Ileana Alamilla[1]
La función pública siempre está sujeta al escrutinio. Los funcionarios, de cualquier nivel, son empleados del pueblo y, por tanto, deben cumplir correctamente con sus obligaciones. Tienen privilegios y emolumentos muy generosos, deben atender y responder las demandas ciudadanas, especialmente cuando se cuestionan obras, acciones o decisiones. Eso es propio de la democracia.
El gobierno actual de Guatemala ha enfrentado problemas políticos en su relacionamiento con los partidos de oposición y con sectores sociales, cuyo manejo no ha sido el apropiado, por lo que le han generado conflictos que aún no se superan.
En su gestión también se ha cuestionado la falta de transparencia, se han hecho señalamientos de corrupción que no han sido debidamente desvanecidos y han sucedido hechos lamentables en relación con la prensa que han involucrado a autoridades y a elementos de la Policía Nacional Civil.
Sin embargo, hay que reconocer que a pesar de los tropiezos derivados de algunas decisiones y acciones incorrectas, se reportan avances en algunos campos, pues es innegable que se colocó en el centro de la agenda pública el grave problema del hambre y la desnutrición; que se están haciendo intentos titánicos en el Ministerio de Gobernación para mejorar, depurar y calificar a la Policía Nacional Civil, entre otros proyectos que esa cartera impulsa, que han sido poco difundidos; que la propuesta del presidente en el tema de la despenalización de la drogas fue un elemento que contribuyó al debate internacional; y que el mandatario se atrevió a abordar el problema del desarrollo rural y a defender la propuesta de ley que fue boicoteada en el Congreso por los sectores más conservadores del país. Pero todo eso no ha sido suficiente, falta mucho para que los ofrecimientos de campaña sean percibidos de manera positiva.
La relación prensa-gobierno siempre es conflictiva. Los que ocupan cargos públicos suelen desaprobar la crítica. Algunos funcionarios intentan cooptar a los periodistas, otros los cortejan de formas más sutiles, siempre con el mismo propósito, granjearse su simpatía, pretendiendo neutralizar las publicaciones que pudieran afectarles. Unos más prefieren el enfrentamiento directo y la coacción. Pero el resultado de estas acciones dependerá de la actitud profesional, responsable y ética del periodista.
Por eso es totalmente inadmisible, improcedente e inaudito que el presidente Otto Pérez y la vicepresidenta Roxana Baldetti hayan perdido los estribos ante las reiteradas críticas de Jose Rubén Zamora, aunque estas no se correspondan con la forma respetuosa y ética que requiere el ejercicio profesional. Menos mal que rectificaron. Esto hay que valorarlo, pues, como corresponde, decidieron respetar y acatar el ordenamiento jurídico.
Los periodistas gozamos de un fuero especial otorgado por la Carta Magna y desarrollado en la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento. Tenemos ese privilegio que debemos apreciar, lo que no significa vía libre para abusar de un derecho que tiene sus límites, marcados en la propia ley. No hay censura previa, pero sí responsabilidades ulteriores.
Ahora se crea un mejor escenario para abordar este tema de fondo, que es la relación entre el poder público, los alcances y límites de la Prensa.
Hay que aprovechar esta lección aprendida, instar a la tolerancia, el respeto mutuo, la ética y el comportamiento cordial que nos debemos como ciudadanos. Debemos levantar un debate profundo sobre la libertad de expresión y de Prensa y sus límites legales y éticos.
- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, fallecida en enero de 2018.
