Hace tres años fueron asesinados 72 migrantes en San Fernando, en el Estado de Tamaulipas, y los responsables aún no han sido arrestados. Los autores eran integrantes del crimen organizado, con la aparente connivencia de varios policías locales.
«El gobierno aún no ha anunciado las medidas que tomará para proteger a las personas migrantes en México. En tanto no se anuncien e implementen medidas efectivas para protegerlas, las autoridades mexicanas se vuelven omisas ante la violencia a la que día con día se enfrentan estas personas» ha declarado Daniel Zapico, representante en México de Amnistía Internacional.
Las personas eran, en su mayoría, migrantes procedentes de Centro y Sudamérica. Durante el año siguiente, en ese mismo municipio se descubrieron cerca de 200 cuerpos más en fosas comunes, parte de los cuales podrían pertenecer a gente aún sin identificar de este colectivo .
A pesar de la detención de varios presuntos responsables, la verdad detrás de estos crímenes no ha sido esclarecida ni los responsables han respondido ante la justicia. La identificación plena y fidedigna de todos los restos también sigue pendiente. La falta de transparencia en el manejo de los casos ha sido grave.
A los pocos días de encontrarse los cuerpos, el gobierno federal anunció que se pondría en marcha un plan coordinado para poner fin a los secuestros de personas migrantes. Sin embargo, tres años después tales compromisos parecen haber desaparecido, según Zapico.
Los planes anunciados incluían el compromiso de garantizar la coordinación efectiva de las autoridades federales, estatales y municipales para impedir los secuestros, documentar e investigar estos crímenes cuando tuvieran lugar, castigar a los responsables y garantizar asistencia a las personas migrantes víctimas de abusos
Asimismo, la organización destaca que las medidas a las que las autoridades se comprometieron, ya constituían una obligación del Estado Mexicano y que la actual administración debe honrar.
El riesgo de protegerles
Tratar de ayudar a este colectivo de persona es una tarea francamente peligrosa. Hace poco, los miembros del refugio “La 72” tuvieron que dejar Tabasco.
A pesar de que desde el 19 de abril de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Fray Tomás González, Rubén Figueroa y el personal y las personas alojadas en el albergue, dichas medidas han sido incumplidas, provocando que parte del equipo haya decidido retirarse indefinidamente del lugar, al temer por su vida e integridad física tras nuevas amenazas.
A partir de la fecha en la que fueron otorgadas las medidas de protección, el Estado mexicano contaba con un plazo de 15 días para informar a la CIDH de su cumplimiento. Sin embargo, el plazo venció sin que las autoridades ni siquiera se pusieran en contacto con el personal de “La 72”.
En junio, el personal del albergue recibió nuevas amenazas de muerte, por lo que decidieron abandonar las instalaciones, a fin de evitar males mayores a los usuarios, todos ellos migrantes que ya habían sido objeto de graves actos de violencia.
