Las elecciones a la Convención Constitucional de Chile confirman el deseo de cambio de la ciudadanía

Gustavo González¹

La machi Francisca Linconao tiene 62 años y fue en 2009 la primera indígena en ganar en Chile un juicio con base en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo contra la tala ilegal de árboles en el linde de su comunidad, entre 2016 y 2018, estuvo injustamente encarcelada en un proceso por el asesinato de un matrimonio de latifundistas, y ahora integrará la Convención Constitucional con un respaldo de más de 80 por ciento en la elección de escaños reservados para los pueblos originarios.

Sebastian-Piñera-Chile
Sebastian Piñera, el gran derrotado en estos comicios para la Convención Constitucional

En los comicios de los días 15 y 16 de mayo 2021 en Chile, en que se votó para elegir los 155 miembros de la Convención Constitucional, los gobernadores de las dieciséis regiones, y los alcaldes y concejales de los 345 municipios de este país de más de 19 millones de habitantes, tal vez nadie simbolice como Francisca Linconao el cambio que se comienza a abrir en Chile.

Significativa, igualmente, la presencia entre los delegados constituyentes electos de seis representantes de las disidencias sexuales pertenecientes a colectivos LGBTIQ, además de un porcentaje muy importante de militantes feministas entre las mujeres, que conquistaron en números más votos que los hombres, pero que paradójicamente debieron ceder cupos en función de la paridad establecida para la Convención.

Datos que demuestran un cambio fundamental en las tendencias políticas y electorales de los chilenos, que tienen como gran acontecimiento de estos últimos comicios la debacle de los dos grandes bloques de partidos que compartieron tradicionalmente el control del gobierno desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en marzo de 1990.

Según los últimos cómputos que el Servicio Electoral entregó el lunes 17, la coalición derechista «Chile Vamos», actualmente en la presidencia con Sebastián Piñera, tendrá 37 escaños entre los 155 constituyentes, es decir 23,9 por ciento, muy lejos de los 53 cupos que necesitaba para controlar el estratégico tercio que le habría dado poder de veto en la discusión del articulado de la futura ley fundamental.

La «Unidad Constituyente», rótulo con que se presentó la antigua Concertación de partidos socialdemócratas y demócrata cristianos, que gobernó en cinco períodos desde 1990, fue la gran derrotada, con 25 constituyentes, que representan 16,1 por ciento del total.

Una vez más fallaron las encuestas, los politólogos, los opinólogos y los expertos electorales, que en función de las desiguales condiciones con que compitieron los movimientos ajenos a los partidos, les daban escasas posibilidades.

Las cifras mostraron lo contrario: 48 independientes (31 por ciento del total) formarán parte de la Convención.

Fallaron también, acompañados por los medios tradicionales, en sus pronósticos de que la alianza denominada «Apruebo Dignidad», conformada por el Partido Comunista (PC) y las agrupaciones que integran el Frente Amplio (FA) elegiría pocos constituyentes, pero en las cuentas finales superó a la antigua Concertación y ganó 28 constituyentes (18,1 por ciento).

Las líneas gruesas de la Convención se completan con los 17 escaños (11 por ciento), reservados para los pueblos originarios, distribuidos de acuerdo a la gravitación de cada etnia, con siete mapuches, dos aymaras, y uno para los rapanuís, quechuas, atacameños, diaguitas, collas, kawéskar, yaganes y changos.

En el variopinto paisaje ideológico chileno es innegable que en la asamblea habrá un predominio de la izquierda, que sumará tanto a los constituyentes de la alianza PC-FA, como a un porcentaje absolutamente mayoritario de los 48 independientes, cuyas listas surgieron de movimientos sociales, asambleas barriales, sindicatos, colectivos feministas y ecologistas.

En este entronque hay una clara definición anti neoliberal, tanto del PC como del FA y de la Lista del Pueblo, la más votada entre los independientes, conformada al calor de los cabildos y asambleas territoriales que acompañaron el ejercicio de la política en las bases desde el 18 de octubre de 2019, fecha de inicio del estallido social que desató todo este proceso de cambios.

Los delegados de los pueblos originarios sin duda compartirán muchas de las propuestas constitucionales de la izquierda, como la consagración de Chile como un Estado plurinacional y de derechos sociales, con resguardo de sus recursos naturales y comprometido con la defensa ambiental.

El Partido Socialista (PS) fue el que mejores resultados obtuvo en la Unidad Constituyente con la elección de diez representantes y también podrá tener puntos de acercamiento con la izquierda, aunque su perfilamiento doctrinario apunta más hacia la socialdemocracia. Tal vez ahora retomen fuerza en su interior las corrientes que reivindican al presidente Salvador Allende en contraposición a sectores neoliberales.

No se trata de sacar cuentas alegres, pero es posible prever que en la redacción de la nueva Constitución los sectores progresistas podrán alcanzar la mayoría de los dos tercios, 106 constituyentes, para desmontar definitivamente los soportes de un Estado subsidiario heredados de la dictadura de Pinochet (1973-90).

La Convención Constitucional tendrá un plazo de nueve meses, ampliables a doce, para redactar la nueva carta fundamental y presentarla a la ciudadanía que deberá aprobarla o rechazarla en un plebiscito que tendrá lugar en 2022, con voto obligatorio, un aspecto inédito en la mecánica electoral chilena, donde la inscripción en el padrón es automática y el ejercicio del sufragio es voluntario.

Hay muchas expectativas en torno al modelo de Estado, régimen político y modelo social y económico que propondrán los constituyentes. Se perfilan desde ya temas complejos como la instauración de un sistema semipresidencial, la nacionalización de recursos naturales como el litio y el cobre y la desprivatización de los derechos de agua, entre otros temas.

La democratización del acceso a la vivienda, la previsión, la salud y la educación concita también esperanzas de cambios que apuntan a una vigencia más plena de los derechos humanos, donde se levantan reivindicaciones que van desde los derechos reproductivos hasta el derecho a la comunicación y a la información.

Los chilenos están hoy en la antesala de transformaciones que parecían inimaginables en un país que hasta septiembre de 2019 se jactaba de ser un oasis en América Latina, en palabras de Piñera. La revuelta social que comenzó el 18 de octubre de ese mismo año fue lo que gatilló el acuerdo del 15 de noviembre donde los partidos políticos terminaron proponiendo el itinerario para el cambio de la constitución.

Sin embargo, las movilizaciones no decayeron porque el propio acuerdo presentaba zonas oscuras, como la trampa de los dos tercios, y en la dinámica de la protesta social la respuesta represiva del gobierno ensanchó el abismo entre el pueblo y las instituciones con un gobierno y un parlamento que marcaban niveles de aprobación bajo el diez por ciento en los sondeos de opinión.

A la postre, lo que aminoró las protestas callejeras y actuó como virtual salvavidas del régimen fue la pandemia de la COVID-19. Aun así, el plebiscito del 25 de octubre de 2020 en que 78 por ciento de los votantes aprobaron el fin de la constitución pinochetista, tuvo la mayor participación electoral en muchos años con 50 por ciento del padrón acudiendo a las urnas.

Esta participación disminuyó en los recientes comicios a alrededor de 40 por ciento, siempre en condiciones de pandemia y en que la celebración simultánea de cuatro elecciones (constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales) actuó como disuasivo para una mayor concurrencia a las urnas, sobre todo en las comunas más pobres.

Los partidos tradicionales contribuyeron también a bajarle el perfil a esta megaelección, más preocupados de situar precandidatos para las presidenciales de noviembre próximo, en un encapsulamiento que los alejó de la ciudadanía y que explica también en parte su debacle.

Pero el elemento central del cambio, que ya se vio en el plebiscito de octubre de 2020, es el rechazo al modelo neoliberal, que tuvo manifestaciones potentes en las otras elecciones además de la de constituyentes.

Rodrigo Mundaca, candidato del FA, elegido gobernador de la estratégica región de Valparaíso con 44 por ciento de los votos, es un ingeniero agrónomo y dirigente del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente, que lucha contra empresas agrícolas e industriales que depredan zonas rurales y contaminan poblados pobres.

En la elección de alcaldes, el municipio de Santiago-Centro, tradicional bastión de los partidos tradicionales, fue conquistado por la comunista Iraci Hassler, una economista de treinta años. En Maipú, una de las comunas más pobladas de la región Metropolitana, un sociólogo de treinta años, Tomás Vodanovic, candidato del FA, desbancó de la alcaldía a la derechista Cathy Barriga.

Los ejemplos de cambios en la política chilena podrían seguir. Hay muchos otros nombres, pero lo fundamental es el desplazamiento desde una elite atrincherada en los partidos tradicionales, a los ciudadanos, lo cual permite rescatar al pueblo, un protagonista olvidado en las trampas del neoliberalismo.

  1. Gustavo González Rodríguez es periodista y magíster en Comunicación Política. Exdirector de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, fue también corresponsal y editor de IPS-Inter Press Service en Quito, Roma, San José de Costa Rica y Santiago de Chile.
  2. Artículo difundido por la IPS

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1 Comentario

  1. Curioso (o intencional), que llamen «deseo de cambio» a la nostalgia de un pasado catastrófico: ineficiencia social y económica más tentaciones golpistas. El futuro quedó en suspenso para mejor oportunidad…

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