Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha publicado, cuando se cumple un año del atentado contra Charlie Hedo, en el que ocho periodistas fueron asesinados, el informe La yihad contra los periodistas (disponible en francés y inglés), que trata de las agresiones perpetradas por los yihadistas del Dáesh, de Al Qaeda, de Al Shabab y de Boko Haram; del origen de su odio contra todos los reporteros; de las máquinas de propaganda del Islam radical y violento; de cómo los grupos extremistas buscan acabar con la información independiente para conquistar las mentes de los ciudadanos.
El informe se inicia mostrando la lista negra en la que se incluía a 11 periodistas, dibujantes e intelectuales, que fue publicada en la primavera de 2013 en la «revista» Inspire, de Al Qaeda. Junto a los nombres de Ayaan Hirsi Ali y Salman Rushdie, aparecía el de Stéphane Charbonnier, alias Charb, jefe de redacción de Charlie Hebdo. En el número 14 de esta “revista”, publicado en el verano de 2015, la matanza fue calificada como «el 11 de septiembre de Francia», y apareció una nueva amenaza contra Charlie Hebdo: «si recomienzan, regresaremos».
“Junto con los más oscuros dictadores, el yihadismo se ha convertido en uno de los peores depredadores de la libertad de prensa en el mundo», señala Christophe Deloire, secretario general de RSF: «Como lo demostró el atentado contra Charlie Hebdo, entramos en un periodo de mundialización de la amenaza. Los periodistas no se encontrarán protegidos –y, por ende, tampoco los pueblos– si no existe una movilización general que se oponga a las ideologías de odio, apoyadas en ocasiones por los Estados. La libertad y la independencia de la información son claramente dos de los principales retos en el futuro de la humanidad», añade.
RSF también muestra los «once mandamientos» establecidos por Dáesh en octubre de 2014 en la provincia de Deir al Zor, en Siria, a los que deben someterse los periodistas. El primero consiste jurar lealtad al califa. Otro «mandamiento» les prohíbe trabajar en los medios de comunicación que “luchan contra los países islámicos». Asimismo, no pueden publicar un texto sin haber obtenido previamente el consentimiento del «departamento de prensa» del Estado Islámico. Por último, se sancionará toda falta de conducta, considerando al periodista “el responsable”.
A los periodistas que escriben sobre el Estado Islámico guardando distancia se les considera “soldados enemigos” y, por lo tanto, “blancos a atacar”. Algunos especialistas ven en la política de Dáesh frente a los medios de comunicación la aplicación de los preceptos que aparecen en Gestión de la barbarie, un panfleto de 2007 atribuido a Abou Bakr Naji, considerado el Mein Kampf de los islamistas. En él, se hace referencia a los medios de comunicación constantemente, pero sólo bajo el prisma de la «guerra de la información».
La política de Dáesh contra los medios de comunicación consta de dos ejes. Por una parte, la propaganda, desarrollada a base de videos profesionales –filmados incluso con grúas de travelling– por las “brigadas mediáticas”: expertos en el manejo de la cámara, a los que se les paga hasta siete veces más que a los soldados de base y se les da un vehículo de trabajo. Por otra parte, la represión: detenciones, secuestros, ejecuciones sumarias, asesinatos.
El fotoperiodista iraquí Jala’a Adnan Al-Abadi fue víctima de ella. Sin recursos y con el sentimiento de que su deber era continuar informando sobre la manera en que Dáesh trataba a la población civil (crucifixiones, decapitaciones, tortura), regresó a Raqqa tras haber huido. Lo detuvieron poco después. Al parecer fue ejecutado en cuanto llegó a la prisión. También Naji Jerf, documentalista apoyado por RSF, quien fue asesinado el 27 de diciembre en Gaziantep, al sur de Turquía, cuando se preparaba para partir a Francia con su familia.
Por otra parte, algunos periodistas son acusados por los gobiernos de ser «portavoces del mensaje» de los grupos extremistas, cuando solamente hacen su trabajo. En nombre de la lucha contra el terrorismo, en países como Siria, Somalia, Egipto y Malí, se les acusa de delitos como complicidad, apología e incluso de «espionaje» para los yihadistas.
Es el caso del periodista camerunés Simon Ateba, quien fue acusado de ser un espía de Boko Haram por haber ido a Minawao, en el norte del país, para hacer un reportaje sobre las condiciones de vida de los refugiados nigerianos. También fue el caso de Can Dündar, jefe de redacción del diario turco Cumhuriyet, encarcelado desde noviembre por haber revelado la entrega de armas turcas en el norte de Siria.
