Desaparición de normalistas: cuestionada la versión del Gobierno mexicano

Hace casi un año, al presidente Peña Nieto y al exprocurador Murillo Karam seguramente no se les pasó por la cabeza que su versión sobre la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa (Guerrero) iba a ser tan protestada, subestimada y no creíble. Y menos, que alguien se atreviera a hacer una investigación que escapara a su control. Pero ha sucedido, gracias a los padres, que no han dejado de reclamar, y al empeño de mucha gente que está harta de la impunidad que impera en el país.

Oficialmente, los jóvenes fueron detenidos en Iguala y entregados a un grupo criminal que los quemó, machacó los restos y los tiraron a un río. Pero a los pocos días del suceso, apareció muerto uno de ellos con evidencia de haber sido torturado. Entonces comenzó la búsqueda por toda la zona y empezaron a emerger fosas y más fosas de gente desaparecida. Las protestas a nivel nacional e internacional permitieron a la ONU intervenir en el caso. Visitaron la zona donde desaparecieron los chicos y, de paso, animaron a los padres a seguir reclamando. Al Gobierno le dijeron que no cumplen las recomendaciones de la ONU en materia de desaparición forzada, y que carecen de protocolos para localizar a los desaparecidos.

Mes a mes, familiares, amigos y ciudadanos de a pie siguieron reclamando que aparecieran los normalistas, que se supiera qué había pasado realmente, porque la detención de los supuestos responsables, el alcalde de Iguala, su esposa y el jefe de policía no era suficiente. Los ecos de los asesinatos de Tlatlaya, en junio del mismo años, donde 22 personas fueron asesinadas por militares, aún resonaban, y nadie se iba a quedar de brazos cruzados ante las primeras detenciones. Seguían exigiendo que se los devolvieran (“vivos los llevaron, vivos los queremos”), que se esclareciera el caso, que se detuviera a los responsables y, en especial, que el caso no se cerrara en falso.

Y pidieron explicaciones al presidente, quien les recibió porque no le quedaba más remedio, ya que el clamor en las calles era persistente. Pero todavía fueron más lejos y contactaron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes contrataron a un grupo de expertos que llevaron a cabo una investigación “de verdad”. Se llaman Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y está integrado por especialistas de Colombia, Guatemala y España. Ahora, Peña Nieto tiene un gran dolor de cabeza con los desaparecidos.

Informe del GIEI

Hace unos días los integrantes de este equipo presentaron las conclusiones del trabajo llevado a cabo durante seis meses. Han echado por tierra la versión oficial: los estudiantes no fueron incinerados en el lugar que dijeron (Cocula).

Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Francisco Cox explicaron brevemente los hallazgos más significativos respecto los hechos vividos esa noche y la investigación efectuada por parte de la PGJ (Procuraduría General de Justicia) y la PGR (Procuraduría General de la República), los hallazgos hechos por el grupo, las conclusiones de las investigaciones, y las recomendaciones para el seguimiento del caso, así como las políticas más generales frente a la desaparición de personas en México.

Dicen que los normalistas llegaron a las afueras de Iguala con la intención de tomar autobuses para la marcha anual por el 2 de octubre, en la que se conmemora la masacre de Tlatelolco en 1968, pero sin pretender ingresar al centro de la ciudad, como dijeron las fuentes oficiales. Tras tomar un autobús en el camino, se dirigieron de forma rápida a Iguala para dejar el pasaje, momento en el que quedaron encerrados en dicho vehículo y llamaron a sus compañeros, quienes se dirigieron a la central de Iguala para rescatarlos en los otros dos autobuses. En ese momento, los normalistas tomaron tres autobuses más. Por lo anterior, cinco autobuses salieron de la estación por diferentes rutas, con el objetivo de salir de Iguala y dirigirse a Ayotzinapa.

Los normalistas llegaron al zócalo de Iguala cuando el evento del DIF (en el que participaba la esposa del alcalde) hacía tiempo que había finalizado. Por lo tanto, no boicotearon ningún acto y no llevaban armas, como aseguraba el procurador. Por otra parte, las autoridades conocían desde las seis de la tarde que los normalistas se dirigían a las afueras de Iguala y vigilaron “in situ” sus actividades. Es decir, no fueron confundidos con ningún grupo de la delincuencia organizada.

Los ataques contra los normalistas incluyeron nueve escenarios y episodios de violencia diferentes, en los cuales murieron seis personas, entre ellas dos normalistas que fueron ejecutados con disparos a quemarropa, y otro más torturado y después asesinado. Además de los 43 jóvenes desaparecidos, otras cerca de 120 personas sufrieron ataques contra sus vidas por ser objeto de disparos; casi 40 de esas personas resultaron heridas, algunas de ellas de extrema gravedad, además de que un grupo de 14 normalistas fue perseguido. Los ataques se dieron entre las 21,40 horas y las dos de la mañana aproximadamente, de los días 26 y 27 de septiembre de 2014, lo cual muestra una capacidad operativa y coordinación de las acciones de nivel centralizado.

La investigación del GIEI ha mostrado que existía información compartida de lo que estaba sucediendo en el ataque a los normalistas entre diferentes corporaciones del Estado a través del C-4 (Centro de Control de la Secretaría de Seguridad Pública) y de otros mecanismos e instituciones.

El GIEI examinó las cuatro diferentes versiones existentes en el expediente sobre el destino de los normalistas. Dichas versiones son: que fueron llevados a Loma de Coyotes, a una casa de seguridad de las Lomas, al basurero de Cocula y que se trataba de un ataque a un autolavado denominado Los Peques de los Benítez Palacios. Aseguran que dichas versiones tienen fuertes diferencias entre sí, algunas de ellas se contradicen con los hechos demostrados, y cada una de ellas muestra diferencias en cuanto a las declaraciones de los inculpados con numerosas discrepancias, versiones y distintos señalamientos. Dichas contradicciones e inconsistencias suponen numerosas dudas para la investigación.

Debido a que la versión señalada como más verosímil en la investigación de la PGR era la del basurero de Cocula y las contradicciones existentes entre las confesiones, el GIEI encargó un peritaje sobre dinámica del fuego en dicho basurero. El estudio fue llevado a cabo por un experto internacional en fuego e investigaciones de ese tipo, cuyas conclusiones son recogidas en el informe. Dicho estudio contrasta los testimonios de inculpados, el tiempo referido de la quema, el combustible que se señala que se utilizó, la inspección del lugar y el diálogo y examen con los peritajes efectuados por la PGR anteriormente. Sus conclusiones muestran que la quema de 43 cuerpos en dicho lugar, en el tiempo de 15-16 horas señalado en los testimonios de los detenidos no pudo haber sucedido.

Un autobús “ocultado”

Entre las revelaciones del informe se incluye también la existencia de un quinto autobús que no se encontraba en la historia recogida en el expediente de la PGR, a pesar de que dicho autobús fue referido por los 14 normalistas que lo tomaron y que sobrevivieron. Dicha omisión en la historia oficial de los hechos y en el expediente fue señalada a la PGR por parte del GIEI. La existencia de dicho autobús fue probada por el video proporcionado por la empresa tras la petición hecha por el GIEI.

Dicen que, tras investigar el tema, se presentan fuertes inconsistencias entre las declaraciones de testigos y el registro de la bitácora del autobús respecto de los hechos en que estuvo involucrado y el trayecto seguido esa noche, así como las circunstancias en que fue detenido. Así mismo hay una falta de congruencia entre la inspección del autobús hecha por el GIEI y las imágenes del registro de video de la central de autobuses en donde aparece.

Todos esos elementos muestran que dicho autobús puede tener un papel significativo en la explicación a la agresión contra los normalistas. Hay que tener en cuenta que existen procesos abiertos en EEUU sobre tráfico de heroína entre Iguala y Chicago, y que dicho tráfico se hace en parte a través de autobuses, lo que podría haber llevado a la respuesta violenta contra los normalistas que se llevaron ese autobús de forma circunstancial. Para los expertos del GIEI, esas evidencias e indicios deben ser investigados por las autoridades mexicanas.

El informe incluye recomendaciones que subrayan la importancia de continuar unificando la investigación ya iniciada y considerar otras violaciones de derechos humanos y delitos no recogidos; llevar a cabo gestiones y diligencias pendientes y agotar todas las declaraciones testimoniales solicitadas por el GIEI y que aún no se han formalizado. También destacan que se debe investigar como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los normalistas el móvil del traslado de estupefacientes, y replantear algunas de las hipótesis del caso y líneas de investigación en función de los hallazgos proporcionados por la investigación del GIEI.

Por último, señalan la necesidad de investigar posibles responsabilidades “por su posible participación o no acción frente a los hechos” (en referencia a las fuerzas del orden y militares), así como mantener los procesos de búsqueda abiertos con nuevas hipótesis en función de la información aportada en el informe.

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Informe completo