El asesinato el 4 de junio de cuatro balazos de Antonio Esteban Cruz, líder opositor y dirigente del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (Miocup), quien se opuso a la construcción de los proyectos hidroeléctricos en la Sierra Norte del estado de Puebla, se ha levantado una alerta en las comunidades rurales de la zona, que ven afectado gravemente el ecosistema de la región.
Yolisbeth Ruiz García
La Sierra Norte del Estado de Puebla se encuentra enclavada en el Centro Oriente de México. Tradicionalmente, ha sido considerada una de las vertientes hidrológicas más importantes del país, ya que sus ríos fluyen desde los estados de Hidalgo y San Luis Potosí y llegan hasta el Golfo de México, pasando precisamente por Puebla y Veracruz. Esta zona es abundante en lluvias durante todo el año, así que los cauces de sus afluentes cuentan con una corriente constante y esto vuelve idónea a la zona para la construcción de proyectos generadores de energía hidroeléctrica.
Estos megaproyectos son impulsados por empresas privadas como Geomática Corporación (GC), quienes proveerán de energía eléctrica a la Comisión Federal de la Electricidad (CFE) con el objetivo de abastecer de electricidad a las minas del norte del país y a las minas a cielo abierto.
El Proyecto Hidroeléctrico San Antonio (PHSA) está emplazado en los municipios poblanos de Xochitlán de Vicente Suárez, Zapotiltán de Méndez, Atlequizayan; Zacapoaxtla y Nauzontla, pero sus afectaciones se propagan a más lugares. Esta zona es habitada por la comunidad nahua-totonaca con más profundo arraigo histórico, ya que son los herederos de la mítica “Batalla de Puebla” del 5 de mayo de l862. En esta comunidad, con sus herramientas de campo, y bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, lograron expulsar al poderoso ejército francés.
Parte de sus principios culturales son la defensa de la tierra como fuente de vida, así que reclaman a las autoridades federales y estatales que no hubo una consulta previa a la comunidad indígena antes de autorizarse dicho proyecto. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) establece que la concesión de megaproyectos debe ser consultada primero a la comunidad afectada y después se prevé la autorización.
Desde el Congreso Internacional Indígena celebrado en Cuetzalan Puebla, (Miocup) junto con otras organizaciones de activistas opositoras a las obras, desde nahua-totonaca se ha señalado en reiteradas ocasiones que Semarnat no ha hecho ninguna consulta popular, a pesar de lo cual ya se aprobó el proyecto. Señalan, también, que existen otros proyectos ya en etapa de análisis que pretenden aprovechar otros ríos como el Apulco y Ajajalpan.
La delegada de la Semarnat en esta región, Daniela Migoya Mastretta, ha negado en reiteradas ocasiones que haya otros proyectos hidroeléctricos en esta zona, mientras que los pobladores de la Sierra Norte Poblana han señalado ante las autoridades pertinentes que han sido víctimas de hostigamiento y amenazas para que abandonen sus tierras. El asesinato del líder opositor a dichos megaproyectos Antonio Esteban Cruz, bajo circunstancias aún no esclarecidas, parece confirmar un escenario de acoso.
Ocho proyectos hidroeléctricos
A pesar de las declaraciones de Semarnat, la Universidad de la Tierra (Uniterra), declaró que para esta localidad se han preparado ocho megaobras:
- Plan Puebla 1. Presa de con cortina de concreto de 42 metros de altura en los márgenes del río Ajajalpanafectando a las comunidades de San Mateo, Ahuacatlán y Zacatlán
- Central Hidroeléctrica Xochimilpa. Presa que se instalará también en el río Ajajalpan a la altura de las comunidades de Xochicuautla, Ahuacatlán y Zacatlán.
- Central Hidroeléctica Olintla. Enclavada en el rio Ajajalpa a la altura de los pueblos de Olintla y Bienvenido
- Hidroeléctrica Apulco. Afectará a la comunidad de Taihtic en Zacapoaxtla y se instalará sobre el río Apulco
- Proyecto San Antonio. Ubicada en los municipios de Xochitlán, Zapotitlán, Atlequizayán, Zoquiapan y Nauzontla. Este proyecto estará sobre los ríos Zempoala y Ateno
- Central Hidroeléctrica Atexcaco. Sobre los ríos Acateno, Atexcaco, Xiucayucan, Xomiaco, Puxtla y Colaxtitla,. Las comunidades afectadas son Hueyapan, Yahonauac y Tlatlauquitepec.
- Proyecto Coyolapa. Instalada en las comunidades de Zoquitlan y Tlacotepec.
- Proyecto Atzalan. Se establecerá en el municipio de Zoquitlán.
Se ha constatado que existen otras tres megaobras pendientes de ejecutar. Todas ellas afectarán de forma importante a varias zonas indígenas
- Proyecto Hidroeléctrico La Parota: Aprovecharía los afluentes del río Papagayo en el estado de Guerrero, al sur de México. Zona altamente sísmica. Su construcción afectaría a las comunidades cercanas a Acapulco e involucra a la región de la Costa Chica: San Marcos, Juan R. Escudero, Chilpancingo, Mochitlán, Quechultenango y Teconoapa.
- Proyecto hidroeléctrico Las Cruces: Ubicado en el estado de Nayarit, al occidente de México. Pretende aprovechar los afluentes del río San Pedro, esta represa afecta las comunidades indígenas de Ruiz, Rosamorada, el Nayar y Acaponeta.
- La Presa Hidroeléctrica Chicoasén II. Ubicado en el estado de Chipas (sureste de México). Este proyecto, a pesar de ya haber sido aceptado por la población indígena, está plagada de múltiples irregularidades y violaciones a las normas ambientales internacionales, pues deja en estado de indefensión la ecología.
El Consejo Indígena Náyeri, Nuiwari, SuMar, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) han declarado que, como en casos anteriormente mencionados, SEMARNAT no hizo las consultas comunitarias pertinentes y las megaobras ya están aceptadas, sin haber medido ni analizado las afectaciones ambientales ni sociales.
El acoso y hostigamiento a las comunidades indígenas, cobra tintes más serios y preocupantes. Hace escasas fechas, Marco Antonio Suastegu, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), fue detenido y remitido al Centro de de Readaptación Social (Cereso) de Nayarit. Con esta detención del pasado 24 de junio, se suma una más de las denuncias que han hecho múltiples instituciones y grupos de defensa de la tierra, ya que el gobierno federal ha detenido sin aparente justificación a los líderes y voceros de movimientos que están en contra de las presas e hidroeléctricas en distintas regiones del país.
