Nueve de cada diez familias rurales del Corredor Seco Centroamericano, que abarca desde Nicaragua hasta Guatemala, tienen dificultades para alimentarse por la crisis del coronavirus, ya que el impacto de la pandemia sobre la economía informal con la que sobrevivían ha sido especialmente grave para alrededor de cuatro millones de personas.
«Tenemos más miedo al hambre que a la Covid-19», según declaraciones de los responsables de Acción Contra el Hambre en Perú, Colombia y Centroamérica, recogidas por Servimedia.
Y es que muchos «han perdido su empleo por las restricciones de movimientos o encuentran alimentos cada vez más caros en los mercados por las dinámicas comerciales generadas por la pandemia».
Según la ONG, casi cuatro millones de personas tienen dificultades para alimentarse en el Corredor Seco Centroamericano, mientras que ocho de cada diez familias encuestadas en Colombia no logran cubrir sus necesidades básicas. En Perú, los ingresos familiares se han reducido un promedio del 33 por ciento, especialmente entre las familias venezolanas migrantes.
En el corredor se ha entrevistado a 3700 hogares, de los que el 75 por ciento señaló no tener alimentos suficientes. A los perjuicios socioeconómicos provocados por la pandemia se añaden la pérdida de cosechas provocada por los huracanes ‘Eta’ e ‘Iota’, que golpearon amplias zonas de Nicaragua, Guatemala y Honduras en noviembre.
«La puesta en marcha de programas de apoyo por parte de los Estados a las personas en peor situación socioeconómica, lo que se denomina redes de protección social, son el elemento clave que en circunstancias como esta pueden impedir que millones de personas caigan en la miseria», explicaron desde la oenegé.
En los últimos meses, Acción contra el Hambre y otras entidades con el apoyo de la Unión Europea, por medio de Protección Civil y Ayuda Humanitaria Europea (ECHO) han tendido una red alternativa que ha impedido la «caída» de más de cincuenta mil personas en comunidades rurales del Corredor Seco, proporcionando asistencia alimentaria en los peores momentos.
En Perú, las llamadas ollas comunes, que son cocinas comunitarias autogestionadas generalmente por mujeres, se han convertido en la forma de escapar del hambre generada por la pandemia para miles de peruanos y peruanas.
«Según nuestra encuesta, ocho de cada diez familias han visto reducidos sin ingresos y tres de cada cuatro partes de la población encuestada se encuentra en situación de inseguridad alimentaria, especialmente las familias venezolanas que llegaron masivamente a nuestro país en los últimos años», alertó Acción contra el Hambre.
El director de la ONG en Colombia, John Orlando, afirma que el 98 por ciento de familias colombianas y venezolanas no puede cubrir todas sus necesidades básicas, incluyendo alimentación y vivienda, poniendo énfasis también en la explosiva situación de hacinamiento de las familias migrantes, ya que «más del 58 por ciento declaró vivir en condiciones de hacinamiento».
Acción contra el Hambre necesita 64,2 millones de euros para ayudar a 765.000 personas en 2021, por lo que ha hecho un llamamiento para financiar la respuesta regional diseñada en la región del corredor.
