«Imperialismo digital» lo ha llamado Dominique de Villepin, exprimer ministro (2005-2007), exministro de Asuntos Exteriores, también antes ministro de Interior de Francia.
Villepin lo ha calificado así después de que el gobierno de los Estados Unidos haya prohibido la entrada en su país (o anunciado la expulsión) contra cinco personalidades europeas. Washington considera censura las medidas legales europeas destinadas a contrarrestar el odio, las llamadas a la violencia y los contenidos falsos que las grandes corporaciones digitales estadounidenses dejan fluir libremente, cuando no lo favorecen de manera abierta o encubierta.
Los propietarios de las mayores redes digitales pretenden dirigir el mundo desde su país y no admiten las leyes europeas, al mismo tiempo que alientan –cada vez más abiertamente– los discursos extremistas de la ultraderecha.
Entre las personalidades sancionadas, Thierry Breton, quien fuera ministro de Economía de Francia y luego expresidente de la Comisión Europea (2019-2024). Como excomisario europeo del Mercado Interior, Breton se esforzó por hacer cumplir las normas de la UE a magnates tecnológicos como Elon Musk.
La Ley europea de Servicios Digitales trata de garantizar que las actividades que puedan ser ilegales fuera de Internet, también lo sean en la Red. Se trata de una ley acordada «de forma democrática por la UE para la UE» y que no tiene aplicación extraterritorial, ha recordado el ministro alemán Johann Wadephul.
Dominique de Villepin ha escrito que esa decisión de Washington «es un acto de hostilidad fuera de lo común que requiere una respuesta firme de la Unión Europea. Es hora de denunciar el colonialismo digital que agrede a Europa».
Para Villepin se trata de un test que la Administración de Donald Trump hace a la UE, «un test de nuestra soberanía y de nuestra dignidad» que constituye una advertencia: «Aún tenemos el poder de decir no. Porque cada renuncia a afirmar nuestro derecho lo debilita cada vez un poco más».
Trump cuestiona la Ley de Servicios Digitales (DSA, Digital Services Act, 2022) que se elaboró cuando Thierry Breton formaba parte de la Comisión Europea. Fue aprobada después por una mayoría amplísima del Parlamento Europeo.
La DSA forma parte también de un cierto impulso europeo para regular los servicios digitales y esclarecer la responsabilidad de las plataformas y corporaciones digitales, abriendo el camino para proteger más a los usuarios y consumidores europeos.
En Washington, el Departamento de Estado lo considera «una censura de las opiniones americanas» [sic]. Delirante.
Alguna personalidad europea habla de retorno clarísimo del viejo macartismo vigente en Estados Unidos durante mediados del siglo XX.
Por su parte, Marco Rubio, actual Secretario de Estado estadounidense, estima que la Administración Trump no puede tolerar «ciertos esfuerzos organizados para restringir y censurar plataformas americanas, desmonetizándolas y suprimiendo puntos de vista americanos». La derecha estadounidense alienta ese delirio y Rubio convierte la DSA en un acto de «flagrante censura extraterritorial». .
Los demás europeos sancionados (no todos de la UE, también hay dos británicos, Clare Melford e Imran Ahmed) están vinculados a organizaciones que luchan contra el odio y la desinformación en las redes sociales. Las ciudadanas alemanas Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, directoras de la ONG HateAid, han declarado en un comunicado que «no se dejarán intimidar».
Los cinco europeos afectados por la expulsión del territorio estadounidense (o por la prohibición de que entren en él), no tienen en estos momentos puestos oficiales en ningún gobierno.
Pero la ira de Donald Trump y su gobierno viene de atrás: rechazan que la UE lleve adelante una normativa que impone obligaciones de transparencia y veracidad a las grandes plataformas digitales de Estados Unidos.
Sin embargo, no hay ninguna medida europea que pueda considerarse extraterritorial.
En realidad, parece una respuesta a la multa reciente (primeros de diciembre) que la Comisión Europea impuso a la red social X (exTwitter) de 120 millones de euros por infringir la normativa de la UE. La cólera de Elon Musk por esa multa ha desencadenado la represalia anunciada en Washington por el Departamento de Estado.
Pero las reglas son idénticas para otras plataformas. El ministro francés de Asuntos Exteriores ha dicho que «TikTok las aceptó, X las rechazó. La Comisión Europea ha tomado medidas enérgicas y ha hecho bien. Esto es sólo el principio», ha advertido Jean-Noël Barrot. Desde el otro lado del Atlántico, Elon Musk, el vicepresidente J.D. Vance, etcétera, no dudan en preconizar públicamente –ni más ni menos– que la abolición de la UE.
Veremos si esa firmeza que aparece hoy en Bruselas se mantiene, y es auténtica, o si se trata únicamente de meras declaraciones para no hacer frente al «imperialismo digital» denunciado por Dominique de Villepin.
