«He llegado hasta aquí a denunciar que en mi comunidad consumimos agua con metales pesados y respiramos aire contaminado por la actividad minera», denunció la lideresa quechua Elsa Merma en un tribunal simbólico en la ciudad de Tarapoto, la capital del departamento de San Martín, en la selva amazónica peruana, informa Mariela Jara (IPS).
El sábado 26 de abril 2024 se celebró sesión del Tribunal Ético en Defensa de los Cuerpos y Territorios de las Mujeres donde se presentaron cuatro casos de vulneración de derechos individuales y colectivos de peruanas de la Amazonia y de Los Andes, entre ellos el de Merma.
El espacio, que evidenció la forma sistemática en que la acción y omisión del Estado impacta en el bienestar de las mujeres, sus familias y pueblos, se desarrolló como parte del denominado ‘Pre Fospa’, la versión nacional y previa del Foro Social Panamazónico donde se reunieron cerca de 250 delegados hombres y mujeres.
La undécima edición internacional del Fospa tendrá lugar en tres localidades de Bolivia del 12 al 15 de junio, donde unos mil representantes de los nueve países que comparten el territorio amazónico de 6,7 millones de kilómetros, articularán esfuerzos para su defensa y protección, integrando en esas luchas los derechos de las mujeres.
Allí se entregará la Carta de Tarapoto, un pronunciamiento de los tres días de trabajo y reflexión colectiva de más de cincuenta organizaciones indígenas e instituciones de la socieedad civil, además de las conclusiones del tribunal.
La sentencia del tribunal peruano se presentó el domingo 27 dejando en claro que las políticas del Estado y las actividades empresariales afectan la vida, salud, soberanía alimentaria y el bienestar de las mujeres, así como el disfrute de sus derechos humanos.
«Los testimonios muestran un tipo de afectación a sus derechos en su vida cotidiana como producto de decisiones estatales unilaterales que no respetan, protegen ni garantizan los derechos de los pueblos indígenas», establecieron las juezas.
El tribunal estuvo presidido por la lideresa indígena amazónica Marisol García e integrado por Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Cristina Gavancho, del Instituto de Defensa Legal, y Laly Pinedo, activista feminista de la Red Nacional de Promoción de la Mujer.
Expulsada de su territorio ancestral
Leona Pizango, del pueblo originario kichwa, del departamento de San Martín, denunció que ella, su esposo y cuatro hijos fueron expulsados de su chacra (finca agrícola) en la comunidad de Callanayaku por guardianes del Parque Nacional Cordillera Azul, un área de 1.353.190,85 hectáreas creada en el 2001 para la protección de su biodiversidad.
La medida gubernamental no consideró que el área se superpone a territorios ancestrales kichwas, uno de los 51 pueblos indígenas amazónicos reconocidos oficialmente, y tampoco su derecho a la titulación de sus comunidades para su seguridad jurídica y gobernanza territorial.
«Yo criaba mis chanchos (cerdos), gallinas, patos y sembraba yuca, plátanos para nuestra alimentación; nos sacaron los guardaparques, cortaron toditas mis plantas, botaron mis cosas y no nos dejaron sacar nada», dijo.
Contó que la reubicaron en un terreno pequeño y despoblado, en el que tuvo que empezar de cero.
«Mi esposo se murió al poco tiempo, de tristeza de lo que nos pasó, yo me quedé viuda, madre sola; con toda la pena que tenía me he puesto una mujer fuerte y derecha para mantener a mis hijos y hacerles estudiar, ha sido todo muy triste», testimonió.
Las juezas señalaron en su sentencia que son veintinueve las comunidades afectadas por el Parque Nacional Cordillera Azul en la zona del Bajo Huallaga, donde otras familias también han sido desalojadas.
«El caso de Leona Pizango demuestra un patrón de conservación (de áreas naturales) a espaldas de los pueblos indígenas», dictaminó el tribunal. Agregó que el referido Parque se creó sin consultar ni pedir consentimiento al pueblo kichwa afectando con ello sus medios de vida y poniendo en riesgo su subsistencia.
Exigieron al Estado peruano respete el derecho a la consulta previa e informada, restituya el territorio despojado a la comunidad nativa Callanayacu e implemente medidas de reparación en salud y educación a la familia de Leona Pizango.
Sin acceso a justicia por no hablar castellano
Loidy Tangoa denunció que las autoridades del Estado no cumplen con las normas que ordenan la presencia de intérpretes oficiales en los servicios de justicia y de salud.
«Vengo a que sepan lo que estamos viviendo las mujeres indígenas de los tres pueblos de la región San Martín (awajún, kichwa y shawi) que por llevar una vestimenta que nos identifica, por no saber el castellano o tener nuestras creencias, nos discriminan», sostuvo.
Aseveró que las autoridades no las consideran como personas con los mismos derechos que las demás, y puso como ejemplo lo que ocurre en las sedes policiales: «Allí somos maltratadas, no nos escuchan y como no hablan nuestro idioma originario no les entendemos lo que nos dicen», explicó.
Añadió que por esa razón necesitan intérpretes «que nos ayuden cuando presentamos una denuncia por violencia de pareja».
Estas barreras impiden a las mujeres el acceso a la justicia. «Esto lo he visto en mis hermanas de los tres pueblos», añadió Tangoa, del pueblo shawi.
La sentencia del tribunal afirmó que la imposición del acceso a servicios públicos en un idioma distinto al propio mantiene la marginación y violencia que viven las mujeres indígenas e instó al Estado a promover que ellas se desarrollen como intérpretes para facilitar el acceso a la justicia y salud de sus pueblos.
Una muerte lenta
Gilda Fasabi y Emilsen Flores, del pueblo kukama kukamiria del departamento oriental de Loreto, denunciaron la contaminación del río Marañón por los derrames de petróleo del estatal Oleoducto Nor Peruano, que afecta su derecho al agua, sustento y salud.
«Nosotras hemos hecho una demanda que considera el río Marañón sujeto de derechos porque en nuestra cosmovisión es un ser vivo y porque sin agua no vivimos», manifestó Flores, quien también recordó que cuando era niña sus abuelos curaban las enfermedades llamando a los espíritus del agua y que ahora los sufren por la contaminación.
La Federación de Mujeres Kukama Huaynakana Kamatahuara Kana presentó hace dos años una demanda judicial contra el Estado y la empresa estatal PetroPerú, que obtuvo una sentencia favorable en primera instancia, la misma que declaró al río Marañón, que luego conforma el Amazonas, como titular de derechos y a los pueblos indígenas como sus representantes.
El 9 de mayo debe emitirse el fallo en la Corte Superior de Loreto.
«Pedimos a las juezas que respalden nuestro pedido, basta de derrames de petróleo porque nos están matando lentamente», reclamó Fasabi, quien describió que beber agua contaminada ha afectado la salud reproductiva de las mujeres, quienes tienen pérdidas de embarazos frecuentes y nacimientos de niños a los que «les falta una piernita, un brazito, una orejita».
El tribunal señaló que el pueblo kukama sufre las consecuencias de la actividad petrolera que solo les ha traído devastación y sufrimiento, e instó al Estado a garantizarle acceso a agua segura, identificar a las personas que tienen metales pesados en sus cuerpos e implementar, tras consulta previa, un programa de salud para su tratamiento y otro de reparaciones integrales.
No es por odio, es por justicia
En su testimonio, Elsa Merma, campesina quechua de la provincia de Espinar en el departamento surandino de Cusco, aclaró que su denuncia ante el tribunal contra la actividad minera en su zona no era por odio sino por justicia.
Son trece comunidades campesinas afectadas en los últimos cuarenta años en el distrito y provincia de Espinar, a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, por la extracción de cobre principalmente. Han pasado diferentes empresas siendo la actual la compañía minera Antapaccay.
«Desde que convivimos con la empresa minera estamos muy afectados en nuestra salud, agricultura, ganadería, todo está contaminado, todo tiene metales pesados y es peor para las mujeres porque estamos en la casa junto con la chacra cuidando a nuestros hijos. Ya no hay buen vivir en nuestras comunidades», expresó.
El tribunal sostuvo que las mujeres de Espinar sufren impactos en su salud sexual y reproductiva y el incremento de la carga de labores en el hogar. Instó al Estado a hacer estudios para identificar a las personas con metales pesados en sus cuerpos y poner en marcha programas de salud y de remedio, en diálogo y consulta con la población.
Sus conclusiones serán entregadas de inmediato a las autoridades de San Martín, Loreto y Cusco, los tres departamentos donde se ubican los pueblos de los casos que se testimoniaron en Tarapoto, mientras que también circularán entre los pueblos indígenas y sus organizaciones.
