Dada la situación de pobreza infantil que se acusa en España, el gobierno ha adaptado una nueva medida urgente de protección social y ha considerado desde el primero de abril que las familias en situación de pobreza severa reciban hasta 588 euros por hijo a cargo.
Esta medida, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) se realizará mediante la transferencia del estado a la Seguridad Social y se enmarca dentro de las medidas que el alto comisionado para la pobreza infantil del gobierno de Sánchez ha adoptado como medida urgente.
Pau Marí-Klose advirte que «no solo se ven afectadas por la pobreza las familias que no perciben ingresos, sino que el trabajo de los dos progenitores de una familia en España no blinda contra la pobreza pues un 7 % de las familias biparentales donde ambos progenitores trabajan está en esta situación. La pobreza infantil se extiende de manera muy transversal. Se dice que el índice es mucho mayor en las familias monoparentales o numerosas y es cierto, pero de la pobreza no se libran tampoco las familias con una configuración más común.»
Los datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) dan cuenta que el 31 % de los menores de 16 años se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social según el indicador del estado de la pobreza (AROPE), lo que supone que dos millones de niños sufran esta situación en España. Con esta medida el Gobierno calcula que con los 588 euros podría sacar de esta situación de pobreza severa a unos 82.000 niños, es decir, al 11,7 %.
Sólo en España, 12,3 millones personas (26,6% de la población) se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.
Ante esta situación, y con el objetivo de ofrecer una radiografía actualizada del impacto de la pobreza y la exclusión social en España y sus comunidades autónomas, se presenta ‘El Estado de la Pobreza. España 2018 VIII Informe anual sobre el riesgo de pobreza y exclusión’ realizado por EAPN España. En este octavo informe, se muestran los cambios registrados en el número de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social mediante el estudio de la evolución del indicador social.
El 3 de marzo de 2010 la Unión Europea presentó la comunicación de la Comisión titulada “Europa 2020, una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, en la que se agrupaban los objetivos necesarios para el crecimiento eco- nómico y social de sus miembros durante la década. Para cumplir con estos objetivos los países miembros asumieron compromisos concretos y generaron programas de reformas para alcanzarlos.
Dentro de esos compromisos, España adoptó como objetivo “reducir entre 1.400.000 y 1.500.000 (en el periodo 2009-2019) el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social de acuerdo con un indicador agregado que incluye a personas que viven por debajo del umbral de pobreza (pobreza relativa); personas que sufren privación material severa; y personas que viven en hogares con una intensidad de empleo baja o nula. La reducción de la pobreza infantil se realizará en proporción similar a la reducción de la pobreza en general”.
En la actualidad, parece que el objetivo fuera volver a la situación anterior a la crisis, pero se trata de bastante más que eso. A pesar de la evidente mejora de la tasa AROPE, que se ha reducido en 2,6 puntos porcentuales en los últimos tres años, aún faltan otros 1,9 puntos para llegar a la situación de partida (2009). Además, consumar el objetivo significaría añadir otros tres puntos a la cifra pendiente, con lo cual la meta comprometida está, aún, a seis puntos porcentuales de distancia, lo que supone, en términos absolutos, reducir en 2,3 millones el número de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social en los próximos dos años. Se puede afirmar, entonces, que España está lejos de recuperar los datos de la década pasada y más lejos aún de cumplir el objetivo de reducción de pobreza y/o exclusión. Por otra parte, la comparación con el resto de países europeos muestra una evolución del AROPE muy por encima de la media de la UE, lo que relativiza la importancia de la crisis económica como único culpable del incumplimiento del objetivo.
