diversas cartas de emplazamiento. Tras una condena sin multa, alertó que estaban llegando a su fin en 2011. Siete años después la sentencia hace referencia al incumplimiento en 37 aglomeraciones en España entre las que se encuentran las poblaciones: Tarifa, Matalascañas, Isla Cristina, Barbate, Alhaurín el Grande, Nerja, Benicarló, Peñíscola, Moraira, Santiago de Compostela, Vigo, Gijón, Valle Güimar, Noroeste de Tenerife entre otras.
La directiva europea marcó los requisitos que se debían tener en colectores y también el tratamiento para evitar que las aguas residuales fueran sin control derivadas a ríos o mares.
La fecha que dieron para ejecutar esos cambios fue diciembre de 2000. Los plazos se han ido posponiendo hasta llegar a nuestros días que ha sido cuando Bruselas ha destacado el deficiente progreso registrado. Algunas localidades están sin rematar las obras de depuración y otras tienen que resolver aún permisos administrativos. En cualquier caso, la Unión Europea seguirá sancionando a España hasta que este asunto no quede resuelto por no contribuir al medio ambiente y por la contaminación de ríos y mares que expresamente ha sido denunciada.
