El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea ha presentado este 20 de abril de 2017 un recurso de inconstitucionalidad al RDL 1/2017 sobre cláusulas suelo por entender que vulnera el principio de igualdad ante la ley, la protección debida a los consumidores y la tutela judicial efectiva tal y como las recoge la Constitución Española.
Rafael Mayoral, secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos; Pilar Garrido, senadora por Guipúzcoa y secretaria de Políticas Sociales y Vivienda de Podemos; la abogada del caso Peñalva Verónica Dávalos; y el abogado del caso Aziz Dionisio Moreno han presentado este jueves, 20 de abril, en el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad al Real Decreto Ley 1/2017 sobre cláusulas suelo.
El recurso argumenta que el RDL pone a los deudores hipotecarios en una situación de desigualdad frente al banco, que decide cómo, cuándo y dónde devolver lo cobrado indebidamente por las cláusulas suelo, vulnerando así el principio de igualdad ante la ley establecido en el Art. 14 de la Constitución; no establece con carácter obligatorio un sistema de control y sanción sobre las entidades bancarias, vulnerando la protección debida a los consumidores establecida por el Art. 51 de la Constitución; y vulnera la tutela judicial efectiva y no garantiza un proceso con todas las garantías, vulnerando de esta forma el Art. 24 de la Constitución.
Además, tal y como ha señalado la abogada Verónica Dávalos, vulnera otros preceptos constitucionales como el principio de discriminación: en lo que respecta al concepto de consumidor, “un concepto amplio y que por tanto discrimina sólo a personas físicas, pero no a personas jurídicas, que también pueden ser consumidoras pero no van a poder acogerse al procedimiento extrajudicial que contempla este Real Decreto”; también en materia de costas procesales que “deberían abonar las entidades bancarias pero les son perdonadas”; o en tanto a las “medidas fiscales compensatorias que se ofrecen a la banca si se acoge a dicho procedimiento”.
“Entendemos que ha sido un Decreto Ley que nace con ciertos vicios, que se hace a través de un decretazo, sin la colaboración de la ciudadanía y que por tanto no acoge las reivindicaciones de los afectados ni de las diferentes asociaciones de consumidores; va en contra de los intereses y de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas afectados y, en contrapartida, lo que hace es defender los derechos y los intereses de las entidades financieras”, ha explicado Pilar Garrido.
“Esta norma se salta muchos de los derechos que reconoce la Constitución para amparar a los ciudadanos en casos como estos. Lo que ha hecho el Gobierno es ponerse de la parte de las entidades financieras; inventarse un procedimiento extrajudicial donde no existen garantías, donde las personas afectadas no están amparadas y donde la banca no tiene ninguna obligación ni consecuencia si no cumple con el deber que ha establecido ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de devolver el dinero de estas cláusulas abusivas. El gobierno sabrá qué tejemanejes se trae con la banca para a aprobar este tipo de normativas”, ha concluído la senadora.
“Nos faltan mecanismos para que sentencias como las del TJUE, que benefician a colectivos de personas, se puedan ejecutar directamente en los tribunales; para que se reconozcan los derechos que se han reconocido en Europa. De momento se utilizan mecanismos como este Real Decreto Ley que viene a paliar los efectos de una sentencia por la que se debía devolver el dinero que las entidades bancarias habían cobrado de más a los consumidores. Con este Real Decreto se moderan los efectos de esa sentencia y se hace que la banca, que puso las cláusulas abusivas, todavía salga beneficiada tanto en la forma de devolverlo como en la forma de reclamarlo. Que este Real Decreto se haya hecho así demuestra que carecemos de mecanismos para que las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE se lleven a efecto”, ha añadido Dionisio Moreno, abogado del caso Aziz.
