Periodismo en España: un juez incauta teléfonos para identificar fuentes informativas

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El juez Miguel Florit, quien instruye la macrocausa contra el magnate del ocio balear Bartolomé Cursach, ordenó el 11 de diciembre de 2018 intervenir material almacenado en el ordenador de un periodista de Diario de Mallorca y requisar su teléfono móvil, para averiguar la fuente que facilitó un informe sobre presuntas irregularidades contables del empresario de la noche, publicada por ese rotativo el 6 de julio, informa el periódico.

Ese mismo día, agentes de la Policía Nacional se personaron en la delegación balear de Europa Press para requisar documentación y equipos corporativos y personales en el marco de una investigación dentro del caso Cursach, con el objetivo de determinar el origen de una filtración periodística que avanzó en primicia Europa Press Baleares, informa la agencia de noticias.

La noticia publicada por Diario de Mallorca y Europa Press cuyo origen indaga el juez Florit reproducía un informe policial en el que se aseguraba que el fraude fiscal en las sociedades que controla el magnate supera los 51 millones de euros. A esta cifra había que añadir otros 14,7 millones de euros por impago de cuotas de la Seguridad Social de los empleados que trabajan sin contrato. Un posterior informe de la Agencia Tributaria desmontaba el delito fiscal atribuido por la Policía.

La diligencia del juez Florit ordena “la intervención para su posterior volcado y estudio del teléfono móvil” de los dos periodistas, así como “la intervención o requerimiento para entrega voluntaria de cualquier documento policial o judicial en cualquier formato relacionado con la investigación del caso Cursach y sus derivadas. Se intervendrán también o se requerirá la aportación de memorias externas o pendrives que pudieran contener los documentos interesados”.

El juez concreta que “se pretende y se autoriza el estudio de Whatsapps, correo electrónico y otras redes sociales a fin de detectar posibles envíos de datos , filtrados por parte de los investigados, así como la intervención de cualquier documento o archivo relacionado con la investigación del caso Cursach y sus derivados”.

Por su parte, la Fiscalía del Estado confirmó su apoyo a la diligencia solicitada por la Policía para acceder a “los dispositivos de almacenamiento de información” de los periodistas, informó Efe.

El ministerio público precisó que los periodistas no son objeto de la investigación, y sostuvo que la actuación está amparada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que determina que se podrá ordenar el acceso a documentos que puedan recoger “algún hecho o circunstancia importante de la causa”.

El Sindicat de Periodistes de Baleares (SPIB) y la Associació de Periodistes de Balears (APIB) condenaron esta iniciativa judicial y la califican como “el mayor atentado contra la libertad de prensa de la historia democrática de Baleares”.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) rechazaba “tajantemente” en apoyo de los periodistas de baleares, la incautación de documentación y equipos corporativos y personales por agentes de la Policía Nacional con el objetivo de determinar el origen de una filtración periodística.

Diario Balear

Kiko Mestre
Kiko Mestre

Según la información facilitada por Diario Balear, los agentes de la Policía Nacional se personaron en sus instalaciones pasadas las 16:30 horas del martes 11, pero se marcharon minutos después al constatar la negativa del periódico y del redactor, Kiko Mestre, a hacerles entrega de ningún tipo de material voluntariamente.

Unas horas antes, Mestre acababa de entregar su teléfono móvil. La Policía le citó en los juzgados de Vía Alemania, allí los agentes le condujeran a un despacho del juzgado de Instrucción número 5 y le exigieron que les hiciera entrega del dispositivo, advirtiéndole de que no podía negarse por la existencia de una resolución judicial, apoyada además por la Fiscalía. Además, le privaron del derecho de consultar con un abogado en ese momento.

El Diario Balear ha venido informando sobre el desarrollo de una compleja investigación, que se inició sobre la llamada trama policial y que después derivo en el caso Cursach. El empresario, que estuvo un año privado de libertad, ya ha sido condenado por un delito de tenencia ilícita de armas. En breve tendrá que afrontar otros dos macrojuicios, según ha determinado la Audiencia de Palma, en los que se le acusa de haber sobornado a funcionarios y policías, invitándoles a drogas y prostitutas, a cambio de un trato de favor hacia sus locales de ocio.

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Europa Press

La diligencia del juez Florit se hizo extensiva a una periodista de Europa Press. Los agentes se personaron en la redacción de la agencia al filo de las 15:30 horas, informó la Agencia.

Tres agentes y una secretaria judicial entregaron en la redacción la orden de registro y exigieron a la periodista, Blanca Pou, que entregase cualquier documentación sobre la macrocausa de la Policía Local.

La redactora se acogió al derecho profesional a no revelar las fuentes, pero los agentes le negaron contactar con los servicios jurídicos de la empresa y amparándose en el mandato judicial, los agentes se llevaron su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel con el objetivo de determinar el origen de la filtración.

Europa Press reitera en su información sobre este incidente el “compromiso con la libertad periodística y con la protección de las fuentes” y “lamenta este ataque al derecho a la información, derecho fundamental recogido en la Constitución”.

SPIB y APIB: “Es el mayor atentado contra la libertad de prensa de la historia democrática de Baleares”

El Sindicat de Periodistes de Baleares (SPIB) y la Associació de Periodistes de Balears (APIB) condenaron el registro policial ordenado por el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma contra los periodistas de Europa Press Baleares y Diario de Mallorca, que consideran “el mayor atentado contra la libertad de prensa de la historia democrática de Baleares”.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) rechazó seguidamente la incautación de documentación y equipos corporativos y personales porque “vulnera el derecho de los periodistas al secreto profesional, en el que se basa la protección de sus fuentes, y que incluye los documentos y los equipos con los que trabaja el reportero”.

En este sentido, la FAPE defiende que “en los casos de filtraciones, la jurisprudencia exime de este delito a los periodistas y lo atribuye en su caso a los funcionarios que hayan facilitado la información”.

“El secreto profesional es un derecho de los periodistas y tiene una doble finalidad: de un lado, ampara al periodista de los requerimientos de terceros (la Administración o los tribunales) para que revele sus fuentes; de otro, ampara también a la fuente que le ha suministrado la información”, sostiene la FAPE.

La FAPE ha exigido la devolución del material incautado y “la aclaración de los hechos” porque “la jurisprudencia sostiene que la libertad de información legitima la actuación de los medios y de sus periodistas, al tiempo que hace prevalecer el derecho a las libertades de expresión y de información sobre otros derechos cuando la noticia cuestionada es veraz, se refiere a asuntos de interés general o de relevancia pública y está debidamente contrastada”.

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