No se investiga; no les interesa a las autoridades; quizás encubren a los asesinos; tal vez, es que ni saben investigar; fue el Estado. Esas son las frases (las más suaves) que se leen/escuchan a menudo cuando se habla de los desaparecidos en tierras mexicanas, que, por otra parte, no siempre son nativos, pues por este territorio transitan miles de migrantes en busca de una vida mejor en el “paraíso” estadounidense.
El caso más sonado de los últimos año es el de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, que, a día de hoy, sigue generando repulsa, protestas y exigencias de que se esclarezca el tema. Los familiares no descansan, y las organizaciones de derechos humanos, tampoco.
En este sentido, el pasado día 29 de agosto de 2016 se aprobó el Mecanismo de Seguimiento Especial para continuar con las labores de investigación y conocer el paradero de los estudiantes. Lo ha liderado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el apoyo de la familia de los muchachos, del Centro Prodh, Fundar y Tlachinollan, así como “representantes del Estado mexicano” (sic).
Dará seguimiento a las medidas cautelares y a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); estará integrada por al menos dos asesores técnicos especiales, que podrán visitar México con la frecuencia y el tiempo que sean necesarios; los asesores tendrán acceso pleno a los expedientes y demás fuentes de información; y el Comisionado de la CIDH a cargo del mecanismo hará al menos tres visitas a México para supervisar los trabajos. La Comisión fue enfática en señalar que las actividades del mecanismo no podrán interpretarse como limitativas de otras competencias que le otorga la Convención Americana de Derechos Humanos.
El Mecanismo de Seguimiento abre la puerta para que, siguiendo en la ruta marcada por las recomendaciones del GIEI, se alcance la justicia y la verdad en el caso Ayotzinapa. Esa es, hoy, la esperanza de las familias.
Imposible recordarlo todo
Entre los mexicanos se dice que “tienen poca memoria”, que olvidan pronto, pero más bien es que hay tantos asuntos para reclamar, que es imposible atenderlos a todos como se merecen. En el caso de las desapariciones, cuando se conoce un caso, otro más grave se suma a la interminable lista.
Es que no son solo los 43 de Ayotzinapa, son los miles de migrantes que desaparecen o son asesinados, como los 72 que se encontraron hace varios años en San Fernando, Tamaulipas. En 2013, Human Rights Watch publicó un informe titulado Los Desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada, en el que indican que de acuerdo con datos aportados por la Procuraduría General de la República—filtrados en noviembre de 2012— “se incluye los nombres de más de 25 000 personas desaparecidas o extraviadas durante el gobierno de Calderón y cuyo paradero aún se desconoce”. Felipe Calderón fue presidente de la República entre 2006 y 2012. El actual, Enrique Peña Nieto, ha sido incapaz de dar ni una sola satisfacción a las demandas de los mexicanos en este sentido.
Como ejemplo, lo que se ha comprobado en sólo tres Estados: Chihuahua, Guerrero y Nuevo León. Según cifras oficiales, en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua (de unos cinco millones de habitantes), 374 personas se encuentran desaparecidas, pero es posible que muchas familias, por miedo, no hayan denunciado sus casos, según asegura Amnistía Internacional. En Guerrero (con tres millones de almas), a finales de 2014 ya había más de 400 personas desaparecidas, 59 de ellas menores.
En el norteño Nuevo León, con una población de poco menos de cinco millones de habitantes, la organización Cadhac, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humano, denuncia que viven una crisis humanitaria porque “miles de personas continúan desaparecidas y sus familias han quedado devastadas emocional y económicamente debido a la violencia generada por el crimen organizado y el propio Estado”. En sus registros todavía cuentan con más de 800 personas por localizar. Desde 2007 hasta el día de hoy, figuran desaparecidas nada menos que 1363 personas.Todas las que han aparecido habían sido asesinadas.
Urge Ley sobre desapariciones
Para el Comité Cerezo, una organización que lidera la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México, “es lamentable constatar que la situación de las desapariciones forzadas en el país no ha cambiado, sino todo lo contrario, existe un incremento considerable de esta aberrante práctica y sin visos de mejora”. Dicen que, muestra de este hecho son las 88 personas defensoras de los derechos humanos que han desaparecido (y no voluntariamente) en lo que va del sexenio del actual gobierno y las de jóvenes, migrantes y mujeres en la mayoría de los estados del país. Afirman que “la desaparición forzada es una política de Estado y se desarrolla de manera generalizada y sistemática en México”. Y lamentan el poco interés gubernamental en poner en marcha algún mecanismo que permita, cuanto menos, mitigar el problema. Se refieren a la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar las Desapariciones forzadas, que lleva nada menos que 16 años pendiente de aprobación, y se va a comenzar a discutir en la Cámara de Diputados y Senadores en el mes de septiembre.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) también urge a aprobar esa Ley. Asegura que “la magnitud y complejidad de esta problemática obliga a que las acciones de búsqueda adopten distintas metodologías y estrategias. Se necesita un enfoque diferencial para migrantes, mujeres, niñas y niños; priorizar la búsqueda con vida y atender tanto los casos más recientes como aquellos que ocurrieron desde los años sesenta”. Creen que “se requiere la implementación de mecanismos de rendición de cuentas para aquellos servidores públicos que por acción u omisión obstaculicen la búsqueda de las personas desaparecidas”.
Por otra parte, otras organizaciones se han dado a la tarea de exigir a las autoridades a “fortalecer sus capacidades de investigación de conformidad con el derecho internacional” a través de un documento titulado Investigar penalmente con debida diligencia ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, homicidios y desapariciones de personas: guía de estándares básicos. Contiene información vital para un país en el que se desconoce el paradero de más de 28 000 personas, según datos oficiales, y en el que las autoridades suelen realizar investigaciones omisas y deficientes. La guía es una publicación de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho 1.
El Movimiento por Nuestros Desparecidos en México acaba de presentar la campaña #SinLasFamiliasNo para exigir una Ley de desaparición que incluya la experiencia de las familias. Este colectivo está integrado por más de 40 grupos de familias de personas desaparecidas acompañadas por diversas organizaciones de la sociedad civil. Entre otras acciones, han emprendió la búsqueda por diversos medios y, después de un arduo proceso, han elaborado colectivamente propuestas para la discusión y aprobación de una Ley General sobre Desaparición Forzada y por Particulares.
Para desaparecidos.org, la práctica de las desapariciones forzadas se ha vuelto común en México. En Chiapas, la represión militar y paramilitar contra la población civil se manifiesta en asesinatos, masacres y desapariciones forzadas. Las víctimas en Guerrero y Oaxaca son, por lo general, activistas sociales y comunitarios preocupados por la situación de los campesinos, que son víctimas de violaciones a los derechos económicos y sociales, los peores de la República. Pero la práctica de las desapariciones se extiende a otros estados «más estables», aseguran, incluyendo Veracruz, Sinaloa, Puebla, Morelos y la Ciudad de México.
En resumen, el Gobierno y los funcionarios de Peña Nieto investigan poco, mal, y mienten. Y amenazan a los familiares si reclaman demasiado. No es una opinión, es una queja continua entre quienes “se atreven” a exigir que les digan dónde están sus seres queridos. Parece que hay demasiados funcionarios que están presionados por el crimen organizado, o están a sueldo de ellos. Las cifras oficiales del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) indican que hay un total de 27 659 desaparecidos, desde 2007 hasta el 31 de diciembre de 2015.
- Firmado también por: Instituto de Justicia Procesal Penal, Due Process of Law Foundation, Comisión Mexicana Para La Defensa Y Promoción De Los Derechos Humanos y Amnistía Internacional.
