La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha instado al Gobierno colombiano a «redoblar las acciones» para proteger a los activistas de derechos humanos en su territorio, al conocerse que en los primeros cuatro meses de este 2019 se han denunciado al menos 51 asesinatos de líderes comunitarios, ambientalistas, campesinos e indígenas.
“Pedimos a las autoridades que hagan un esfuerzo significativo para enfrentar el patrón de hostigamiento y ataques dirigidos contra los representantes de la sociedad civil y que tomen todas las medidas necesarias para enfrentar la impunidad endémica en torno a estos casos”, aseguró el portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville, en Ginebra.
“La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia está siguiendo de cerca estas acusaciones. Esta cifra asombrosa continúa con una tendencia negativa que se intensificó durante 2018, cuando nuestro personal documentó los asesinatos de 115 defensores de los derechos humanos”, agregó Colville.
Los asesinatos se producen en un contexto de estigmatización de los defensores de los derechos, especialmente los que viven en zonas rurales. Estas regiones se caracterizan por la falta de servicios sociales básicos adecuados, altos niveles de pobreza, la existencia de cultivos ilegales, la presencia de grupos armados ilegales y bandas criminales.
La Oficina de Michelle Bachelet asegura que existe una necesidad urgente de abordar las disparidades en el disfrute de todos los derechos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, y especialmente en las zonas rurales.
Una ola de ataques
Colville expresó que una gran cantidad de activistas han sido atacados, entre los que se incluyen líderes comunitarios, afrocolombianos, indígenas, ambientalistas, campesinos, periodistas, LGBTI y defensores de los derechos de las mujeres, algunos de ellos involucrados en la política local.
Los líderes sociales son particularmente vulnerables y representan más del 70 por ciento de todos los asesinatos registrados.
“Aparentemente, algunos de ellos fueron atacados porque han apoyado la implementación de ciertos aspectos del acuerdo de paz colombiano, incluyendo la restitución de tierras, los derechos de las víctimas y el programa de sustitución de cultivos ilícitos”, informó el portavoz.
El ataque más reciente ocurrió el 4 de mayo, cuando veinte defensores afrocolombianos, entre ellos la reconocida ambientalista y defensora de los derechos de las mujeres Francia Márquez, fueron atacados con granadas y armas de fuego cerca de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.
Afortunadamente, aseguró Colville, nadie murió, aunque dos agentes de seguridad provistos por la Unidad de Protección Nacional para la protección del grupo resultaron heridos.
Además, solo en enero, se produjeron tres asaltos contra mujeres líderes que defienden los derechos de las víctimas del conflicto. En el caso de Maritza Quiroz Leiva, defensora y reclamante de tierras, el ataque fue fatal.
Temor por elecciones
En marzo, se organizaron marchas y protestas a lo largo del país, conocidas localmente como “Minga Nacional”, en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Putumayo y Huila.
Los indígenas, los afrocolombianos y los campesinos llevaron a cabo manifestaciones masivas para protestar por el incumplimiento de las autoridades colombianas con cuestiones relacionadas al derecho a la tierra, los retrasos en la implementación del acuerdo de paz y la violencia.
“Después de las marchas, se distribuyeron folletos con amenazas de muerte contra destacados líderes indígenas y defensores de los derechos humanos. Nos preocupa que, con el acercamiento de las elecciones locales en octubre, el número de ataques violentos pueda aumentar aún más”, aseguró el portavoz de Michelle Bachelet.
Agregó que su Oficina reconoce las medidas adoptadas hasta ahora por el Estado para mejorar la protección de los defensores de los derechos humanos y toma nota de la creación de jueces especializados, como anunció recientemente el presidente, Iván Duque.
“Sin embargo, pedimos a las autoridades que redoblen sus esfuerzos para expandir y fortalecer las iniciativas para salvaguardar un entorno libre y seguro para el compromiso cívico”, recalcó Collvile.
A pesar de algunas acciones positivas de la Oficina del Fiscal General, la Oficina de Derechos Humanos insta al Estado a que se asegure de que todos los asesinatos, ataques y amenazas se investiguen adecuadamente y que los autores, incluidos quienes los ordenan, sean llevados ante la justicia.
