El Parlamento libanés ha aprobado una ley que actualiza la regulación de los medios tradicionales y digitales y amplía las garantías para periodistas y fuentes. La FIP y su organización afiliada en el país celebran los avances, pero reclaman reformar el artículo que mantiene la responsabilidad penal por difundir deliberadamente «información falsa».
El Parlamento libanés aprobó el once de agosto de 2026 la nueva ley de medios de Líbano, después de un proceso legislativo que se ha prolongado durante casi dieciséis años.
La norma sustituye la anterior ley de prensa y extiende el marco jurídico a los medios digitales. Según el comunicado de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la reforma supone un avance para la libertad de prensa y la protección profesional, aunque conserva disposiciones que pueden facilitar procesos penales contra periodistas.
La federación internacional y la Unión de Periodistas de Líbano, organización afiliada a la FIP, han acogido favorablemente la aprobación. Ambas entidades consideran, sin embargo, que el proceso de reforma debe continuar.
La nueva ley amplía las garantías
Entre las principales novedades, la legislación refuerza la protección de los periodistas y de la confidencialidad de sus fuentes. También elimina la prisión preventiva para profesionales de la información y suprime las penas privativas de libertad asociadas, con carácter general, a delitos relacionados con la publicación.
La ley reconoce además la libertad para constituir medios de comunicación e incorpora expresamente a los medios electrónicos dentro de la regulación. Hasta ahora, el marco legal se centraba fundamentalmente en la prensa tradicional y no respondía a la transformación digital del sector.
Otra de las medidas es la creación de una Autoridad Nacional de Medios, dotada de independencia administrativa y encargada de regular el sector. La norma introduce asimismo nuevas obligaciones de transparencia sobre la propiedad y la financiación de las empresas informativas.
Para la FIP, estas disposiciones representan un paso relevante hacia la modernización de la legislación y el fortalecimiento de los derechos profesionales. La reforma también puede contribuir a identificar los intereses económicos y políticos presentes en la estructura de propiedad de los medios.
El artículo sobre «información falsa» mantiene el riesgo penal
La principal objeción se concentra en el artículo 104(b). Según la documentación remitida por la FIP, este precepto penaliza la fabricación deliberada de información engañosa y la publicación de noticias consideradas falsas y perjudiciales.
La federación sostiene que la formulación es imprecisa y puede permitir interpretaciones arbitrarias. El artículo contempla penas de prisión y multas, por lo que los periodistas podrían afrontar procesos penales por trabajos informativos o por opiniones que las autoridades calificasen como falsas.
La disposición permaneció en la ley pese a las peticiones de modificación formuladas por organizaciones defensoras de la libertad de prensa, incluida la Unión de Periodistas de Líbano.
La falta de una definición precisa de qué debe entenderse por «noticia falsa» plantea, según estas organizaciones, el riesgo de que el precepto se utilice para restringir la libertad de expresión o dificultar el periodismo independiente.
Los sindicatos reclaman completar la reforma
La presidenta de la Unión de Periodistas de Líbano, Elsy Moufarrej, ha calificado la aprobación como un logro «importante y largamente esperado», pero ha advertido de que «el proceso de reforma no ha terminado».
Moufarrej ha anunciado que el sindicato continuará trabajando con las partes implicadas para modificar las disposiciones que considera incompatibles con el espíritu reformista de la norma. A su juicio, la legislación debe proteger la libertad de prensa y no convertirse en un instrumento para limitarla.
El secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, también ha expresado preocupación por la definición ambigua de las noticias falsas. La federación teme que quienes ejercen el poder puedan recurrir a esa disposición para frenar informaciones críticas y silenciar voces independientes.
Por este motivo, la FIP ha pedido a las autoridades libanesas que mantengan el diálogo con la organización sindical y con las entidades defensoras de la libertad de expresión. El objetivo, según la federación, debe ser completar una reforma que proteja de manera efectiva el trabajo periodístico sin reintroducir por otra vía la criminalización de las publicaciones.
