La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado al Estado mexicano a investigar el crimen del periodista Luciano Rivera, director de la revista Dictamen y reportero de CNR TV, y esclarecer con la debida diligencia la posible relación del asesinato con la actividad periodística.
Recuerda la CIDH que el periodista Rivera fue asesinado en la madrugada del 1 de agosto en el municipio de Playas de Rosarito, próximo a la ciudad de Tijuana (fronteriza con EE. UU.), en el norte del Estado de Baja California. Cinco individuos habrían entrado en el bar donde se encontraba y uno de ellos disparó al periodista. Según información suministrada por el Estado, ese mismo día la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) giró oficio al agente del ministerio público de Playas de Rosarito con el fin de solicitar copias cotejadas de la carpeta de investigación.
Las autoridades locales informaron de que uno de los presuntos involucrados fue detenido. Según información disponible, el arma utilizada en el crimen está relacionada con al menos otros tres asesinatos. El 1 de agosto la subprocuradora de Baja California, Patricia Ortega, habría declarado a la prensa local que no hay indicios de que el asesinato de Rivera tenga relación con su labor periodística.
Sin embargo, en su trabajo periodístico Rivera había estado publicando denuncias contra la policía local, investigaciones sobre hechos de violencia eventualmente relacionados con el crimen organizado y casos relacionados a la seguridad pública de Playas de Rosarito.
La Relatoría Especial llama al Estado mexicano a investigar de forma completa, efectiva e imparcial este crimen, esclarecer sus móviles, y determinar judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión. Las autoridades no deben descartar al ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato antes de que se complete la investigación.
La Relatoría Especial recuerda al Estado que, sobre la impunidad de los crímenes relacionados a la libertad de expresión, es fundamental agotar la línea de investigación relativa al ejercicio de la profesión en casos de delitos cometidos contra periodistas, así como proveer con recursos adecuados y personal especializado a las instituciones encargadas de la investigación de este tipo de asuntos.
Tanto la Comisión como la CIDH se han referido al efecto amedrentador que los crímenes contra periodistas tienen para otros profesionales de los medios de comunicación, así como para los ciudadanos que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza. Este efecto amedrentador solo podrá evitarse, según afirma la Comisión Interamericana, «mediante la acción decisiva del Estado para castigar a quienes resulten responsables, tal como corresponde a su obligación bajo el derecho internacional y el derecho interno».
El apartado 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: «El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada».
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
