Corren malos tiempos para el gobierno de Ignacio González a cuenta de su política sanitaria.
Carlos Barra Galán
El desmantelamiento de la sanidad madrileña que los gobiernos de Aguirre y González han llevado a cabo ha generado una repulsa social de enorme calibre y una movilización masiva de profesionales y trabajadores del sector que a tenor de las encuestas ha producido un desgaste político muy importante que hoy haría muy factible su marcha del gobierno; lógicamente deben existir razones de mucho calado para que el ejecutivo madrileño persista en su política sanitaria, a pesar de tener en contra a los profesionales y la ciudadanía, razones no sólo de índole ideológico sino sobre todo económicas y es aquí donde las chapuzas, irregularidades y presuntas prácticas ilícitas van emergiendo cada día con más evidencia.
La licitación para la adjudicación de la privatización de la gestión de seis hospitales ha sido un ejemplo paradigmático de lo dicho anteriormente y un reflejo de la forma de ejercer el poder el gobierno del PP en Madrid; tomando las Instituciones Públicas como elemento de su propiedad publicaron un concurso para la adjudicación de la gestión privada de los seis hospitales repleto de errores e irregularidades con modificación de las condiciones iniciales para garantizarse la concurrencia de determinadas empresas, es decir todo un ejemplo de actuación impropia de una administración pública.
Como era de esperar los recursos a esa chapuza y al intento de adjudicación del concurso no se hicieron esperar en el marco de unas masivas manifestaciones contra el proceso privatizador; uno de estos recursos presentado por AFEM (asociación de médicos especialistas) dió lugar a que el juzgado de lo Contencioso nº 4 determinara en un auto la suspensión cautelar del proceso, cuestión que fue ratificada posteriormente por un auto de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La privatización de los seis hospitales quedaba suspendida cautelarmente, toda la estrategia del gobierno comenzaba a desmoronarse y el negocio que las empresas, en principio adjudicatarias, pensaban conseguir se desvanecía en primera instancia.
Era de esperar que el Gobierno Regional utilizase todas sus influencias para tratar de desbloquear la suspensión cautelar de este proceso que es la estrella y la guinda del pastel de su proyecto privatizador sanitario; conocimos que utilizando como argumento la inadmisión de otro recurso contra el proceso (presentado por CCOO), el Presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior dictó un Acuerdo convocando en Sala a todos los magistrados para resolver sobre la suspensión cautelar que había sido recurrida por el Gobierno de la Comunidad. Dicha decisión del Presidente de la Sala (inusual según juristas consultados) me pareció inoportuna, que no ayudaba a generar confianza en los órganos judiciales y que podía poner en duda la independencia de los jueces y así lo manifesté en un artículo publicado en diferentes medios.
Hemos conocido a través de un medio de comunicación que la reunión de todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso se ha producido, que el Presidente había sido recusado y también que por abrumadora mayoría los magistrados han expresado su oposición a la pretensión del Presidente, indicando que la decisión sobre el recurso presentado por la Comunidad de Madrid solicitando el levantamiento de la suspensión debe ser resuelto por la Sección tercera exclusivamente, garantizando así la no vulneración del artículo 24.2 de la Constitución.
Nuevo revés judicial para las intenciones del Gobierno Regional, justo ahora cuando dos exconsejeros (Lamela y Güemes) han sido imputados a consecuencia de la querella criminal presentada por AFEM por hechos que podrían ser constitutivos de delitos graves tales como: delitos contra la Hacienda Pública, prevaricación , cohecho, fraude y malversación de caudales públicos. Justo también ahora, cuando la expresidenta Aguirre tiene que declarar como testigo en el proceso de la trama mafiosa Gurtel cuyas empresas consiguieron importantes contratos en un número importante de Consejerías de los Gobiernos de Aguirre entre ellas la de Sanidad; justo ahora cuando como consecuencia de la política depredadora del PP en Madrid los hospitales y centros de salud públicos de la región tienen una situación de precariedad alarmante tanto en medios como en recursos humanos y cuando es imposible ocultar el fracaso de todas las mentiras y promesas del Partido Popular en materia sanitaria.
Todo ello no ha merecido ninguna autocrítica desde los máximos responsables políticos; la señora Aguirre (auténtica artífice del desmantelamiento de la sanidad pública madrileña) en una reciente entrevista en televisión no admitió ningún error y además pretendió hacer creer a los ciudadanos que no conocía las irregularidades que se producían.
Así se comportan quienes llevan gobernando más de una década en la Comunidad de Madrid, con una ausencia absoluta de ética política y con un nepotismo insultante en su comportamiento; no se han planteado en ningún momento que lo correcto sería presentar su dimisión y marcharse. No lo harán, les falta grandeza para ello, no obstante se irán inevitablemente. Los madrileños les echaremos en las urnas.
